El presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de prisión, otros tantos de inhabilitación y multa de 2,3 millones de euros, así como a indemnizar a la Hacienda Pública con el dinero que presuntamente le defraudó: 886.473 euros. Para su ex mujer, María Amparo Fernández Blanes, se piden ocho años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública por no declarar 586.369 euros entre los años 1999 y 2003.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor acusa al dirigente del PP valenciano de los delitos de tráfico de influencias, cohecho continuado y cinco delitos contra la Haciencia Pública en el escrito que presentó ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón). Los otros dos imputados en esta causa son el empresario Vicente Vilar y su esposa, Montserrat Vives Plaja, para los que se solicitan sendas penas de cuatro años de cárcel y multa de 600.000 euros, por cohecho.

El dirigente del PP se enfrenta también a 15 años de inhabilitación

Se da la circunstancia de que en el procedimiento por el que Fabra será por fin juzgado, tras una instrucción de seis años por la que han pasado nueve jueces instructores y cuatro fiscales, fue el propio Vilar quien lo acusó de cobrarle a cambio de favores políticos.

La fiscalía sostiene que en 1999, Vilar administrador único de Naranjax y su esposa que tenía la misma condición en Arcavi, la sociedad que sintetizaba los productos fitosanitarios de la primera entidad contactaron con Fabra. Querían que el presidente de la Diputación de Castellón, valiéndose de su cargo y sus contactos, 'intermediara y tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización' de sus productos.

Anticorrupción dice que pidió favores a ministros del Gobierno de Aznar

El dirigente del PP aceptó el encargo y entre 1999 y 2002 se reunió con ministros, secretarios de Estado, diputados y senadores de su partido con un objetivo: informarse del estado administrativo de las solicitadas cursadas por las sociedades de Vilar y Vives Plaja.

Un ejemplo de esas reuniones fue la que mantuvo el 12 de julio de 1999 con los entonces ministros de Agricultura, Jesús Posada, y secretario de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa. También asistieron el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim. Pero la agilización en la concesión de licencias también la trató con quien en aquel momento era subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral; con el director del Gabinete de Presidencia con José María Aznar, Alfredo Timermans, y con la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos.

Solicita para su ex mujer ocho años de cárcel y multa de 1,2 millones

Después de estos contactos, el 18 de octubre de 1999 se aprobó la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario Abamectina (ABAC), que era uno de los principales de las empresas del matrimonio Vilar-Vives. Al ver el resultado, Fabra pidió 25 millones de pesetas a los empresarios, que le pagaron con un anticipo abonado por un cliente de Naranjax.

En diciembre de 1999, el grupo adquirió Artemis 2000, que carecía de actividad y trabajadores, pero era la titular de los productos registrados en el Ministerio de Agricultura que Naranjax distribuía en exclusiva. El capital social se repartió al 50% entre Montserrat Vives y Amparo Fernández, mientras que Vilar era el administrador.

Según el fiscal, 'Fabra continuó en su tarea de intermediación ante autoridades políticas y administrativas en favor no ya sólo de las empresas de Vilar y Vives, sino también de su esposa'.

La multa pedida para Fabra asciende a 2,3 millones de euros

Y el 28 de abril de 2000, el presidente de la diputación constituyó la sociedad Carmacas, a través de cuya facturación ocultó los pagos que le hacía Vilar. Lo lograba, explica Anticorrupción, facturando a Naranjax, Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000. Para ello, utilizó 'unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo' que dichas entidades pagaron, respectivamente, a 12,4 millones de pesetas, 5,8 millones de pesetas y 72.121 euros.

Y además de esos hechos que, para la fiscalía, son constitutivos de los delitos de tráfico de influencias y cohecho continuado, Fabra y su ex esposa obtuvieron importantes ingresos que no declararon a Hacienda. A él se le acusa de cinco delitos de estas características y a su mujer, de cuatro. Entre ambos defraudaron al erario público un total de 1.472.842 euros. Si son condenados, deberán entregar esa cantidad más los intereses desde hace seis años, al ser 2003 el último ejercicio fiscal del que se los acusa.

A los Fabra la acusación del fiscal no los habrá pillado por sorpresa. La semana pasada, la acusación que ejerce la Unión de Consumidores elevó a 20 años y nueve meses la petición de prisión para el presidente de la diputación. Con esas peticiones de pena, el juez sólo puede ya abrir juicio oral.