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Opinión · Un paso al frente

El militar de ‘La Manada’ cobrará su salario y yo, como denunciante de corrupción militar, no

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Hoy hemos sabido que Alfonso Jesús Cabezuelo, militar de La Manada, vuelve a encontrarse en servicio activo dependiente del Mando de Personal y pendiente de asignación de destino. Esto significa que cobrará su salario como si nada hubiera pasado.

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Legalmente hablando, en un Estado de Derecho, tiene sentido, aunque a muchos se nos revuelvan las tripas. El sentido, la razón fundamental del asunto, radica en que la sentencia no es firme y hasta que esta sentencia no sea firme, prevalece la presunción de inocencia.

Pero ¿y la presunción de inocencia de los denunciantes de corrupción?

Porque lo cierto es que desde que fui expulsado por el ministerio de Defensa el 18 de junio de 2015, hace más de tres años, he dejado de pertenecer a las mismas y, sin embargo, la resolución no es firme a día de hoy, pues la Sala V del Tribunal Supremo, que se toma su tiempo cuando de mi caso se trata, debe resolver todavía sobre una de las tres faltas graves que sustentaron la falta muy grave que supuso mi expulsión. ¿Qué significa esto? Que legalmente hablando mi expulsión no es firme, pues una resolución favorable, incluso solo parcialmente, convertiría la expulsión (una falta muy grave) en una falta grave y, por tanto, determinaría mi reingreso en las Fuerzas Armadas.

Consecuentemente, como denunciante de corrupción, resulta que tengo menos derechos que una persona condenada por un delito de la tamaña gravedad que el cometido por ‘La Manada’. Delincuentes, 1; denunciantes de corrupción, 0.

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¿Por qué?

Es imposible encontrar un motivo razonable para que un militar que denuncia abusos, privilegios, corruptelas, acosos o malas prácticas pueda ser expulsado disciplinariamente con efectos inmediatos, lo que hace que deje de cobrar cualquier tipo de sustento, y un militar condenado a nueve años de prisión por un delito sexual siga cobrando hasta que la sentencia sea firme.

Obviamente, y esto debería hacernos reflexionar, resulta más beneficioso ser un delincuente que un expedientado a efectos económicos.

La única razón para este despropósito, que un procedimiento disciplinario resulte más gravoso que un procedimiento penal, gravita en el privilegio de la cúpula militar de purgar a todo aquel militar que no siga su estricto código. Ya saben: Dios, Patria y Familia. Y cosas por el estilo. Porque los procedimientos disciplinarios son controlados internamente, pueden manipularse de forma sencilla al ser todos los militares que participan en ellos subordinados, y tienen muchas menos garantías que los procesos penales.

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En su momento, solicité al Tribunal Supremo poder seguir cobrando hasta que la resolución de mi expulsión fuera firme. Es decir, solicité a la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo que cautelarme me tratara como a un delincuente. Aquello, resultó mucho pedir para los magistrados, por lo que desde entonces, ni un euro.

Esta es la situación que ha provocado que como denunciante de corrupción lleve tres años sin cobrar salario del ministerio de Defensa, aunque la resolución no sea firme todavía a día de hoy, y un delincuente sexual pueda cobrar todos los meses.

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Final del partido: los delincuentes tienen la presunción de inocencia, los denunciantes de corrupción siempre son culpables.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de ‘El libro negro del Ejército español’.

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