El caso Gürtel no existiría si, tal como propone el PP y promete llevar a efecto cuando gobierne, los fiscales sólo dispusieran de dos meses improrrogables y no de los 12 actuales para sus investigaciones previas a la instrucción judicial. Y no existiría judicialmente hablando porque transcurrieron ocho meses entre la fecha en que Anticorrupción comenzó a investigar la red y el momento en que tuvo elementos suficientes para acudir al juez, agosto de 2008. En dos meses, y en eso coinciden todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ningún fiscal puede reunir los indicios mínimos que permitan a un magistrado abrir un sumario sobre asuntos complicados.

Todas, salvo la APM, coinciden en que recortar las competencias de los fiscales perjudicará a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Desde las filas del PSOE, su portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, condensa el aviso que, en público o en privado, lanzan jueces y fiscales: 'Van a aplaudir los delincuentes; sobre todo, los más poderosos'.

Las tres asociaciones españolas de fiscales y tres de las cuatro de jueces todas, salvo la ya citada APM avisan de que imponer a los fiscales el estrecho margen de un mes susceptible de prórroga por otros 30 días equivale a abortar cualquier intento de destapar delitos 'complejos'. Una fuente próxima al ministerio público lo ilustra con un ejemplo: 'Abrir la instrucción sobre un importante mafioso requirió que la fiscalía pidiese ayuda a la CIA, al FBI, a Alemania y a Austria. Si los fiscales sólo tienen dos meses para sus diligencias de investigación, ganarán los malos, que ni tienen plazos ni fronteras'.

En las declaraciones recabadas por Público en las distintas asociaciones priman la estupefacción y la sospecha de que el PP no auspicia ese cambio por razones jurídicas sino de estricta conveniencia partidaria.

Jueces para la Democracia ve oportunismo en la propuesta

En la propuesta de reducción de plazos 'subyace una intencionalidad política motivada por la situación que está viviendo el PP', diagnostica Marcelino Sexmero, portavoz de la segunda asociación judicial en afiliados, la Francisco de Vitoria, de talante moderado. Salvador Viada, de la Asociación Independiente de Fiscales, la más joven y minoritaria, da un paso más: 'Lo que pretenden es que no se llegue a investigar'. En su blog, Viada, que durante ocho años trabajó en Anticorrupción antes de pasar al Supremo, escribe que, tras leer la noticia sobre lo que propone el PP, pensó 'en Berlusconi'.

'En un mes opina Pilar Jiménez, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales es imposible realizar una investigación en condiciones'. El portavoz de la segunda asociación del sector, la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled, también apunta la vertiente política: 'Soy muy mal pensado, no sé por qué lo hacen pero lanzo la pregunta: ¿qué pretenden?'.

Feroz detractor de la idea de encomendar la instrucción sumarial a los fiscales, pese a que así se hace ya en casi toda Europa, el PP sostiene que su propuesta busca evitar 'atascos'.

Pero los atascos no están en las fiscalías, sino en los juzgados. Los fiscales trabajan en red, sin fronteras. Los jueces no pueden recabar o cruzar datos de otros magistrados sin antes enfrentarse a la burocracia.

'Si un juez quiere información de lo que está haciendo otro juez, porque puede estar conectado con su investigación, tiene que pedir una rogatoria. A un fiscal le basta con una llamada', cuentan en medios del ministerio público. Y, como añade un fiscal Anticorrupción, 'ningún juez investiga nada de oficio, sin denuncia de la fiscalía ni de nadie'. Investigan, básicamente, los fiscales. Y la investigación nunca dura un mes, 'salvo que se pille in fraganti a uno sustrayendo una cartera', dice Emilio Sánchez Ulled, que a su cargo asociativo une el de fiscal Anticorrupción de Barcelona.

'Lo que pretenden es que no se llegue a investigar', dice el fiscal Salvador Viada

'Las cosas le han ido mal al PP con investigaciones de la fiscalía, como le ocurrió al PSOE con el GAL', responde tajante Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia. 'Es una cuestión de mera oportunidad', agrega.

Desde el Foro Judicial Independiente, su presidente, Conrado Gallardo, se declara desconcertado: 'No entiendo bien a qué viene esa limitación. Es una solución chapucera'.

Otros jueces y fiscales consultados por este diario y que, por desempeñar cargos de relevancia en distintos tribunales, pidieron expresa reserva de identidad, abundaron en la línea de sospecha: 'A lo mejor es que el PP tiene mala conciencia', aventura el presidente de un Tribunal Superior de Justicia apuntando al golpe infligido al PP por el descubrimiento de la trama corrupta que operaba al calor de distintas administraciones conservadoras. 'Es una barbaridad', concluye el fiscal jefe de otra comunidad, convencido de que, en contra de la tendencia internacional, el PP busca relegar a los fiscales en favor de los jueces.

'Reducir el plazo a dos meses improrrogables es tanto como pedir que desaparezcan las diligencias de investigación', opina otro fiscal destinado en una autonomía donde la lista de políticos imputados supera de largo la ratio estatal. Un tercer fiscal, que presta servicio en otra comunidad igualmente abundante en corrupción, cree que la meta del PP es una: 'Que no investiguemos'.

El punto discordante lo pone la conservadora APM, cuyo portavoz, Antonio García, declinó pronunciarse sobre el plazo exacto de dos meses, pero abogó con énfasis por reducir los tiempos tanto de la investigación del fiscal como de la instrucción judicial. 'No podemos desplegar procesos inquisitoriales en los que la búsqueda de elementos incriminatorios alargue el proceso indefinidamente', expresó. En su opinión, la demora de las indagaciones del ministerio público es 'perniciosa' y vulnera el derecho a la defensa y a un proceso sin dilaciones.

Jaume Alonso-Cuevillas, ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona, suscribe que asimismo hay que acortar plazos. 'Pero dos meses quizás es muy reducido'.

En 2007, el Congreso reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula las funciones de la fiscalía, y fijó plazos para la investigación prejudicial: “La duración de esas diligencias [será de] seis meses, salvo prórroga [...] del fiscal general del Estado. Las diligencias de investigación en relación con los delitos a que se hace referencia en el apartado cuatro del artículo 19 [los de corrupción y crimen organizado], tendrán una duración máxima de 12 meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del fiscal general del Estado”, señala el artículo 5. 3.