La gran banca no se cree todavía lo bien que ha salido del atolladero de las hipotecas. Su principal preocupación era el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo que le endosaba el coste fiscal de formalizar este tipo de créditos. Pero el peligro de la retroactividad quedó conjurado tras el pleno de la Sala Tercera que recuperó la doctrina anterior, incluso contra el pronóstico de las propias entidades financieras. Sobre cuánto dinero les ha ahorrado esa decisión hay versiones para todos los gustos, aunque parece que no menos de 6.000 millones. Una cifra considerable, incluso en comparación con las elevadas cantidades que gana el sector: en torno a 20.000 millones sólo este año, según todas las previsiones.

Por eso, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados recaiga en el futuro en los bancos es para ellos un mal menor. Y he ahí la razón de que se hayan levantado tan pocas voces en contra del decreto ley promulgado hace una semana, que hay quien ha recibido incluso con alivio, porque zanja un debate que pintaba muy mal para las entidades financieras. Además, conociendo las nuevas reglas del juego, éstas siempre tienen la posibilidad de resarcirse de la carga que les ha caído encima, bien sea aumentando las comisiones aparejadas a las hipotecas o a otros productos, los tipos de interés o ambas cosas a la vez.

El Gobierno ha advertido que se mantendrá vigilante para que tal cosa no ocurra, porque sería como haber hecho un pan con unas tortas. Pero no es fácil empeño; primero, porque la banca opera en un mercado libre y puede poner a su mercancía (el dinero) el precio que quiera; y, segundo, porque las cosas siempre se pueden llevar a la práctica de modo que se noten lo menos posible. Me apuesto lo que quiera con quien quiera a que, de una u otra forma, tarde o temprano, el coste fiscal de las hipotecas lo van soportar los usuarios de las entidades financieras; es decir, todos nosotros. No me imagino a ninguna asumiéndolo sin más en su cuenta de resultados.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha dicho esta misma semana que ellos no piensan repercutirlo en sus hipotecados. Pero eso va de suyo, porque sólo faltaba que hiciera mangas y capirotes de los designios del Gobierno una entidad controlada al 70% por el Estado. Lo verdaderamente significativo es lo que hagan a este respecto las demás: el Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter..., que se la juegan todos los días en la Bolsa y tienen que dar la cara al menos una vez al año ante accionistas mayoritariamente privados. Pronto lo sabremos, porque algunos han empezado a sacar la patita, ya sea a las claras o con disimulo, porque tampoco es cosa de empeorar aún más la reputación de un sector con tan mala prensa.

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