El Gobierno de Mariano Rajoy concedió en el año 2012, a propuesta del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, un total de 8 indultos a otros tantos condenados por delitos de tráfico y contra la seguridad vial, lo que supone exactamente el doble de los otorgados a lo largo de los cuatro años de la legislatura anterior. El Ejecutivo justifica este incremento en el 'marcado aumento en el número de peticiones de este tipo', según señala en una respuesta parlamentaria al diputado aragonés de Izquierda Plural Chesús Yuste.

El caso más escandaloso fue el indulto, concedido el 7 de diciembre de 2012, a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel por el homicidio de otro automovilista y las lesiones a otro ocupante. El beneficiado tiene como abogado a Esteban Astarloa, hermano del exsubsecretario de Justicia y ex secretario de Estado de Interior Ignacio Astarloa, del despacho Uría y Menéndez. En el mismo bufete trabaja un hijo de Ruiz-Gallardón, aunque en otro departamento. 

Con informe en contra tanto del fiscal como de la Audiencia de Valencia, autora de la sentencia condenatoria ratificada por el Supremo, el Gobierno anuló la pena de cárcel y se la conmutó por una multa de 4.320 euros, a sumar a los más de 155.000 euros que fue condenado a pagar a las víctimas y varios de sus familiares, por su conducción 'con grave desprecio para la vida de los demás'.

En relación a este indulto, rechazado por el tribunal que condenó al solicitante y por la Fiscalía, el Gobierno dice que tuvo en cuenta los informes positivos de la prisión donde cumplía condena, que eran 'especialmente positivos y favorables' y que apoyaban la medida de gracia.

Así, el Ejecutivo ha valorado aspectos genéricos de ese dictamen como 'su ingreso voluntario en prisión', 'su buena conducta', 'el apoyo familiar con que cuenta' y 'la ausencia de adicciones', y otros más específicos como su pronóstico de reincidencia muy bajo, la 'antigüedad' de los hechos delictivos y el largo periodo que estuvo en libertad condicional sin cometer más delitos.

Pese a estas consideraciones, la respuesta dice que la política del Gobierno continúa guiada por el criterio general de no indultar penas por delitos de tráfico. El Ejecutivo relaciona la agravación de las penas por estos delitos, aprobada hace algunos años, con el aumento de las peticiones de indulto, y este incremento, a su vez, con el hecho de que se otorguen más medidas de gracia.

En concreto, dice que en 2012 ha concedido 8 indultos, lo que supone el 0,6% de las más de 1.200 peticiones registradas. En ese sentido, recuerda que las solicitudes en 2007 fueron menos de la mitad. Lo cierto es que en 2011, el Gobierno concedió un indulto por estos delitos; en 2010, dos; en 2009, uno; y en 2008, ninguno.

La restricción de los indultos en esta materia se acentuó en ese año 2008. En la legislatura 2004-2007, hubo 18; pero en la anterior --la última de Aznar--, se concedieron 313.

Ana Novella, presidenta de la asociación Stop Accidentes, opina que justificar la concesión de indultos en el aumento de peticiones, como hace el Gobierno, 'no es un argumento válido. Por mucho que se pida, se dice que no y punto, si ese es el criterio', explicó a Público.

Novella, como sucedió cuando se conoció la condena a 2 años y medio de cárcel al torero José Ortega Cano, subraya que 'matar en la carretera en España sale muy barato. La pena oscila de 1 a 4 años de prisión, cuando en un robo con intimidación y violencia sin daños puede caerte la misma pena'.

Esta asociación escribió una carta a primeros de año al ministro Ruiz-Gallardón exigiendo explicaciones por los indultos más escandalosos, como el del conductor 'kamikaze' de Valencia o el concedido a otro conductor responsable de un grave accidente con víctimas en Granada.

Según Novella, el ministro les contestó en el mismo sentido de la respuesta parlamentaria, asegurando que seguían manteniendo la misma sensibilidad en materia de indultos por tráfico y el criterio general de no otorgarlos. Desde entonces --la respuesta a la carta fue hace mes y medio--, la asociación no ha detectado en el BOE la concesión de ningún indulto más por estos delitos.