La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido a la Audiencia Nacional para instar la admisión a trámite 28 querellas interpuestas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por los supuestos delitos de administración desleal en el fiasco de su salida a Bolsa y de manipulación del mercado en la difusión de rumores que provocaron su caída y su intervención el pasado 7 de junio.

La Fiscalía apoya la admisión de 28 querellas, de las 29 presentadas, al tiempo que solicita al juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que divida la causa en dos piezas separadas.

En una pieza reclama investigar la “campaña de desprestigio” que acompañó al Banco Popular en su caída hasta su intervención del 7 de julio de 2017. En esta pieza se investigaría la difusión falsa de rumores y la publicación de noticias “que contenían datos o información falsa” y que tenían como finalidad “hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios”.

La Fiscalía considera que esta difusión de noticias falsas podría constituir el delito de manipulación de mercado, penado con hasta dos años de prisión y otros tanto de inhabilitación para intervenir en el mercado financiero (artículo 284 del Código Penal).

El ministerio público defiende que la otra pieza separada del caso se centre en investigar a la excúpula del Popular por el supuesto delito de administración desleal (artículo 282 bis del Código Penal). Sería la pieza principal dada su complejidad y las personas investigadas. Se central en la ampliación de capital de 2.505 millones de euros de 2016 ante la veracidad de los datos incluidos en el folleto de emisión.

De las querellas que el ministerio público apoya (28 de las 29 presentadas), 26 corresponden a perjudicados directamente por la ampliación de capital y la caída del Popular. Hay dos más que corresponden al ejercicio de la acusación popular. Una de ellas fue la denuncia presentada por el abogado Miguel Durán, que aún no se ha personado, y la otra es la de la Asociación de Usuario Financieros (ASUFIN) al ser la primera tramitada llevaría la dirección letrada de esta acusación.

La Fiscalía no cita expresamente a la auditoria PWC Auditores, pero esta última querella extiende la denuncia a esta firma.

Ahora bien, el ministerio público pide a la Audiencia Nacional que excluya de la investigación a los órganos reguladores (Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España), así como el Banco Central Europeo, entre otras administraciones.

El escrito de la Fiscalía ha sido elaborado por el fiscal anticorrupción del caso, Antonio Romeral.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha recibido este lunes una querella de la la Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros (ADICAE). En ella, se piden que testifiquen en el caso del Banco Popular el ministro de Economía, Luis de Guindos y la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín.