Banco Popular intenta desentenderse de las pérdidas que sufrieron sus accionistas con la resolución y su venta por un euro al Santander: trata de endosar las eventuales responsabilidades económicas de la ‘resolución’ a la UE y al Gobierno central al tiempo que reclama que los pleitos sean trasladados al Tribunal General europeo.

La entidad financiera mantiene que se trata de un asunto de “competencia internacional”, aunque admite que, en caso de no ser aceptados sus planteamientos, la intervención del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) como ejecutor debería arrastrar los litigios a los juzgados de lo contencioso de la Audiencia Nacional.

Es decir, que Popular sitúa la causa del quebranto a los miles de ahorradores en una decisión de las administraciones estatal o comunitaria y rechaza que esas pérdidas tengan su origen en la ampliación de capital de 2016, como mantienen los cientos de damnificados que han presentado demandas civiles contra la entidad y querellas criminales contra sus principales gestores en los últimos años.

Esa es la estrategia que los abogados de la entidad financiera han planteado en su primera contestación a una demanda de responsabilidad en la jurisdicción civil, en este caso ante el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona, ante el que los letrados plantean una “declinatoria de jurisdicción”. Esa figura jurídica, que obliga a los tribunales a pronunciarse sobre cuál es la vía en la que deben dirimirse los pleitos, tiene un ‘efecto secundario’ ralentizador para las causas, ya que su tramitación queda suspendida hasta que exista un pronunciamiento firme sobre este aspecto; es decir, hasta que una de las partes deja de interponer recursos o se queda sin posibilidades de hacerlo.

Popular bendice ahora la operación

El Popular mantiene que “no adoptó” decisiones como la amortización de las acciones y los bonos convertibles y la conversión de las subordinadas en títulos para su venta al Santander, “sino que fue objeto de las adoptadas por las autoridades europeas de supervisión y resolución, que fueron luego implementadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)”.
Y, por ese motivo, mantiene que las demandas deben ir al Tribunal General, el cual, junto con el Tribunal de Justicia de la UE, del que forma parte, tiene “competencia exclusiva principalmente para el enjuiciamiento de los actos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión”.

Las autoridades implicadas serían el Banco Central Europeo, que el 6 de junio comunicó a la Junta Única de Resolución (JUR) “la inviabilidad de Banco Popular por considerar que la entidad no podía hacer frente al pago de u deudas o demás pasivos a su vencimiento o no podría hacerlo en un futuro cercano”; la propia JUR, “organismo europeo responsable de todas las decisiones relacionadas con la resolución de las entidades consideradas significativas”, que “declaró la resolución de la entidad y aprobó el dispositivo de resolución en el que se contenían las medidas a aplicar”; la Comisión Europea, que “refrendó esas decisiones”, y, por último, el FROB, el cual, “en su condición de autoridad nacional de resolución ejecutiva”, se “limitó a implementar la decisión de la JUR”.

El banco, que lleva cinco meses bajo el control de Santander, no se muestra crítico con la decisión del BCE, la JUR y el FROB pese a los nocivos efectos que tuvo para el patrimonio de sus accionistas. Sostiene que, “como contrapartida, se garantizó la seguridad de los depositantes, la continuidad de la actividad de la entidad y la ausencia de impacto en las finanza públicas”.

“Más falsa que un duro de madera”

El demandante, un pequeño ahorrador de Barcelona, ha reaccionado con dureza a los planteamientos del banco. Su letrado, Felipe Izquierdo, pide al juez que los desestime y que condene en costas a la entidad financiera, cuya premisa considera “más falsa que ‘un duro de madera”.

Este insiste en que se trata de un asunto civil, puesto que lo que la demanda solicita es la nulidad de la suscripción de acciones en la ampliación de capital de 2016 por un presunto consentimiento viciado, el cual habría tenido su origen en “el engaño padecido por el demandante vehiculado a través del folleto informativo confeccionado por Banco Popular Español”, que contendría datos “incorrectos, inveraces e inexactos” que habrían tenido un efecto de ‘gancho’ para los inversores.

En esa operación no intervino ninguna autoridad comunitaria, recuerda. Como tampoco lo hizo en la reformulación de cuentas de abril de 2017 que afloró un desajuste de 700 millones de euros. “En definitiva –resume el letrado- el presente debate gira entorno a la celebración de un contrato nulo celebrado entre mi mandante y Banco Popular Español”.

La respuesta del demandante acusa al banco del “empleo deliberado y temerario” de “maniobras dilatorias” y califica de “moralmente reprobable actuar de esa manera frente a los miles y miles de perjudicados-engañados”, mientras recuerda que Santander, el nuevo propietario, ha lanzado, “como es notorio”, una “campaña pública para canjear acciones de esa ampliación de capital del 2016 por unos llamados bonos de fidelización”.

Dos ERE en lugar de uno

Por otro lado, representantes de Popular y de Santander y de los sindicatos de ambos bancos acordaron este lunes tramitar dos ERE, en lugar de uno conjunto, ante el nuevo ajuste de empleo que promueven las entidades. El periodo de consultas comenzará formalmente el próximo jueves, día 16.

Las direcciones, que señalaron que el caso del Popular las causas económicas se añaden a las técnicas y organizativas con las que argumentan los despidos, mostraron su disposición a tratar, aunque no hablaron de compromisos para aceptarlas, algunas de las propuestas que los sindicatos han puesto sobre la mesa en las consultas previas, caso de rebajar la edad para las prejubilaciones o reducir el número de bajas, según explicaron fuentes de UGT, sindicato que ha mostrado su rechazo a los ERE.

Santander y Popular plantean un ajuste de más de 2.100 empleados, con la salida de 1.580 mediante prejubilaciones y la recolocación de otros 585, mayoritariamente del banco intervenido, en otras empresas del grupo.Los sindicatos, no obstante, dudan de que, tras un ERE de 1.380 empleados en el Santander y otro de 2.592 en el Popular en los últimos meses, quede en la plantilla suficiente personal de 58 años como para cubrir las bajas a través de prejubilaciones. Las nuevas salidas superarían el 4% de la plantilla conjunta, que suma hoy 36.390 puestos, 13.449 de ellos en Popular.