A menos de 48 horas de la primera gran movilización contra la reforma laboral, el Gobierno azuzó la protesta intentando desprestigiar a sus convocantes, los sindicatos. La portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, utilizó ayer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para pedir 'transparencia' a las centrales sindicales en cuanto a las remuneraciones de sus dirigentes, cuando su formación, el Partido Popular, se niega sistemáticamente a revelar el sueldo de sus líderes, que muchos de ellos suman a las cantidades que perciben por desempeñar un cargo público.

La vicepresidenta no entró a rebatir los argumentos esgrimidos para convocar la protesta, más allá de insistir en el mantra de que la reforma pretende atajar la sangría del paro. Santamaría comenzó mostrando el 'indudable y absoluto respeto' del Gobierno al derecho de manifestación, pero a continuación comenzó a sembrar dudas sobre la del domingo. Primero se dirigió a los ciudadanos que opten por ejercer ese derecho, pidiéndoles que 'también piensen en que deberían representar a todos los que no tienen empleo', dando por hecho que entre los manifestantes no habrá desempleados. Y ya al final de su intervención entró al trapo de una pregunta sobre la transparencia de los sindicatos. Una parte de su financiación es pública, dijo, y los sindicatos deben, por tanto, 'decidir si hacen ese ejercicio de transparencia respecto a los ciudadanos pero también muy especialmente respecto a los afiliados: lo que cobran allí y lo que pueden cobrar por otras vías'.

Esta declaración se produjo el mismo día que dos diarios nacionales informasen de que el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, cobró más de 180.000 euros en 2011 como consejero de Caja Madrid. Martínez explicó que entregaba parte de ese dinero al sindicato.

El PP indicó ayer que no tiene previsto informar sobre sus sueldos

Sáenz de Santamaría enfrentó la opacidad de los sindicatos con la transparencia de la que, aseguró, ha decidido hacer bandera el Gobierno del PP. A principios del pasado año, este periódico se propuso averiguar las remuneraciones de los políticos españoles con una suerte desigual. Las formaciones ofrecieron cifras parciales, a excepción de PP, CiU y PNV, que se negaron a facilitar dato alguno.

El PP ha escondido el sueldo de sus dirigentes a lo largo de toda su historia y sólo ha reaccionado en casos concretos, cuando se ha visto obligado legalmente o porque sus adversarios políticos le han sacado los colores. El caso más paradigmático es el de la número dos del partido, María Dolores de Cospedal. Tuvieron que transcurrir dos años desde que fuera nombrada, en junio de 2008, secretaria general para que los ciudadanos pudieran conocer cuánto percibía por ese cargo. Y sólo fue posible porque, como diputada de las Cortes castellanomanchegas, estaba obligada por una ley autonómica a comunicar sus ingresos.

Así, en octubre de 2010, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó la declaración de rentas, patrimonio y actividades de los parlamentarios autonómicos durante el ejercicio anterior. La secretaria general del PP había percibido en 2009 un total de 167.865 euros por sus responsabilidades en el partido. Era su principal fuente de ingresos, de un total de 247.737 euros anuales, el triple que el presidente del Gobierno y el doble que el de su comunidad autónoma. Tras ser elegida presidenta de Castilla-La Mancha, Cospedal asegura que ya no cobra del partido, tal y como marca la ley.

La ley autonómica obligó a Cospedal a desvelar que recibía 167.000 euros

Algo similar ocurrió en Andalucía con el líder del PP en esa comunidad autónoma, Javier Arenas. A principios de julio de 2010, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, hizo públicos sus ingresos en pleno debate sobre la transparencia. Arenas se resistió durante un tiempo a hacer pública su declaración de la renta y recurrió a un embrollo de información de ingresos y gastos sesgada e incompleta ante un notario. En respuesta a la movilización ciudadana del 15-M, IU y PSOE presentaron las declaraciones de IRPF de todos sus diputados. Tras dos semanas de resistencia, el PP convocó de urgencia una rueda de prensa para igualar el gesto de la izquierda. El candidato del PP a la Presidencia de Andalucía resultó ser el político mejor pagado de esa comunidad en 2009, con ingresos brutos de 142.679 euros anuales. En su caso, el PP también era la principal fuente de ingresos, aportándole 95.674 euros.

Al año siguiente, el sueldo de Arenas se quedó en 55.490, algo que no se ha conocido hasta este mismo febrero. La explicación de la rebaja, según el PP andaluz, radica en que Arenas 'renunció a los gastos de representación que le pagaba Génova a raíz de que se dijera que era un sueldo, cuando no lo era'.

El argumento que ayer esgrimió Soraya Sáenz de Santamaría para pedir transparencia a los sindicatos es que su financiación procede, en parte, de los fondos públicos. También ocurre con los partidos. De hecho, una parte significativa de los ingresos de las formaciones políticas procede del Estado, en concepto de subvenciones anuales y de gastos electorales.

Arenas fue el último líder andaluz en dar los datos de su declaración de IRPF

Tras las declaraciones de Sáenz de Santamaría, Público se dirigió al PP para saber si tenían previsto desvelar los sueldos de sus dirigentes, de acuerdo con los planteamientos realizados por la vicepresidenta del Gobierno. La respuesta fue que 'no hay ninguna previsión en tal sentido'.

Este fin de semana, los conservadores celebran su 17º Congreso Nacional en Sevilla. En alguna de sus ponencias se apuesta por la transparencia y por adoptar medidas de regeneración democrática. Pero ninguna de ellas está relacionada con la invitación que ayer hizo la vicepresidenta del Gobierno a los sindicatos para que sus dirigentes revelen sus ingresos, procedentes del sindicato o, como dijo, de cualquier 'otra vía'.