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Los ingenieros, los mensajeros de Anubis y el rey de bastos en el pentágono catalán

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Opinión

Nunca hasta ahora el soberanismo catalán había llegado tan lejos, convocando un referéndum de autodeterminación y aprobando una ley fundacional para la nueva República, condicionada a los resultados de la consulta. Es el punto de no retorno para los soberanistas que durante siete largos años han intentado pactar algo con el Estado: rectificar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatut de Autonomía, revertir el proceso de recentralización, detener la desnaturalización del método de  inmersión lingüística, obtener un pacto fiscal similar al vasco-navarro, poder celebrar un referéndum consultivo (y no vinculante) para que los catalanes pudieran expresar su opinión sobre su relación futura con el Estado, y un largo etcétera que progresiva y sistemáticamente ha sido desatendido con muestras de menosprecio indisimulado para con la mayoría de la población que ha estado apoyando estas demandas de forma sostenida, masiva y pacíficamente

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Nunca hasta ahora el Estado español modelo democrático 78, ha manejado con tanta torpeza un conflicto político como el que le enfrenta a una minoría social territorializada  formada por un 80% de catalanes a favor del derecho a decidir, enviando la “democracia española” con sus mensajeros de la muerte en una Operación Anubis (dios de la muerte en el Antiguo Egipto) que presume así de sus evidentes intenciones y nombrando como número uno de la represión del 1-O al coronel de la Guardia Civil (un cuerpo militar) Diego Pérez de los Cobos, simpatizante de la extrema derecha y del golpista Tejero en el 23-F según algunos medios, procesado por torturas a un etarra (y, naturalmente, exonerado, como ha sucedido con otros protagonistas de acusaciones de tortura denunciados en España), hermano del ex-presidente del Tribunal Constitucional que dictó por unanimidad la sentencia clave de la ofensiva judicial contra el “proceso” (militante de carnet del Partido Popular y conocido por su animadversión contra los catalanes manifestada en distintos escritos suyos publicados) e hijo de uno de los candidatos que Fuerza Nueva presentó en Murcia para el Congreso de los diputados en 1977. Y por si no quedara claro, la cuenta oficial de Twitter de la Guardia civil cuelga el sábado 23 de septiembre un tuit con un refrán donde un guerrero amenaza con  un “yo soy la tormenta”… Auténticos pirómanos con latas de gasolina.

Nunca hasta ahora el Estado neofranquista del 78 había llegado tan lejos atropellando las libertades y derechos en toda España, deteniendo políticos en Cataluña, encausando y amenazando con encarcelar y arruinar sus vidas y las de sus familias a más de 700 alcaldes y cargos electos, irrumpiendo en medios de comunicación, ayuntamientos, imprentas y domicilios profesionales y particulares, amedrentando periodistas, cerrando páginas web, violando el secreto de las comunicaciones, imposibilitando el envío postal de revistas,  identificando a ciudadanos por repartir propaganda “ilegal”, impidiendo el ejercicio del derecho de reunión, aplicando un estado de excepción encubierto e ilegal, interviniendo de facto e ilegalmente la autonomía catalana… Todo en una desafiante transgresión de sus propias leyes. Los neofranquistas y sus cómplices aprietan las tuercas. A España le falta mucha democracia para resolver democráticamente este tipo de conflictos como lo ha hecho Inglaterra (República de Irlanda, Chipre, Malta, Irlanda del Norte, Escocia) o como Dinamarca (Islandia, Islas Feroe, Groenlandia) o como Suecia (Noruega). Sus modelos de referencia son no democráticos: Rusia, el Imperio Turco, el Imperio Austriaco… La calidad de la democracia se mide en las situaciones de crisis.

Nunca ha sido, desde 1978 y hasta los hechos de septiembre de 2017, tan unánime y tan transversal en Catalunya el rechazo a las prácticas represivas del Estado español y a su incapacidad para gestionar democráticamente un conflicto político de naturaleza territorial. Incluso el clero catalán anda revuelto, con los monasterios, tan emblemáticos, de Montserrat y Poblet, alzando su voz contra los ataques a los derechos y libertades fundamentales y pidiendo respeto a la opinión de la mayoría, y con más de 400 sacerdotes apoyando públicamente el referéndum del 1 de octubre; a lo que el Gobierno español responde quejándose al Vaticano con invocaciones al Derecho Canónico y al Concordato de 1979. Como una muestra más del clamor popular a favor del 1-0 que se añaden a las manifestaciones del mundo del deporte, empresarial, profesional, universitario y de la cultura, entre otras, las federaciones catalanas de CC.OO, UGT, USO y Unió de Pagesos, junto a numerosas entidades sociales acaban de constituir la Taula per la Democràcia. Pero, las élites del Estado siguen sin enterarse, y a lo suyo.

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Pero, sobre todo, nunca hasta ahora en toda la historia de España se había formado un conglomerado político como el que se ha reunido en Zaragoza el domingo 24 de septiembre, una semana antes del 1-O, reclamando el derecho efectivo a la autodeterminación de Cataluña y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, y denunciando los ataques a las libertades y los derechos fundamentales de todos. En esta Asamblea de cargos electos estaban representadas fuerzas políticas con seis millones y medio de votos de todo el Estado, cerca del 30% de los electores de las últimas elecciones generales (diciembre de 2016). Afuera, no había policía suficiente para protegerlos de medio millar de ultras (según El País eran “ciudadanos” y para TVE una “marcha por la unidad de España”) con banderas españolas que cantaban consignas amenazantes (“contra traición, ejecución”) y agredían con un botellazo a la presidenta de las Cortes aragonesas; y es que la policía estaba persiguiendo urnas y papeletas en Catalunya. La “nueva política” ha irrumpido en este conflicto cuestionando los límites y los modos del régimen del 78. Son los ingenieros de nuestro pentágono catalán.

Los ingenieros del pentágono catalán

En artículos anteriores me ocupé del movimiento independentista, de los cazadores de osos y de los hechiceros que definen tres de los lados del pentágono catalán, una metáfora geométrica de la cuestión catalana. Quedaban pendientes dos, el dedicado a los ingenieros y al rey. Renuncio a dedicarle un artículo al rey porque poco hay que decir sobre él; bastará con un párrafo al final de estas líneas.

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Cerrar el asunto de los ingenieros antes de tiempo hubiera dejado demasiadas incógnitas pendientes, o así me lo parecía, habida cuenta la sostenida ambigüedad de quienes parecían los candidatos mejor situados para merecer el título de ingenieros, aquellos que construyen algo. Podrían ser los que construyeran algo así como un puente entre el 80% de los catalanes (encuestas dixit una y otra vez) que quieren decidir su futuro votando y el Gobierno central (y las fuerzas políticas que lo respaldan) empeñado en impedirlo y resuelto a castigar, encarcelar y confiscar los bienes a políticos y ciudadanos; sino algo peor.

Después de los hechos de septiembre en Catalunya y de la declaración de Zaragoza parece llegado el momento de reconocer que hay ingenieros que lo intentan.

A medida que el proceso catalán ha ido acercándose al anunciado referéndum ha ido tomando cuerpo un posicionamiento al respecto diferenciado del resto de fuerzas políticas por parte de los protagonistas de la nueva política, aliada más o menos circunstancialmente con la vieja política hasta ahora arrinconada en el teatrillo del 78. (Qué bien ha explicado Soraya Sáez de Santamaría para qué sirven las Cortes españolas a las minorías y viceversa; sobre todo viceversa).

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Precisamente buena parte de los recientes éxitos electorales de Podemos, buque insignia de la nueva política, los ha cosechado con sus confluencias en las comunidades con los electorados más identificados con la propuesta del Estado plurinacional. Pero su éxito en esas zonas pone en evidencia su debilidad en gran parte de España. Hay que valorar sus esfuerzos para normalizar una interpretación plurinacional del Estado, más aún cuando las encuestas revelan que la mayoría de sus votantes no simpatizan con el derecho a decidir de los catalanes.

Para salir del embrollo que ha ido construyendo el Partido Popular con estudiada paciencia durante, al menos, trece años (cuando en aquellos lejanos días defendía un referéndum en toda España para frenar la reforma del Estatut, procedimiento expresamente inconstitucional, igual que lo hubiera sido si se tratara de obstaculizar el Estatuto de Andalucía), Pablo Iglesias en su artículo del 7 de abril de 2017 en Público perfilaba su propuesta y, entre otras cosas, decía:

“Pero a día de hoy, con lo que ha llovido en Catalunya, pensar el Estado pensando en España supone asumir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en referéndum  y, a partir de ahí, discutir en Catalunya y España un modelo de Estado plurinacional que no solo reconozca a Catalunya como nación, sino que apueste por una configuración estatal que asuma de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria y pueda articularse también mediante dispositivos administrativos nuevos con un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular. Pensando en eso, las fuerzas políticas catalanas hermanas de Podemos han hablado de república catalana en España. A mí me parece que debemos ir más allá. Quizá el espíritu republicano deba dejar de ser una nostalgia asociada a símbolos del siglo XX y transformarse en un impulso constituyente. Ese impulso late en España desde el 15M. Quizá el espíritu republicano no sólo sirva para pensar Catalunya, sino que también nos dé algunas claves para pensar, como estadistas, una nueva España social y plurinacional”.

Aunque no parece que esta declaración de principios sea compartida con igual entusiasmo por otros líderes y socios de Podemos, lo cierto es que supone una lectura desde el centro político  del Estado radicalmente nueva del problema territorial.

Ante la inminencia del 1-0, las posiciones de los representantes de la nueva política presentan diversidad de matices, aunque todos compartan, en teoría, el Estado plurinacional (concepto que no debe confundirse con la nación de naciones que ahora enarbola Pedro Sánchez).

Unidos Podemos no aprueba la convocatoria del 1-0 porque “no es el referéndum que necesita Catalunya”, que debe ser pactado con el Estado para que sea legal. Pablo Iglesias llegó a afirmar que si fuera catalán no iría  a votar el 1-0.

Catalunya en Comú, la confluencia podemita en Catalunya, el partido de Ada Colau y Xavier Domènech, suscribe lo mismo y hablan a menudo de “soberanías compartidas”, pero sus afiliados han votado su participación en la consulta como una movilización popular. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha suscrito el documento que sí han firmado más de 700 alcaldes catalanes convocando el referéndum, los recibe en el Ayuntamiento barcelonés con un discurso que critica la política represiva del gobierno central pero no les acompaña cuando se reúnen con el presidente Puigdemont; no compromete a la institución municipal ni a los funcionarios pero llega a un acuerdo con la Generalitat para que los barceloneses puedan votar. Como alcaldesa se ha dirigido a los alcaldes de las capitales de la Unión Europea denunciando la represión gubernamental y pide la mediación europea para salvar los derechos de los catalanes. Ada Colau presenta un perfil propio y diferenciado y se cuida mucho de no agraviar a su sector independentista, pero también de no correr riesgos (inhabilitación y/o ilegalización de su partido) que obstaculicen su proyecto político.

Podem, la organización catalana de Podemos, formalmente no integrada en el nuevo partido Catalunya en Comú, tiene en su líder, Albano Dante Fachin, partidario del no a la independencia, un defensor activo del 1-0 como acción movilizadora. A diferencia de otros, participa en los actos pro-referéndum junto a otros representantes de asociaciones y partidos independentistas (ERC, Procès Constituent, CUP, ANC, etc.). Díscolo con la dirección del partido en Madrid, tiene el apoyo del grupo de Miguel Urban y Jaime Pastor, mientras coinciden en pedir su cabeza Pablo Iglesias, Monedero, Echenique… Tuvo un duro enfrentamiento (igual que Joan Josep Nuet de EUIA) con Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), el 6 de septiembre en el Parlament a propósito de la tramitación de la ley del Referèndum que tenía que dar cobertura legal al 1-0. Coscubiela, que procede de CC.OO y de Iniciativa per Catalunya-Verds, desencadenó un sentido y apasionado ataque por el incumplimiento de los reglamentos de la Cámara catalana por parte de la mayoría independentista, una mayoría de parlamentarios que trataba de sortear el filibusterismo de una minoría que, probablemente, ya estaba regodeándose pensando en los mensajeros de la muerte. Coscubiela, en el fragor de su particular combate, decidió ignorar el acuerdo alcanzado dentro de su propia formación y no permitió que otro miembro de su grupo parlamentario tomase también la palabra para defender los diferentes puntos de vista existentes en CSQP al respecto. Coscubiela, de estar a bordo  del Titanic, hubiera exigido a los otros la póliza de los cinco doblones antes de abandonar el buque. Y nadie acusará a Coscubiela de sedición por los sucesos del 20 de septiembre porque, mientras detenían a más de una docena de altos cargos y trabajadores de la Generalitat, estaba leyendo un cuento de Piolín a su hijo Daniel.

¿Aguantará el puente de estos ingenieros?

La estrategia de Pablo Iglesias formulada en la asamblea de parlamentarios y alcaldes de Zaragoza implica una petición para que la consulta del 1-0 transcurra sin represión y sin males mayores, un rechazo rotundo a una declaración unilateral de independencia tras el 1-0 y una demanda al PSOE de Sánchez para que no dé soporte al gobierno de Mariano Rajoy en su política represiva, que se mueva para enviar al PP y a Ciudadanos a la oposición y que apoye un referéndum legal en Catalunya pactado con el Estado.

El “compañero” Pedro Sánchez se apresuró a responder. Rechaza los “cantos de sirena” de Iglesias, a quien critica por querer “enredar” con confrontaciones y enfrentamientos, mientras hace un canto a la legalidad. En su partido, Rodríguez de la Borbolla clama por un Frente Único Antijaponés (el pacto que unió a Mao y a Chiang Kai-shek contra los invasores japoneses), Alfonso Guerra pide medidas drásticas si hay DUI, Ibarra pide al PSOE que no tenga el más “mínimo complejo” en formar gobierno con el Partido Popular… Es el PSOE que en 1974 y en 1977 firmaba el reconocimiento al derecho a la autodeterminación de los pueblos de España y en los 80 se ensuciaba con el GAL, la cal viva y las torturas ignoradas. En el PSC sigue el goteo de cuadros territoriales que se desmarcan de Iceta y de su dura oposición al referéndum.

Largo me lo fiais, piensan más de uno, si hay que esperar del PSOE algo como lo que pide la izquierda plurinacional o si hay que esperar a su triunfo electoral con la magnitud necesaria para sacar adelante su proyecto. El puente de estos ingenieros, construido desde una mirada comprensiva y de largo alcance, no soporta el peso y el paso por él de las élites que controlan el Estado y de la mayoría electoral que las respalda.

En estos días, en Catalunya son muchos los que sienten que su tierra está siendo ocupada por fuerzas expedicionarias que vienen de lejos, despedidos desde sus cuarteles como héroes que parten a la guerra por algunos ciudadanos (que no es posible imaginar que representan a la mayoría social) al grito de “a por ellos” y a “darles hostias como panes” (como pedía un político del PP). A por los japoneses, en definitiva. Y algunos catalanes temen ver aparecer el fantasma de Quisling, aquel político noruego que dio un golpe de estado contra el gobierno democrático y legítimo porque iba a garantizar la vida y las propiedades de los noruegos gracias a la ayuda de los amigos alemanes que estaban ocupando el país y que les defenderían de la insidiosa invasión que los británicos preparaban. Seguro que el casting tendría candidatos…

El rey de bastos en el pentágono catalán

Felipe VI ha defraudado a los expertos y analistas que esperaban de él, en su función de arbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (según el artículo 56.1 de la Constitución de 1978), que impulsara una actualización del sistema para encauzar el conflicto territorial de acuerdo con las normas, valores y modos democráticos de la Unión Europea del siglo XXI. El monarca no ha sabido hacerlo. Ha preferido coger el rey de bastos de la baraja.

Acabo el artículo y esta serie el 28 de septiembre de 2017, faltando muy pocos días para el 1-0. Ojalá no hagan más ancha y profunda la herida.

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