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LAB llama a movilizarse contra la "agresión directa" al sindicato

Atribuye la detención de Rafa Díez, Otegi y otros ocho dirigentes en su sede a una estrategia del Gobierno para 'neutralizar' la propuesta anunciada por la izquierda abertzale para este otoño

GUILLERMO MALAINA

El sindicato abertzale LAB ha convocado movilizaciones para este jueves y viernes en protesta por la detención de su ex secretario general, Rafa Díez Usabiaga, el líder de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi y otros ocho dirigentes de la izquierda abertzale ilegalizada. LAB denunció, además, que la operación policial desarrollada el martes en su sede de San Sebastián es 'una agresión directa al sindicato'.

La secretaria general del LAB, Ainhoa Etxaide, hizo esta clara denuncia con la lectura de un comunicado sobre las decisiones adoptadas por el comité nacional del sindicato, reunido por la mañana para valorar la operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El sindicato recibe el apoyo de CCOO en Euskadi y ELA tras los arrestos

En el texto, la central abertzale acusaba al magistrado y al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de pretender 'perpetuar' con estas detenciones la situación de 'represión' en Euskadi, así como 'neutralizar' la posibilidad de que la izquierda abertzale ilegalizada presente este otoño su nueva propuesta política al finalizar su debate interno.

LAB renovó así su apuesta por un 'nuevo ciclo político' sustentado en el acuerdo entre todas las fuerzas políticas y que reconozca el derecho a decidir de la sociedad vasca. 'Euskal Herria debe tener la opción de materializar el cambio político sin límites, sin injerencias, sin violencias', declaró su líder, Ainhoa Etxaide.

El lehendakari Patxi López insiste en la política de 'tolerancia cero'

El hecho de que uno de los detenidos sea el ex secretario general de LAB y que la operación se centrara en su sede donostiarra ha dado lugar a especulaciones sobre una eventual ilegalización del sindicato abertzale, que tiene más de 40.000 afiliados. El Gobierno no irá tan lejos, por ahora, pero tampoco aflojará el cerco sobre la izquierda abertzale.

En la misma línea, se pronunció el lehendakari, Patxi López, en un acto en la sede de la Ertzaintza en Ondarroa, objetivo de un atentado de ETA hace un año. 'Vamos a actuar en el combate contra el terrorismo, aplicando para ello todos los resortes que nos concede el estado de derecho y persistiendo en la política de tolerancia cero, no sólo con quienes practican la violencia, sino también con quienes la justifican y la amparan', declaró.

En el ámbito social, dos sindicatos se posicionaron ayer en defensa de LAB. CCOO de Euskadi dijo confiar en que la investigación policial no afecte a la actividad del sindicato, a la vez que abogó por preservar cauces que 'faciliten la normalización política del país'. Más taxativo fue la central nacionalista ELA. Su Comité Ejecutivo trasladó su solidaridad a LAB, y denunció que quienes ha decidido detener a estos miembros de la izquierda abertzale 'no desean que se recorra el camino necesario para llegar a una solución al conflicto político' en Euskadi.

La operación policial supone así un varapalo al debate abierto en la izquierda abertzale . Este proceso no era ningún secreto desde hace meses, ni tampoco que Otegi y Díez Usabiaga estaban liderando la apuesta para poner en marcha, este otoño, 'una estrategia eficaz' por vías exclusivamente políticas.

El principal argumento ofrecido hasta ahora por la Audiencia Nacional para justificar esta redada que los diez detenidos reorganizaban la Mesa Nacional de Batasuna bajo las directrices de ETA choca, al menos, con el papel atribuido los últimos meses a Otegi y Díez Usabiaga también por dirigentes de partidos no nacionalistas como defensores en ese debate de que la 'lucha armada' ya no le permite a la izquierda abertzale avanzar para la consecución de sus objetivos históricos.

Fuentes del entorno de Otegi consultadas ayer por Público no dudaban en atribuir la operación policial a una 'estrategia diseñada por el Estado' para evitar que la izquierda abertzale retome este otoño el pulso político con una nueva propuesta en las claves marcadas y cimentadas estos meses por el propio Otegi: unidad de la izquierda abertzale, apuesta por las vías políticas, regreso a las instituciones en las elecciones municipales de 2011 y avance hacia un 'escenario democrático' donde todas las fuerzas políticas estén en disposición de satisfacer sus objetivos desde el respeto a la voluntad de la sociedad vasca.

'Es una irresponsabilidad ir contra las personas que están apostando por lograr la paz', indicaron las mismas fuentes, que culpan de todo al nuevo rumbo tomado por el Ministerio de Interior en verano. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba anunció en agosto que Batasuna no podría volver a ser legal, aunque condene la violencia, mientras exista ETA.

Se trata, en cualquier caso, de la enésima detención de dirigentes de la izquierda abertzale en momentos clave, desde 1997. Entonces, ocurrió antes del Pacto de Lizarra. Esta vez, en cambio, la operación tiene otras connotaciones. Por una parte, la detención de estos diez dirigentes se produce durante el debate estratégico de mayor calado cuestionando también el uso de la violencia desde el proceso que llevó a la refundación de la coalición HB en Batasuna como partido, en 2001. Por otro lado, entre los detenidos figura Díez Usabiaga. El ex secretario general de LAB (1996-2008) es un referente político en la izquierda abertzale, pero también un hombre de confianza para los sucesivos gobiernos centrales en los procesos de paz, desde las conversaciones de Árgel, en 1989. Díez Usabiaga, que siempre ha estado en sintonía con Otegi, llegó a decir en 2006, en pleno proceso de diálogo con ETA, que 'no puede desarrollarse ningún proyecto político desde la violencia'. Hasta ahora nunca había sido detenido. Su última declaración se produjo el pasado viernes. En un artículo emitido por Herri Irratia, apostaba por 'situar una estrategia eficaz para avanzar hacia un escenario democrático'.

Batasuna habló ayer desde el País Vasco francés, donde sí es legal. Y lo hizo para que denunciar que 'el Estado español tiene miedo al cambio político'.

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