Público
Público

Suspenso general a la prestación del aborto

La falta de un protocolo definido en España deja el servicio al arbitrio de cada hospital. La Federación de Planificación Familiar reclama que la nueva ley incluya la equidad territorial

PATRICIA RAFAEL

La actual Ley del Aborto, aprobada en 1985, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: peligro para la salud de la mujer (sin límite de tiempo), violación (en las 12 primeras semanas de gestación) y malformación del feto (hasta las 22 semanas). Pero, 23 años después y a pesar de que la prestación forma parte de la cartera de servicios de los diferentes sistemas sanitarios, no existe uniformidad a la hora de ofrecer el servicio. La razón: no hay protocolos marcos que las comunidades autónomas puedan seguir, según denuncia la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).

La presidenta de la esta asociación, Isabel Serrano, explica lo ocurrido en estos años: 'El propio sistema sanitario ha hecho tal dejación de funciones en este asunto que al final depende de lo que decidan los propios hospitales o de la buena voluntad de los jefes de servicio, y su consecuencia inmediata es que los hospitales públicos sólo realicen el 2% de las intervenciones'.

Ni la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que entre sus cometidos está elaborar guías clínicas para que los especialistas puedan guiarse, ha creado protocolos sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dice Serrano.

En las comunidades autónomas consultadas por Público (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Catalunya, Aragón, Murcia y Madrid), aseguran que está garantizada la prestación siempre y cuando se cumplan los plazos y condiciones marcados por la ley.

Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica. Hasta el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid, gestionado por la Asociación de Planificación Familiar de Madrid, han llegado chicas que debían ser asesoradas sobre las opciones existentes para someterse a un aborto.

'Habían acudido a sus médicos o a un hospital y las derivaron directamente a nosotros, cuando no somos más que una asociación', explica Ana García, directora del centro.

Desde la Consejería de Sanidad madrileña, responden que si los motivos de la interrupción se ajustan a la ley, los casos se derivan a Obstetricia, donde un ginecólogo realiza una exploración complementaria y emite un dictamen. Después, el Servicio de Atención al Paciente tramita la cita para realizar la intervención.

Luego, hay casos como los de Extremadura, Murcia o Navarra donde directamente no se realizan abortos en la sanidad pública. Según explican, la práctica totalidad de los médicos son objetores de conciencia. Si los abortos 'se ajustan a la ley', se establecen conciertos con centros privados. Sólo una excepción: en Navarra, las mujeres deben desplazarse a Bilbao, Zaragoza o Madrid, ya que en esta comunidad no hay centros privados que realicen abortos.

Para el ginecólogo Domingo Álvarez, que trabaja en uno de los pocos hospitales públicos donde se realizan interrupciones voluntarias (el Marqués de Valdecilla, en Santander), 'no es de recibo que un centro público realice diagnósticos prenatales y si luego hay malformaciones, no se garantice el tratamiento si la mujer lo desea, ya que es una prestación garantizada por ley'.

Varios de los expertos que en los dos últimos meses han comparecido en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley del aborto han denunciado esta situación. Muchos reclaman que la nueva norma garantice la equidad entre autonomías, un protocolo único y la garantía del servicio. Ramón Jaúregui, secretario general del PSOE en el Congreso, ve 'posible' que la reforma permita el aborto libre hasta las 14 semanas.

'Hay una normativa que requiere una actuación sanitaria y cuando se apruebe la nueva ley, el Consejo Interterritorial debe consensuar los protocolos para que la prestación se lleve a cabo en la sanidad pública', concluye Serrano.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias