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Un grupo de personas tratan de apagar el incendio de Zamanes, Vigo. EFE/Salvador Sas

Los municipios gallegos más afectados por los incendios han perdido en 30 años la mitad de su población

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El abandono de los montes está ligado directamente a la crisis demográfica. En algunas localidades afectadas por los fuegos la caída de habitantes alcanza el 75% desde 1986.

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La inmensa mayoría de los municipios gallegos más afectados por los últimos incendios padecen una agudísima crisis demográfica que parece confirmar la tesis de que el monte arde más y con mayor intensidad allí donde no hay población que pueda atenderlo, cuidarlo y limpiarlo. La Galicia rural se desangra, al tiempo que su paisaje y su futuro adoptan el color ceniza del monte quemado o el verde monocorde de sus inmensas plantaciones de eucaliptos.

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Según los últimos informes de la Consellería de Medio Rural de la Xunta, los fuegos afectaron a más de medio centenar de municipios. De ellos, más de treinta han perdido más de un tercio de su población en los últimos tres decenios, y apenas diez han registrado crecimientos.

Ese es el caso de As Neves, en el interior de la provincia de Pontevedra, que ha visto cómo las llamas devoraban casi el 90% de su superficie. Tenía más de 6.500 habitantes en el año 1986, pero hoy apenas son 4.000. El año pasado, según los registros del Instituo Galego de Esatatística (IGE), nacieron 23 niños, pero murieron más de 64 personas. Y todo parece indicar que el proceso se agudizará en los próximos años: en As Neves viven hoy poco más de 700 menores de 25 años, pero hay más de 1.400 habitantes por encima de los 65. Es decir, una relación de dos personas en edad de jubilación por cada joven.

Zonas siniestradas de los montes gallegos, en la aldea de Chandebrito en Nigrán (Pontevedra). - SALVADOR SAS (EFE)

La situación se repite en el municipio gallego con más superficie arrasada por este mes por el fuego. Carballeda de Avia, en Ourense, que ha visto cómo ardían más de 3.300 hectáreas (el 75% de su territorio), ha perdido 1.100 habitantes y cuenta hoy con 1.400 vecinos frente a los 2.500 de 1986. En Carballeda, donde la única alternativa a la agricultura era hasta ahora una modesta actividad turística ligada a un patrimonio medioambiental que casi ha desaparecido, sólo nacieron tres niños el año pasado. Y la relación entre mayores de 64 y menores de 25 es casi de cinco a uno: unos 600 habitantes por encima de la edad de jubilación y menos de 170 jóvenes.

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El asunto es mucho más grave aún en otra quincena de municipios rurales afectados por los incendios y que han perdido más de la mitad de su población en apenas treinta años. Y hasta catastrófica en varios de ellos, pues parecen abocados a convertirse en localidades fantasma a corto plazo. Lobios, en Ourense, que alberga parte del Parque Natural de la Baixa Limia-O Xurés, con miles de hectáreas arrasadas por el fuego, pasó de contar con 5.000 habitantes en 1986 a menos de 1.900 en el 2016, es decir una caída superior al 60%. En Chandrexa de Queixa (500 habitantes, también en Ourense), la pérdida fue del 66%. Y en Vilar de Barrio (1.394 almas) y Baños de Molgas (1.600 vecinos) la población ha caído más de un 75% en ese mismo período.

El invierno demográfico que padecen esas localidades está directamente relacionado con la depauperación del sector agrario y la falta de alternativas que condenan a la emigración a sus habitantes. Por eso se han levantado voces contra las normas de la Xunta que las agravan. Como la de Roberto García, secretario xeral del sindicato Unións Agrarias, quien el pasado viernes criticó duramente la prohibición establecida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que impide a los ganaderos pastorear en las zonas quemadas durante dos años.

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“En vez de replantearse su propia política contra el fuego, lo que hace es disimular y condenar a los productores”, dijo García, recordando que los mejores cortafuegos son los incentivos a la actividad de quienes cuidan el monte porque constituye su medio de vida. También la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia y los partidos de la oposición se han manifestado a favor de políticas destinadas a fijar población en el campo para a evitar una sangría que condena a los gallegos a ver abandonada su riqueza forestal.

Un brigadista muy cercano al fuego intenta apagarlo con una manguera en Santiago de Compostela/EFE

Galicia empezó a perder población a mediados de los ochenta. Se recuperó ligeramente en los últimos cinco años de la década pasada, pero en el último septenio el proceso se ha acelerado y hoy hay casi 80.000 personas menos que en el 2011. Es decir, como si cada año desapareciera entero un pueblo de 13.000 habitantes.

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Cuando ganó las elecciones autonómicas del año pasado, Feijóo aseguró que combatir la pérdida y el envejecimiento de la población era una de sus prioridades, y que la crisis demográfica precisaba de “políticos útiles”. En su programa llevaba varias promesas, entre ellas la creación de un Observatorio Gallego de la Dinamización Demográfica, que reuniría a expertos y portavoces de todo el espectro político que tendrían como objetivo hacer propuestas de políticas estructurales y transversales en varias áreas, entre ellas el medio rural.

La Xunta ha tardado un año en ponerlo en marcha. Se constituyó a finales del mes pasado, pero no ha tenido ninguna actividad. Ni siquiera funciona su página web. Y la medida estrella de Feijóo para promover la natalidad fue regalar a las mujeres que alumbran un bebé una caja con productos de higiene, un libro de cuentos y un cedé de canciones infantiles. Mientras tanto, se mantienen los recortes que acabaron con la gratuidad de los libros escolares en los colegios públicos, instituida por la Xunta bipartita de PSOE y BNG y con la que Feijóo acabó nada más llegar al Gobierno en el 2009. Y no se ha avanzado nada en apoyos reales para quienes tienen hijos.

Según el Ejecutivo autonómico, los fuegos de octubre han calcinado más de 35.000 hectáreas, que sumadas a las 12.600 que ya habían ardido este año convierten al 2017 en el peor ejercicio de la lucha contra incendios en lo que va de siglo. Prácticamente no existe un municipio rural de la comunidad que no haya registrado uno en los últimos cinco años. Y el 90% de ellos tienen en común una sangría demográfica y un proceso de envejecimiento de la población que funciona como gasolina.

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