Ocurrió en la sala valenciana Deluxe Pop Club el pasado viernes pero podría ocurrir esta misma noche en cualquier otro recinto de pequeño aforo. Una inspección de trabajo destinada en un principio a supervisar el alta de autónomos de los trabajadores del local viró en un momento dado afectando también a tres músicos que se encontraban en el local —algo poco habitual en el sector—. En concreto a Alain Duplaa, que acababa de actuar bajo el nombre de Dual, y los debutantes Pink Frost, dueto que finalmente decidió no salir al escenario ante el temor de posibles medidas legales.

Sobra decir que ninguno de los tres intérpretes estaba dado de alta de autónomos por lo que la funcionaria les emplazó a una futura citación. Más allá de las implicaciones que pueda tener la inspección de este caso concreto, lo que se evidencia aquí es la situación de desamparo y precariedad que viven los músicos día a día. La emergente escena valenciana no cuenta, pese a la buena voluntad institucional que nos transmiten sus protagonistas, con una solución administrativa que favorezca —o al menos permita— la subsistencia de sus músicos más humildes.

“Es insostenible. Pretender exponer al mismo tratamiento fiscal a una banda que por contrato está cobrando por concierto 10.000 euros y a otra que acaba de empezar y están en su primer o segundo bolo”, denuncia Gema Clara, portavoz de la Asociación de Bares Culturales de València que lucha desde hace poco menos de un año por constituir un marco legal que permita el desarrollo de actividades artístico-culturales de forma reglada. “Con la legalidad en la mano los pequeños circuitos de los que se nutre esta ciudad desaparecerían porque ni los promotores podrían contratar a las bandas por el riesgo que supone una convocatoria insuficiente a la hora de sufragar gastos, ni las bandas podrían asumir el alta de autónomos”.

En efecto, tomando como caso práctico el bolo de Dual y los Pink Frost de este viernes las cuentas no salen. Con una taquilla que rondó los 60 euros y tres músicos sobre las tablas, en el supuesto de que fuese el local el que les contratase, tendrían que hacer frente a un alta por persona que ronda los 30 euros, lo que supondría un montante total de 90 euros, todo ello sin tener en cuenta gastos derivados del uso de las instalaciones. Inviable a todas luces. Pero en el caso de que fueran los músicos por cuenta ajena, la situación no mejora; si nos atenemos a la tarifa de autónomos estándar —y dejando a un lado otro tipo de vericuetos fiscales— cada uno de ellos tendría que abonar una cuota mensual de unos 280 euros, por lo que para sobrevivir tendrían que tocar día sí y día también.

“Es como pedirle una cédula de habitabilidad a un mendigo que está durmiendo en la calle”, explica Martín Rey, coportavoz de ABACU. “No tiene sentido, parece que se nos olvida que estos músicos y estos locales aportan a la ciudad valor artístico, sin ellos no existiría esa cantera musical que se supone tenemos”.

Otra fórmula es posible

Desde el Sindicat de la música valenciana (SIMUV) apuestan porque las administraciones subvencionen las altas a la Seguridad Social de dichos músicos. “Es de locos, están instando a las pequeñas salas a que apliquen el Real Decreto 1435/1985 [norma jurídica que regula la relación laboral entre el empresario musical y el trabajador] cuando ellos mismos como Administración no están poniéndolo en marcha”, denuncia Josep Pérez, secretario del SIMUV.

En ese sentido, si hasta ahora el peso de dicho cumplimiento recae en las salas, la SIMUV aboga por una subvención que corra a cargo de la Administración. “Es hora de que den ejemplo, por eso les hemos hecho una propuesta para que subvencionen la altas a la Seguridad Social de los músicos y así las salas de pequeño aforo puedan seguir programando”.

Se trata, a fin de cuentas, de una situación de emergencia en un sector ya de por sí bastante castigado por la precariedad. Una urgencia que, como explica a través de un comunicado el músico Pepo Pérez, de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, viene marcada por “una realidad que indica que debemos pensar a futuro, reconocer nuestro trabajo como una actividad laboral más y poder disfrutar de los mismos derechos que cualquier trabajadora o trabajador de otros sectores: baja por enfermedad, prestación por desempleo, vacaciones, pensiones por invalidez temporal o total o derecho a una jubilación".