Salvador Carnicero (@SalvaCarni16) / Arturo Martín (@Bigturillo)

Madrid // La dificultad para solicitar una cita previa en las Oficinas de Extranjería genera tal angustia que Abdul, un guineano vecino de Lavapiés, pagó este mes de octubre 400 euros para conseguir una. Sin citas no hay papeles, y sin estos, los migrantes no pueden acceder a un permiso de trabajo o al sistema sanitario, entre otros ejemplos. Despachos de abogados y locutorios especulan con su reventa mientras en paralelo colectivos como la Red Interlavapiés se encargan de facilitar estos trámites de manera altruista.

La educadora social Maite Zabalza es amiga de Abdul y, además, forma parte de este colectivo vecinal "a favor de los derechos de las personas migradas". Junto a otras cinco compañeras, ha conseguido en el último año entre 30 y 40 citas para que sus vecinos formalicen su situación legal en España. Según el Ministerio del Interior, en lo que va de año llegaron a España de manera irregular casi 23.600 personas. Todos estos migrantes necesitan legalizar su situación, pero la mayoría no los conseguirán y, como consecuencia, serán criminalizados o deportados.

Abdul fue una de esas personas para las que la Red Interlavapiés intentó conseguir esta cita, pero debido a su "angustia", finalmente terminó comprando este servicio gratuito en "el mercado negro". Al igual que él, cientos de extranjeros desprovistos de una cita y de dinero para conseguirla pueden ejercer su derecho a pedir residencia o asilo gracias a personas como Zabalza.

Maite Zabalza recibe a porCausa en una cafetería cercana al Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda de Vallecas, su lugar de trabajo. Esta activista y trabajadora social se muestra orgullosa de estar acompañando a sus "amigos y vecinos" en este trámite: "Cada cita ya es una situación ganada, una lucha, una conquista", destaca.

El equipo de seis personas en el que participa Zabalza ha logrado obtener casi 40 citas para sus vecinos extranjeros en el último año. La cifra no es baja precisamente por la ausencia de demanda (el 12,55 % de la población madrileña es migrante, más de dos puntos porcentuales por encima de la media española), sino por una disfunción administrativa: "Hasta hace un año el sistema te facilitaba la primera cita disponible. Podía ser en el verano de 2020, pero tú ya tenías tu cita y sabías que no tenías que buscarla", expone Zabalza.

El colapso del sistema dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social también responde a un "recorte claro" de personal, opina Zabalza. Hay dos Oficinas de Extranjería para toda la Comunidad de Madrid y en cada una trabajan simultáneamente "dos funcionarios". "No hay interés ni una voluntad política de que puedan acceder a los permisos", denuncia esta activista.

"Hay 10 peticiones en casuísticas diferentes para renovar un permiso de trabajo, de las que cinco no ofrecen citas normalmente", explica Zabalza, mientras recuerda que la escasez de estos procedimientos perpetra "otra barrera en el día a día, otra frontera invisible": el acceso al sistema sanitario. "No pueden ir al médico como cualquier otra persona", denuncia, y asegura que "antes de 2012 sí tenían acceso al médico y ahora no".

La Red Interlavapiés ha sido testigo de que, si hace un año las citas eran lejanas, ahora son prácticamente inexistentes. Según cuenta Zabalza, estas son algunas consecuencias del colapso de la web de Extranjería: una colombiana perdió un puesto como docente en la Universidad Complutense al no poder renovar su permiso de trabajo a tiempo y un bebé nacido en España aún no ha podido ser escolarizado ni está dado de alta en la Seguridad Social.

Tras un año de reclamaciones al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al Defensor del Pueblo, este colectivo ha puesto en marcha la campaña #SinCitaNoHayDerechos. La respuesta recibida es, según Zabalza, que "se ha tenido que acotar este sistema" porque "una persona cogía la cita en nombre de otra persona", algo que la activista tilda de "humillante". "Nos habíamos organizado en función de las necesidades de las personas. Si una persona no domina el idioma, lo normal es que un amigo saque la cita por él", continúa. "Que nos digan que el sistema funciona así de mal por nuestras actitudes es criminalizar y echar la culpa de todos los problemas a la migración", concluye.

Estas trabas administrativas, según esta educadora social, son parte de políticas europeas "de represión" que no solo no permiten el acceso seguro a los países de destino, sino que sobre todo alimentan "vías de mafia y comercio a todos los niveles", tanto en las pateras del Mediterráneo como en las calles de la capital.

La educadora social describe una realidad "racista" y cíclica, que criminaliza al migrante por el mero hecho de buscarse la vida. "El ingreso de los extranjeros supone millones de euros al año que no se están reconociendo", asegura: "Todo lo que aporta la migración a las arcas de España en la Seguridad Social y en las tasas es altísimo", pero, en cambio, "se criminaliza la migración y está mal visto facilitarla. Tienen que estar huyendo o escapando", relata.

Los permisos de arraigo pueden solicitarlos los migrantes que llevan tres años viviendo en España, pero además hay otros requisitos: "La Ley de Extranjería les pide tener un contrato a jornada completa e indefinida", expone Zabalza. "Cuando lo tienen y quieren acceder a pedir el permiso de residencia, se encuentran que no hay citas disponibles en el sistema". Zabalza lo califica de "maltrato a las personas": "Es un sistema racista, transgresor de los Derechos Humanos y muy indigno con las personas", remata.

A pesar de todas las trabas y de estas situaciones, Maite Zabalza atisba una esperanza en el futuro: "Estamos en un mundo globalizado y todos somos uno", afirma optimista. Si bien cree que"se están agudizando los mensajes y el discurso racista y xenófobo", conserva optimismo para pensar que "tarde o temprano" la ciudadanía aceptará que "la migración es una riqueza". Será entonces cuando haya "políticas razonables que podrán entrar a situarse en la realidad", espera.