El Gobierno planea escudarse en el terrorismo para arrollar el derecho de huelga de los vigilantes jurados de Barcelona-El Prat, que abordan este martes su segunda jornada de protesta legal, con el cumplimiento de los servicios mínimos fijados por el Ejecutivo y con un tráfico de viajeros normalizado.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, recordó en RNE que España se encuentra en el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista, y aseguró que la Guardia Civil ha sido desplazada a El Prat para garantizar la seguridad nacional y como "refuerzo". Al mismo tiempo, explicó que el Ejecutivo aprobará un laudo arbitral obligatorio en este conflicto laboral.

En España hay cinco niveles de alerta antiterrorista. El último, el 5, es el que se activa ante un atentado inminente. El nivel 4 está vigente en nuestro país desde junio de 2015, tras los atentados de Francia, Kuwait, Túñez y Somalia, y fue renovado con el reciente atentado de Londres.

Sin declarar el estado de alarma

Al recurrir a la alerta antiterrorista, el Gobierno se blinda por haber desplegado la Guardia Civil en los escáners del aeropuerto de El Prat. En la terminal, los agentes de este cuerpo militar suplen de hecho las funciones de los vigilantes jurados.

En España sólo se pueden sustituir a trabajadores en huelga por medio de la declaración del estado de alarma, que debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Así ocurrió con el caos aéreo de 2010 surgido por la imprevisión de la organización por parte de AENA ante la protesta de los controladores aéreos durante el puente de la Constitución. No fue una huelga como la autorizada a los vigilantes del Grupo Eulen.

Para declarar el estado de alarma debe estar en peligro los servicios esenciales, requisito legal en el que se basó el Gobierno socialista ante aquella protesta, cuando la tildó de "huelga salvaje", cerró el espacio aéreo y declaró el estado de alarma por decreto y los controladores fueron sustituidos por controladores militares. Aquella fue una decisión política. Un total de 82 controladores de los aeropuertos de Baleares están a la espera de ser juzgados allí por el delito de sedición. También están a la espera de juicio los controladores de Madrid. Al mismo tiempo, sucesivas resoluciones en Galicia y Barcelona han determinado que no hubo delito: se limitaban a cumplir las horas legales y causaron una "alteración colectiva del régimen de trabajo distinta a la huelga".

La garantía del cumplimiento de los servicios esenciales está en manos de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige José Antonio Nieto, tras la reorganización del Ministerio del Interior en pleno verano.

Agentes de la Guardia Civil en los controles de acceso de los pasajeros de El Prat. EFE

La huelga se ha convocado en pleno puente de agosto, con salidas de más de 90.000 pasajeros diarios desde el aeropuerto de El Prat. En su segunda jornada, todas las informaciones recabadas en Barcelona confirman que los aviones despegan en el horario previsto.

AENA ha pedido a los pasajeros que no lleguen con demasiada antelación a los mostradores de embarque porque los tiempos de espera oscilan entre los 10 y 20 minutos. En el primer día de huelga, las colas se formaron de madrugada, por los pasajeros temerosos de quedarse en tierra.

La protesta fue precedida por un conflicto de tres semanas, donde los vigilantes se limitaron a cumplir horario y 40 de ellos estaban de baja laboral, de tal manera que las colas se extendían por la terminal. Nadie recurrió dichas bajas médicas.

Arrollar su derecho de huelga

El comité de huelga de los vigilantes del aeropuerto se reunirá esta tarde del martes para decidir si denuncian al Gobierno por arrollar su derecho de huelga.

El despliegue de la Guardia Civil en los escáners del aeropuerto “es totalmente ilegal”, denuncia Juan Carlos Giménez, asesor sindical de los huelguistas, quien recuerda que la protesta se debe a las “pésimas” condiciones laborales de los vigilantes, obligados a hacer muchas horas extra porque su sueldo es de 900 euros al mes.

El Consejo de Ministros se reunirá este miércoles por la tarde porque pretende imponer el laudo arbitral forzoso en este conflicto laboral con una huelga convocada de manera legal.

El arbitraje forzoso -todo arbitraje es obligatorio- figura en el ley de huelga de 1977, que es preconstitucional. La norma establece que se debe tener en cuenta “la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional”.

Ministro y parte

El arbitraje debe ser propuesto al Gobierno por el Ministro de Trabajo. Pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se encuentra desaparecida y no ha hecho declaración alguna sobre la huelga de los vigilantes jurados.

El ministro Iñigo de la Serna lleva el impulso en el Gobierno. De él depende AENA (Aeropuertos Nacionales de Navegación Aérea), epicentro y es parte del conflicto laboral. La empresa es de capital público en su mayoría, 51%, ya que fue privatizada en su 49% en el año 2015.

AENA subcontrató el servicio de vigilancia a Eulen en 2016, que arrebató el contrato a Prosegur al presentar una rebaja del 2%.

Ambas empresas han rechazado que la oferta fuera temeraria, pero se adjudicó a pesar de que el número de viajeros había crecido en Barcelona un 12% en sólo un año.

La Guardia Civil dejó de realizar en el año 2010 el control de seguridad de los pasajeros en los aeropuertos, así como de la supervisión de las tarjetas de embarque y la revisión de los equipajes de mano.

PSOE, UGT y CCOO: se vulnera el derecho de huelga

Tanto el PSOE como UGT y CCOO han criticado al Gobierno por vulnerar el derecho de huelga y recurrir a la Guardia Civil en este conflicto laboral.

Para el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se trata de “una forma de esquirolaje" que atenta contra el derecho a huelga de los trabajadores de Eulen. Critica además que el Gobierno y AENA -que subcontrata el servicio de seguridad- sólo han actuado “de manera autoritaria” cuando la situación es insostenible.

Daniel Barragán, secretario de acción sindical de CCOO de Construcción y Servicios, denuncia en Nueva Tribuna la “vulneración gravísima” del derecho de huelga y reclama una solución para los trabajadores de los servicios aeroportuarios que sufren “turnos interminables, ninguna compensación por tener que cumplir con requisitos muy exigentes de formación, total flexibilidad de turnos y horarios...”

Por su parte, el secretario de seguridad de UGT, Sergio Picallo, considera en la Ser que el Gobierno está violando "completamente" el derecho de huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat. Este sindicato, es contrario al laudo arbitral que pretende imponer el Gobierno, porque sería “ilegal” ya que los trabajadores no están poniendo en peligro la seguridad y cumplen con los servicios mínimos.“

Aquí no hay siglas, la huelga no ha sido convocada por los sindicatos”, explica Juan Carlos Giménez, el asesor sindicales de los vigilantes jurados de Eulen que lidera este conflicto. “Agradecemos estas declaraciones, aunque no hemos tenido llamadas de apoyo. Nadie nos ha llamado: ni Podemos, ni PSOE, ni sindicatos”, denuncia.

Hay especialistas que defienden que los vigilantes están obligados a regresar al trabajo desde el momento en que el Gobierno declare el laudo arbitral obligatorio este miércoles. Otros consideran que se debe esperar a la designación del árbitro.