Los nuevos funcionarios que entren en la Administración del Estado ya no pertenecerán al denominado Régimen de clases pasivas, sino que cotizarán por sus pensiones al Régimen General de la Seguridad Social. En la práctica, esto no implica un cambio en sus prestaciones por jubilación, pero sí supone un giro en la forma en la que el Estado administra las cotizaciones de los empleados públicos a su cargo. Los funcionarios no cotizan ahora en tiempo real, pero una vez que se jubilan, el Estado les paga la pensión, que sale de las cuentas públicas. Según fuentes de la Seguridad Social, este cambio hará más 'eficiente' la gestión del sistema y evitará 'el desplazamiento a futuro' en los pagos.

Según las mismas fuentes, este cambio no implica necesariamente que los funcionarios tengan que pasar a ser parte de la sanidad de la Seguridad Social. Por el momento, los empleados del Estado central pueden elegir si quieren tener la asistencia sanitaria de la Seguridad Social o si quieren tener un seguro de asistencia sanitaria concertado.

En cualquier caso, el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cayó como un jarro de agua fría entre los diputados que componen la comisión del Pacto de Toledo, ya que esta era una de las recomendaciones que sus miembros habían pactado remitir al Gobierno en las próximas semanas. Según la documentación que el diputado del PP Tomás Burgos enseñó a este periódico, los miembros del Pacto de Toledo habían acordado hace apenas dos semanas proponer al Ejecutivo que estudiase la conveniencia de acabar con el Régimen de clases pasivas.

Fuentes de la Seguridad Social indicaron que la necesidad de que esta medida entrara en curso con el año natural, había empujado a anunciar ayer la medida de forma unilateral, sin esperar a los acuerdos del Pacto de Toledo.