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El 'banco malo' pagó 30 millones a comunidades de vecinos por sus inmuebles

EUROPA PRESS

Las entidades gerentes de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) gastó 30 millones de euros en 2013 en concepto de pago a las comunidades de vecinos que integran los inmuebles de su propiedad, según han informado fuentes de la sociedad.

El también conocido como banco malo sale así al paso de las acusaciones del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), que ha alertado este jueves que las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias y las entidades públicas de gestión de vivienda acumulan el 19% de la morosidad existente (342 millones de euros) en las comunidades de propietarios.

Según la CAFMadrid, 'la Sareb es una de las entidades que menos se preocupan por la conservación del edificio una vez que los adquieren, mientras que el resto de los propietarios tiene que hacerse cargo, mediante derramas, de los pagos que dejan de realizar'. Asimismo, el colegio señala que 'el banco malo no cumple con su obligación de comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad el cambio de titularidad del inmueble e incluso retrasa la inscripción de los activos inmobiliarios de que dispone en el Registro de la Propiedad para así no asumir obligaciones de pago'.

Por su parte, desde la Sareb se admite que puede haber retrasos en los pagos dado la complejidad de los procedimientos, pero se desmiente 'total y absolutamente' que adeude cualquier cantidad a las comunidades de vecinos. Por otro lado, ante las acusaciones de que la Sareb ha vendido inmuebles con cargas que luego tiene que afrontar el comprador, la sociedad asegura que el contrato de traspaso de activos firmado con las entidades financieras obligaba a que los inmuebles estuvieran libres de cargas, con lo que de no ser así, la responsabilidad sería de dichas entidades.

'CAFMadrid reconoce que existen casos en los que el comprador exonera, muchas veces sin saberlo, a la Sareb de su obligación de presentar el certificado que reconoce que está al corriente de los pagos', había asegurado la organización.

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