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Opinión · Dominio Público

La expulsión de Cataluña

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La noche del 30 de enero de 1972, el Irish Republican Army (IRA), que hasta ese momento era una organización con apoyo minoritario en el movimiento republicano norte-irlandés, recibió la mejor noticia que podía imaginar: una interminable legión de jóvenes de Derry y del resto de zonas católicas del Ulster daban un paso adelante para entrar en la organización. El ejército británico acababa de matar a tiros a catorce manifestantes pacíficos (casi todos jóvenes) en defensa de los derechos civiles de los católicos. La manifestación era “ilegal”, y las autoridades británicas habían prohibido a los católicos salir de sus barrios. Es decir, fue el gobierno británico quien acabó convirtiendo el IRA en la que sería su peor pesadilla, hasta que más de 25 años después aterrizara en Downing Street un político capaz de ejercer de estadista para tejer una nueva situación en Irlanda del Norte, Tony Blair.

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El episodio del Domingo sangriento irlandés viene al cabo para ilustrar como una gestión pésima de un conflicto acaba consolidándolo y cerrando cualquier vía de salida y no tan solo de escape. Efecto boomerang. La elección de Quim Torra como presidente de la Generalitat constituye una oportunidad al diálogo, a pesar que la carpeta de sus tuits y artículos será un lastre para el propio independentismo (especialmente para su bien labrada imagen internacional). Pero esta oportunidad, desgraciadamente, no va a tener el suficiente recorrido por la condición de Rajoy de prisionero de sus propios actos: la judicialización del conflicto, el abandono de la política y la radicalización de la opinión pública (o, especialmente, la publicada) suponen un yugo que lo dejan con un margen de maniobra casi inexistente, máxime cuando le ha surgido una opción todavía más nacionalista y con índices mayores de populismo como la que encabeza Albert Rivera.

Como en Derry en 1972, donde la mayoría de los jóvenes optaron por la opción más radical para enfrentarse a la represión, en la Catalunya actual no existe la más mínima posibilidad a corto o a medio plazo que la mayoría de los que han abrazado el soberanismo vuelvan a confiar en una vía intermedia. Que los claros vencedores de las dos últimas elecciones no hayan podido elegir presidente al candidato con más apoyos y que algunos de ellos acaben detenidos de manera preventiva, por mucho que hayan iniciado procesos erráticamente unilaterales, es un flaco favor a la democracia. Y al mismo tiempo supone un golpe terrible a su indivisible España, que están dejando con el mayor desprestigio internacional obtenido desde los años del general Franco.

A principios del siglo actual, cuando Aznar inició su segundo mandato, los partidarios de la independencia no alcanzaban el 15%. El autoritarismo y la falta de sensibilidad en la cuestión territorial que caracterizó al líder del PP aquella legislatura sentó las bases de lo que acabaría explotando años después en Catalunya. Su sucesor en el partido encendió la mecha recogiendo firmas contra el nuevo Estatut y su sucesor en el Gobierno se mostró inmóvil e incapaz de reaccionar ante los reiterados avisos que el català emprenyat estaba desconectando de España.

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Lo que pasó después ya es sobradamente conocido: un Tribunal Constitucional que pasa por encima de la voluntad mayoritaria, un Gobierno que llegó a creerse que el movimiento independentista se desinflaría cuando se superase la crisis y la irresponsable gasolina vertida en cada rincón de España para atizar un anticatalanismo que aporta réditos electorales pero que aleja cualquier solución al problema real.

Catalunya no será independiente mañana, ni tampoco pasado mañana. Pero lo más probable es que, si el independentismo no vuelve a equivocarse como ha hecho en reiteradas ocasiones y actúa con mayor inteligencia, lo acabará siendo antes de un par de generaciones. Porque la respuesta española a la crisis catalana no admite que ningún independentista vuelva a confiar en este Estado autoritario que encarcela a líderes políticos, que intenta impedir referéndums a porrazos y que construye su discurso a base de una gran mentira sobre una violencia inexistente o un supremacismo de papel. Todo este intento de humillación supone el mejor aval para que el actual 47,5% (mayoritario, pero insuficiente) siga creciendo como lo ha hecho de manera excepcional en los últimos veinte años, no tanto por las virtudes (que indudablemente las tiene) del movimiento independentista, sino, sobre todo, por la torpeza e irresponsabilidad exhibida por dirigentes políticos, medios de comunicación y representantes del aparato judicial español.

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España ya ha expulsado a más de dos millones de catalanes de sus faldas (que no de su bolsillo) y los ha agrupado en el movimiento cívico más activo de Europa, a pesar que la Europa oficial (como es habitual) siga encantada de haberse conocido. Empezaron expulsando a unos centenares de miles, ahora ya son más de dos millones y, si siguen con la vía turca (como ya parece inevitable), acabarán expulsando a Catalunya entera. El gran triunfo del independentismo lo habrá servido el propio Estado español. Como en Derry en 1972.

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