La Diputación de Ourense que preside José Manuel Baltar (PP) clausuró ayer uno de los proyectos culturales más importante de la legislatura. Se trata de la exposición In tempore sueborum, un recorrido sobre la presencia sueva en el noroeste de la Península Ibérica que permaneció abierta al público desde el pasado mes de diciembre. La muestra , con un presupuesto cercano al medio millón de euros, contenía 216 piezas, la mayoría cedidas por museos españoles y de otros nueve países europeos, algunas declaradas patrimonio nacional en sus respectivos Estados. A través de ellas, la Diputación pretendía dejar constancia de la huella del pueblo de origen germánico que fundó, en la Galicia del siglo V, el primer reino medieval de Occidente.

La exposición ha tenido más de 40.000 visitantes en los tres centros en los que se organizó –la iglesia de María Madre, el Centro Cultural Marcos Valcárcel y el Museo Provincial de Ourense-. Pero según algunos de ellos, y según también los portavoces de varios museos de España y de otros países que colaboraron con el evento, su gestión ha sido una chapuza.

A pesar del generoso presupuesto, y de que los museos que cedieron obras lo hicieron gratis, Baltar aún no ha pagado a los técnicos que colaboraron redactando las fichas explicativas que acompañan a las piezas expuestas y que nutren el catálogo de la muestra. El libro se vende al público a 20 euros en las librerías y a 19 en Internet. Ya ha agotado ya su primera edición, pero los expertos que lo redactaron ni siquiera han recibido la copia de cortesía que les prometieron.

“Ha habido una muy mala planificación”, asegura Carolina Casal Chico, conservadora del Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo, que cedió a la Diputación una de las piezas estrella: el Crismón de Quiroga, un gran disco de mármol de un metro de diámetro con inscripciones en griego y en latín, datado entre los años 420 y 450 y que los expertos consideran la pieza de simbología cristiana más antigua hallada en Galicia.

Casal recibió en julio del año pasado un correo de uno de los comisarios de la muestra encargándole una ficha sobre el Crismón y otras dos sobre dos obras no incluidas en la exposición pero sí en el catálogo. En el mensaje se aseguraba que la redacción de los textos se abonarían “a la entrega” del trabajo. Envió las fichas en septiembre, cumpliendo en plazo pactado, y, pasadas dos semanas, la correspondiente hoja de liquidación. Pero casi un año después del encargo, y como les sucede a otra media docena de técnicos de otros museos de varias provincias españolas consultados por Público, no le han pagado.

Todas las fuentes confirman que ni los comisarios de la muestra ni los responsables de la Diputación han atendido a los correos electrónicos que les han enviado en los últimos meses. Casal asegura que no habla de “chapuza” porque no le hayan abonado el trabajo que hizo. La cantidad no es muy elevada - 120 euros más IVA por cada ficha-, aunque supera los 30.000 euros si se multiplica por el número de fichas encargadas dentro y fuera de España. Ella explica además que su nombre no aparece en el catálogo de autores, que en la muestra sólo figuran sus iniciales y que los responsables de la exposición ni siquiera le ha enviado, como solicitó, el certificado acreditativo de que ella era autora de los textos.

Lo peor, asegura, es que la Diputación ha incumplido también el convenio firmado con el Museo Diocesano sobre las condiciones de la cesión del Crismón de Quiroga. A cambio de disponer de la pieza durante más de seis meses, el organismo que preside Baltar se comprometió a sufragar la realización de una copia facsimil en 3D de la pieza, que se utilizaría en la exposición y que posteriormente se cedería definitivamente al Museo lucense. Aunque al final se hizo un copia, es la tradicional a color en dos dimensiones.

Fuentes cercanas al entorno de la organización han asegurado a este diario que se han incumplido también lo que estipulaban los convenios con otros museos con respecto al tratamiento y cuidado de las valiosas piezas. De hecho, Público ha podido saber que el desmontaje de las mismas, y que debería ser dirigido por un experto, ha quedado en manos de la auxiliar administrativa que trabajaba al mando de la anterior coordinadora, Mercedes Rozas, quien dejó su cargo en enero pasado. Público se puso en contacto con ella para obtener su versión, pero Rozas declinó hacer declaración alguna.

La Diputación y los comisarios de In tempore sueborum aseguran que el retraso en los pagos se debe a que aún no se han ultimado los trámites administrativos , y desmienten a varios directores de museos asegurando que no es extraño que los trabajos técnicos se abonen incluso después de que una exposición haya sido clausurada.