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La futura PAC en busca de la legitimidad ciudadana europea

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Opinión

Fernando Fernández Such. Experto en Políticas Agrarias. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Soberanía Alimentaria.

Tras la publicación final de los resultados de la Encuesta PAC por parte de la Comisión Europea me parece interesante rescatar algunas cuestiones relevantes de los resultados. Si la Comisión Europea lanzó esta consulta abierta, cuanto menos difundamos de forma amplia las conclusiones.

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En primer lugar, crece el interés de la ciudadanía europea en la PAC. Así lo muestra la espectación que ha despertado esta consulta abierta, que, pese a lo limitado del instrumento, ha recibido 322.916 respuestas de diverso tipo cuando la anterior celebrada en el año 2011 solo recabó 5.700 respuestas. Entre todas las propuestas recibidas, hay 1.423 documentos de posición enviados por todo tipo de organizaciones y entidades, y 58.520 respuestas al cuestionario en línea, sobre los cuales se han realizado los análisis estadísticos. Pero además, la segunda cuestión es que no solo preocupa al sector agropecuario. De las 58.520 respuestas analizadas, 21.386 (36,5%) son del sector agropecuario, De los cuales 76,11% son agricultores individuales y el resto integrados en formas de sociedad diversas. Las respuestas de otros ciudadanos que se dedican a otras actividades equivalen al (47,7%), y el 15,8% han sido respuestas procedentes de organizaciones; empresas, asociaciones profesionales, ONGDs, autoridades locales y regionales, firmas de abogados, organizaciones de autónomos, investigadores, centros académicos, organismos internacionales, y asociaciones religiosas y comunitarias.

La participación en España ha sido destacada. Desde el conjunto del estado se lanzaron 24.776 propuestas lo que significa el 7,67% del total de las recibidas. Es decir, el cuarto país en importancia después de Alemania con el 45,5%, Francia con el 12,51%, e Italia con el 11,9%. La diferencia además, es que en España, el peso del sector agropecuario en las contestaciones supera 14 puntos la media de Europa, y además, el 50% de las encuestas enviadas por las organizaciones venían de cooperativas agroalimentarias.

Una de las diferencias con respecto a otros procesos anteriores ha sido el lanzamiento de campañas desde diversas alianzas y organizaciones. La Comisión ha identificado 15 campañas públicas con impacto. La más importante ha sido la conocida como “Living Land”, pero entre las otras, destaca la de PODEMOS en España.

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A pesar de toda la crisis de legitimidad, el 97% de las respuestas consideran que la Política Agrícola y de Desarrollo Rural debe seguir siendo una política esencial. Las razones que sustentan esta posición por parte de las personas y organizaciones son; Reto del cambio climático y el medio ambiente. (90%) y la Cohesión económica – social y territorial de toda la UE (86%) son las razones de mayor peso para sustentar esta posición. A estas razones les siguen otras como la consideración de que el nivel europeo es el más adecuado para responder a las incertidumbres del mercado y garantizar el abastecimiento con productos sanos y de calidad (67%)

Lo que no existe unanimidad es respecto a la flexibilidad en la aplicación nacional. Ambas posiciones se sitúan en torno a un 50%, aunque yo en el estado actual de las cosas, me posicionaré a favor de una amplia flexibilidad que permita a los estados adaptar los instrumentos y medidas a su realidad.

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Una de las partes más interesantes es la referida a los desafíos a los que debe enfrentarse la futura PAC. En el 89% de las respuestas, la PAC debe contribuir a un nivel equitativo de vida para los agricultores y vinculado a esta respuesta, está el hecho de que el 97% de las personas son conscientes que los agricultores obtienen un precio muy por debajo de lo justo, porque tan solo reciben una parte muy pequeña de lo que los consumidores pagan por los alimentos. Además, el 88% son conscientes de que los agricultores tienen rentas por debajo de la media. El acceso a la tierra y la baja rentabilidad de las explotaciones son barreras importantes para la sostenibilidad del sector.

Por el contrario, para las organizaciones ecologistas, y las personas que se identifican como defensoras del medio ambiente, la Adaptación a los efectos del cambio climático sería el principal desafío de la PAC. Sin embargo, sea quien sea la persona que responda, se coincide en que es necesario que la PAC se convierta en una política de mitigación de los efectos sobre el cambio climático del sector agrario, y es que el 67% de las encuestas, sea quien sea de donde procedan, consideran que actualmente no se está consiguiendo1.

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En tercer lugar destaca el desafío del desarrollo rural, la creación de empleo y equilibrio territorial. Lo interesante es que se señala como el tercero en un 89% y su priorización es generalizable a prácticamente todos los actores y sectores. Un 12% lo sitúa como el principal desafío por delante de los otros dos.

Otra cuestión interesante se refiere a la diferencia en las percepciones sobre cuál es la contribución de los agricultoras, ganaderos y ganaderas a la sociedad. Mientras el propio sector considera en un 47% que su principal contribución a la sociedad es abastecer de alimentos sanos, seguros y diversos – sorprende el hecho de que no es excesivo el porcentaje y un 17% piensa que su contribución fundamental es proteger el medio ambiente y el 17% mantener el empleo y desarrollo en zonas rurales – El resto de los ciudadanos, consideran que en un 36% deben garantizar los alimentos, y un 27% proteger el medio ambiente y un 20% contribuir al bienestar animal.

En este sentido, las preocupaciones de los y las agricultoras y de los ganaderos y ganaderas son en orden: Simplificar y reducir las trabas administrativas y la burocracia – Medidas de control de mercados. Frenar la volatilidad de los precios – Garantizar estándares de vida adecuada para los agricultores – Garantizar la renta agraria y estructurar una PAC orientada a los pequeños agricultores y los agricultores reales.

Las preocupaciones del resto de la ciudadanía en orden son: Sostenibilidad ambiental de la agricultura – Mejorar el bienestar animal – Protección de los derechos de los consumidores (estándares de salud) – Apoyar la producción local y orgánica – Apoyo a los pequeños productores y los agricultores que practican un modelo sostenible.

Resulta interesante corroborar como claramente se consolidan nuevas demandas sociales respecto a la PAC que vienen a coincidir con los retos y que deberían ser tenidos en cuenta en el futuro diseño. Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor (96%) Agricultura ecológica y productos de calidad. (77%) Bienestar de los animales (45%). Sigue apareciendo con fuerza el apoyar la renta de los agricultores (66%)

Por último y algo sustancial para avanzar en su legitimidad ciudadana, tiene que ver con los criterios de distribución de las ayudas. Solo el 15% de los encuestados considera que el desacoplamiento fue una buena herramienta. Por otra parte, en un 88%, los y las encuestadas; tanto los agricultores, como el resto de la ciudadanía consideran necesario: Limitar las ayudas para los grandes beneficiados – Brindar mayor ayuda a los pequeños productores – Brindar mayor apoyo a los jóvenes agricultores – Compensar las actividades en las zonas con limitaciones naturales o desfavorecidas – Apoyar las prácticas con mayores beneficios para el medio ambiente -Vinculación a objetivos ambientales concretos (agua – protección del suelo y biodiversidad)

La Comisión Europea sabe perfectamente la crisis de legitimidad que vive la PAC. La clave para superarla está en adoptar de forma coherente e integrada muchas de las prioridades y propuestas que se reflejan como resultado de la encuesta pública.

1. La encuesta construyó este indicador sobre cuatro elementos: protección de la biodiversidad – reducción de la degradación del suelo – uso sostenible de pesticidas y fertilizantes y preservación de la diversidad genética. Pues bien, es interesante ver cómo el 59% de los y las agricultoras consideran que la PAC no está contribuyendo a este desafío y este porcentaje se eleva hasta el 80% cuando nos referimos al resto de ciudadanos. En ambos casos es una mayoría la que lo considera.

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