A falta de un mes para que el Boletín Oficial del Estado publique el decreto de convocatoria de las elecciones del 20 de noviembre, la Junta Electoral Central (JEC) sigue sin dar detalles sobre la regulación de la cláusula más polémica introducida en la última reforma de la ley reguladora de los comicios: la exigencia para los partidos que no tienen representación parlamentaria de lograr el aval del 0,1% de los electores con derecho a voto de cada circunscripción. En las provincias que no consigan firmas suficientes, no podrán presentarse. Ello supone recoger unas 35.000 firmas para poder concurrir en toda España.

La JEC no tiene previsto reu-nirse hasta el 8 de septiembre, según informaron a Público fuentes del Congreso. Presumiblemente, será en esa cita cuando aborde la aprobación de una instrucción sobre el procedimiento de recogida de firmas y su validación.

La nueva norma les exige el aval del 0,1% de los electores de cada provincia

Distintas formaciones políticas se han dirigido en los últimos meses a la JEC para pedir aclaraciones acerca del contenido real de la reforma de la Ley Electoral. La respuesta de la Junta para todos ellos fue la misma: la JEC se pronunciará en tiempo y forma para concretar los detalles de la nueva regulación a comienzos de septiembre.

De momento, lo único que está claro es la exigencia de recoger el 0,1% de las firmas de los electores de cada circunscripción, así como la condición de que cada elector sólo puede ofrecer su aval a una formación política.

Equo denuncia que la ley contribuirá a 'definir el resultado electoral'

Los partidos extraparlamentarios viven desde entonces en la incertidumbre, porque, a falta de pocas semanas para la convocatoria, todavía se desconoce qué documentación personal de cada uno de los firmantes deberán reunir los avales, cuál será la duración del plazo para la obtención de las firmas (los afectados sospechan que serán los 20 días que van de la convocatoria a la presentación de las candidaturas) y de qué modo se procederá a su comprobación.

La reforma, que afecta a todos aquellos partidos que no obtuvieron escaño en las generales de 2008, representa un gran obstáculo para las formaciones minoritarias, que ya han mostrado su indignación acerca de la medida y lo que, a su juicio, representa una laguna legal, ya que no existe ninguna regulación concreta de los requisitos exigidos, ni ninguna referencia a otros preceptos que estipulan las condiciones de recogida de avales en otras circunstancias. En el ordenamiento jurídico español existen otros ámbitos del régimen político en los que se regulan procedimientos de recogida de avales, como, por ejemplo, en el caso de las iniciativas legislativas populares o como exigencia a las agrupaciones de electores de cara a la presentación de candidaturas en las elecciones municipales.

Los afectados se quejan de que la Junta no haya reaccionado antes

Algunas de las fuerzas políticas afectadas por la reforma de la ley creen que la JEC debería pronunciarse con mayor celeridad dadas las actuales circunstancias, con un adelanto electoral que reduce ostensiblemente los plazos previstos y el margen de maniobra de los partidos, que pueden ver comprometida su estrategia de cara a las elecciones. 'Es chocante que la Junta Electoral se vaya de vacaciones con unas elecciones anticipadas y una legislación que todavía no se ha definido', denuncia Ángel Vázquez, secretario general del Partido Pirata. 'Estamos a ciegas y las fechas se nos vienen encima', se lamenta.

Para Pepa López, responsable de Comunicación de Equo, las consecuencias de la falta de directrices contribuirán a 'definir el resultado electoral'. Además, 'los requisitos que se establezcan van a condicionar mucho la posibilidad de recoger las firmas', opina.

También Raúl Camargo, de Izquierda Anticapitalista, cree que 'todo el proceso previo está siendo impresentable desde una óptica mínimamente formalista'. Camargo denuncia con amargura que esta situación es sólo 'una más de las muchas tropelías que estamos viendo en los últimos meses'.