La información de Hervé Falciani permitió a España recuperar casi 300 millones de euros del dinero que tenían oculto en Suiza cientos de contribuyentes españoles, en la mayor operación contra el fraude registrada en la historia en España.

Así lo ha declarado en la Audiencia Nacional el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, en la vista de extradición a Suiza del exinformático del banco HSBC de Ginebra, acusado por dicho país de robar y comerciar con datos fiscales de 130.000 evasores. La fiscal del caso, Dolores Delgado, se ha opuesto a la entrega al subrayar que la colaboración de Falciani contra el fraude 'excluye' que puedan considerarse delito sus actividades.

En su declaración ante el tribunal, Falciani, que compareció con peluca, barba y unas gruesas gafas de pasta para disimular su aspecto habitual, confirmó que ha colaborado con España, Francia, Italia y Estados Unidos en investigaciones por fraude fiscal, pero insistió en que, en ningún caso, ha recibido una remuneración económica por ello. 

En la vista, la fiscal Delgado ha expresado su oposición a la extradición a Suiza del informático, porque no concurre el principio de doble incriminación. Esto es, que las acusaciones de las autoridades helvéticas a Falciani no son delito en España, donde no existe el tipo penal de violación de secreto bancario que aduce el país helvético.

La representante del Ministerio Público llegó a elogiar a Falciani porque había cumplido con su obligación legal, como empleado bancario, de denunciar prácticas sospechosas de delito. Añadió que, de acuerdo a la prensa, sus informaciones afectan a un volumen de fraude de entre 200.000 y 250.000 millones de euros en toda Europa, aproximadamente 2 puntos del PIB anual europeo.

Tras el jarro de agua fría de su informe para los intereses helvéticos, la fiscal Delgado agradeció la colaboración de Suiza con España en investigaciones de corrupción como el 'caso Gürtel', que espera que se mantenga e incluso se refuerce.

Previamente, a preguntas de la fiscal del caso, Dolores Delgado, y de su propio abogado, Joan Garcés, Falciani puso el acento en negar haber robado los datos, que dijo que fueron puestos a su disposición por otros empleados del banco; y en asegurar que sólo ha facilitado pruebas a autoridades gubernamentales o judiciales de España, Francia, Italia o Estados Unidos, y nunca cobrando. También reveló que el fiscal general suizo, en una entrevista que mantuvieron en Ginebra en 2012, le ofreció 'un acuerdo' para zanjar el problema creado por su 'situación'.

El punto más débil de su testimonio, prestado en francés con la ayuda de una intérprete, es el relativo a una visita a un banco suizo en Beirut en febrero de 2008, durante la cual las autoridades suizas sospechan que intentó vender los datos sustraidos. La versión del exinformático es que sólo quiso poner en alerta a las autoridades de las 'actuaciones escandalosas' de su banco, el HSBC.

En su alegato final, el exinformático se mostró dispuesto a seguir colaborando con los países europeos contra el fraude y las malas prácticas bancarias, y abrió su oferta a países especialmente afectados por la opacidad como Suiza o Luxemburgo. El abogado del exinformático, Joan Garcés, que hace unos años fue el letrado de la acusación contra Pinochet en España, también se opuso a la extradición, y subrayó que los datos de su cliente 'hubieran hecho las delicias de Wikileaks', por lo que el hecho de que sólo los aportara a autoridades oficiales de los países demuestrasu altruismo.

Los tres magistrados que forman la Sala harán pública su decisión en los próximos días. Si acuerdan la denegación de la extradición, el Gobierno estará vinculado por la misma, pero si acuerdan la entrega, el Ejecutivo tendría la última palabra de aprobar o no la extradición.

La vista comenzó pasadas las 10.30 horas en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid). No participó en la misma ningún representante del país reclamente, Suiza, que no se ha personado en las actuaciones, aunque sus argumentos figuran por escrito en la petición de extradición.

Después de Falciani, prestó declaración el fiscal francés Eric de Montgolfier, que destapó la denominada 'lista Falciani' sobre evasores fiscales; y que afirmó que, en papel, los datos que manejaba el exinformático hubieran llenado un tren de mercancias. También lo hicieron el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña y el exdirector general de la Agencia Tributaria Luis Pedroche, testigos todos ellos a propuesta de la defensa Falciani. Ocaña confirmó que gracias a los datos de Falciani enviados por Francia a la Agencia Tributaria española el 24 de mayo de 2010 se descubrieron 659 cuentas sospechosas de contribuyentes españoles, y se ingresaron casi 300 millones por regularizaciones fiscales. La mayor caja hecha nunca antes ni después derivada de fraudes fiscales en España, según este exalto cargo.

Falciani está reclamado por Suiza por los delitos contra el servicio de inteligencia económica, sustracción de información, violación del secreto comercial y violación del secreto bancario, todos ellos recogidos en el Código Penal del país helvético. 

Según un informe de las autoridades suizas de noviembre de 2012, el reclamado sustrajo datos y trató de difundirlos 'en beneficio propio, sin evidenciar o informar sobre eventuales sospechas de la comisión de delitos de corrupción o blanqueo de capitales'. Una vez descubierto por la Fiscalía de Suiza, trató de 'justificar su comportamiento por medio de una denuncia general y abstracta del sistema bancario suizo'.

'En la investigación no se ha encontrado rastro de señalamiento o advertencia alguna sobre procesos dudosos que él habría comprobado en el seno de su empresa, ni a los servicios suizos ni a sus compañeros de trabajo, ni tiene ello reflejo en documentos en papel o electrónicos incautados en su domicilio', señalaba un escrito de las autoridades suizas, recogido en el informe fiscal.

El 17 de diciembre de 2012 Falciani quedó en libertad con la obligación de comparecer cada tres días en la comisaría de policía más próxima a su domicilio mientras se tramita su extradición. También facilitó a la Audiencia Nacional su residencia con la obligación de comunicar cualquier cambio, entregó su pasaporte y facilitó un número telefónico en el que poder ser localizado de forma permanente.

La Fiscalía apoyó su salida de la cárcel, en la que permanecía desde que fue detenido el 1 de julio de 2012 en un control aduanero en Barcelona, por el tiempo que había transcurrido en prisión, la colaboración que había prestado en investigaciones tributarias y la previsión de que el procedimiento de extradición pudiera demorarse en el tiempo.