El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha rechazado hoy las medidas cautelares que había solicitado el padre de los hijos de Juana Rivas sin que se hubiera escuchado previamente a las partes, y ha acordado derivar lo expuesto por el progenitor para que sea investigado por un juzgado de instrucción de ámbito penal.

En concreto, y tras el reparto realizado por el Juzgado Decano, las actuaciones han recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, en funciones de guardia este viernes, según han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han explicado que ya será dicho juzgado quien tendrá que decidir si abre o no diligencias al respecto.

El Juzgado de Instrucción ha incoado diligencias previas tras recibir las actuaciones en torno al caso y ha citado a las partes el próximo 8 de agosto para que comparezcan en este procedimiento que salta ahora a la vía penal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el padre, condenado por maltrato y con otra denuncia en trámite por la misma causa, solicitaba una serie de medidas cautelares "inaudita parte" (es decir, sin oír a ninguna de las partes) respecto a su expareja y sus hijos.

El Juzgado de Primera Instancia ha acordado denegar dichas medidas, entre las que incluía la detención de la mujer, y "deducir testimonio por los posibles delitos que se hayan podido cometer".

A lo que sí ha accedido, como solicitaba el padre, es a declarar hábil el mes de agosto para esta causa en el citado juzgado. Con respecto a la petición de la representación legal de Juana Rivas, que presentó un escrito de oposición a la ejecución de la sentencia que la obligaba a devolver a sus hijos, en paradero desconocido junto a ella, ha acordado dar traslado del mismo al resto de las partes (Fiscalía y padre) para que contesten en un plazo de cinco días.

El abogado Adolfo Alonso, que representa al padre de los hijos de Juana Rivas, que incumplió la orden de entregar el miércoles pasado a los niños a su padre, residente en Italia y condenado en 2009 por las lesiones que provocó a la mujer, había solicitado medidas urgentes de protección de los menores, tanto en el ámbito civil como en el penal, entre las que incluía la detención.

Lo argumentaba en la situación de riesgo en la que considera que se encuentran los niños y aludía a la posible comisión, por parte de Juana Rivas, de delitos contra la administración de Justicia y de secuestro interparental de menores, además de los de violencia psicológica habitual tanto contra el padre como contra los hijos.