La red de sociedades que está tras la promoción de viviendas de lujo que vende Jacobo Gordon en Majadahonda (Madrid), y que desveló este periódico el pasado lunes, suma más de 100 millones de euros en activos, de los que 63,9 corresponden a terrenos y proyectos inmobiliarios en curso. La sede de todas las empresas es un despacho en el número 128 de la madrileña calle Príncipe de Vergara.

La sociedad matriz, Real Estate Equity Portfolio, la preside Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, y ex socio del yerno del ex presidente del Gobierno. Gordon está imputado en la operación Gürtel como una pieza clave del entramado urbanístico con el que contaba la red corrupta dirigida por Francisco Correa.

Real Estate Equity Portfolio controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas, todas ellas dedicadas al negocio del ladrillo: Proyecto Elfo (100% de las acciones), Proyectos Inmobiliarios Altamira (100%), Avitante Proyectos Empresariales (99%), Proyecto Twain Jones (75%), Proyectos Inmobiliarios Proavitante (50%) y Proyectos Inmobiliarios Residenciales (24%).

Según los últimos balances de cuentas disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2007, las inversiones de estas firmas inmobiliarias van desde el citado edificio de pisos de lujo que se ofertan por un millón de euros en Majadahonda (Residencial Adriático), hasta promociones de viviendas en Ibiza valoradas en 13 millones de euros o terrenos en Colmenar Viejo, en la periferia de Madrid.

La sociedad con activos más importantes es Proyectos Inmobiliarios Residenciales, que sumaba 63 millones de euros, de los que 42 corresponden a terrenos, solares y obras en el Polígono Industrial Norte Los Alamillos de San Sebastián de los Reyes, en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Para esta operación, Jacobo Gordon, al que Correa identifica en al menos dos grabaciones como su hombre en asuntos inmobiliarios, se alió con otras dos promotoras, Procasa y Proinsa.

Esta última, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA, es la promotora del Grupo Teconsa, una de las principales constructoras involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel. Teconsa ha sido la gran beneficiaria de las adjudicaciones de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid), que dirigían los imputados Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, el diputado autonómico del PP que durante su etapa como concejal de El Escorial organizó la boda Agag-Aznar.

El juez Garzón acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al tesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien va a investigar el Tribunal Supremo.

Teconsa ha logrado contratos allí donde ponía los pies la trama Gürtel, desde León a Valencia, pasando por distintos municipios de Madrid.

El vicepresidente de esta constructora, José Luis Martínez Parra, ha sido consejero de Real Estate Equity Portfolio, al igual que José Ramón Blanco Balín, amigo de José María Aznar y vicepresidente de Repsol en la etapa de Alberto Cortina al frente de la petrolera recién privatizada.

Blanco Balín está imputado en el caso Gürtel, al igual que el directivo al que sustituyó en Real Estate, el abogado Luis de Miguel. Ambos son sospechosos de haber organizado la trama de evasión y blanqueo de capitales de la organización que lideraba Correa. En cuanto a Procasa, en su consejo de administración aparece la familia Sarasola. De hecho, sigue figurando el ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi, el empresario que en los años ochenta se vio involucrado en el presunto cobro de comisiones en varios escándalos financieros durante la etapa de la denominada beautiful people, como el de las Torres Kio con los Albertos

Procasa, que se encuentra en situación concursal la antigua suspensión de pagos, también está asociada a Real Estate Equity Port-folio, la matriz de la red vinculada al caso Gürtel creada entre 2003 y 2005, en Proyectos Inmobiliarios Proavitante, que cuenta con 12 millones de euros en terrenos y promociones en Ibiza.

Hay un denominador común en la trama de empresas que hoy desvela Público y es que no cuentan con empleados, según refleja su contabilidad. Se trata de sociedades patrimoniales que mueven decenas de millones sin gastar un solo euro en salarios y, además, la mayoría de ellas declaran cuantiosas pérdidas año tras año. El juez Antonio Pedreira sospecha que los beneficios reales obtenidos por esta red de empresas han ido a parar a mercantiles constituidas en paraísos fiscales, por lo que estaríamos ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos.