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Una oficina del Banco Santander junto a una sucursal del Banco Popular. REUTERS/Albert Gea

La presión sindical recorta despidos y sube indemnizaciones en el ERE de Santander y Popular

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Los bancos acceden a elevar al 80% del salario bruto las prejubilaciones de empleados de 55 a 63 años y retiran otras 184 bajas, que pasan de las 1.585 iniciales a 1.200

Economía

La postura de firmeza de los representantes sindicales de las plantillas de los bancos Santander y Popular comienza a dar frutos: las direcciones de las entidades financieras han aceptado este jueves reducir otros 184 despidos en los ERE de sus servicios centrales y elevar hasta el 80% del salario la indemnización de las prejubilaciones, que siguen abiertas para los trabajadores de 55 a 63 años.

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La propuesta de las empresas, que reduce un 25% las extinciones de contratos que promovían de salida (bajan de 1.585 a 1.200 tras una primera reducción a 1.384), contempla también indemnizaciones de 40 días de salario bruto por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades, para los despidos de menores de 55 años, que se mantiene como la edad mínima para acogerse a las prejubilaciones.

El aumento de las indemnizaciones para los prejubilados, que podrán optar entre ese 80% del salario bruto pensionable o un 75% más la mitad de su CVP (Complemento Voluntario Personal), ambos casos asumiendo los bancos el convenio espacial con la Seguridad Social, iguala las condiciones del ERE que Santander cerró hace unos meses con 1.380 bajas en su plantilla, lo que constituía una de las principales reclamaciones de los sindicatos.

Sin embargo, no las alcanza en el caso de los despidos, en el que los planteamientos de los bancos continúan resultando cicateros para los representantes sindicales.

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En esas extinciones se añade a los 40 días de salario bruto más 500 euros por año trabajado una prima de antigüedad con una escala de 3.500 a 25.000 euros. Y, tanto para los despidos como para las prejubilaciones, las empresas prevén mantener las condiciones  de los productos financieros que los empleados tengan contratados con sus entidades, habitualmente menos gravosas que las de mercado.

Los bancos no quieren capilaridad

Los representantes sindicales, de CCOO, UGT, FITC, CGT y STS, coinciden, no obstante, en que esa cifra de bajas, a la que se suman los 575 traslados de la plantilla de Popular a empresas segregadas de Grupo Santander, puede reducirse todavía más. “Hay margen para reducirla”, señalan desde UGT. “Queda recorrido en el ajuste final de esa cifra”, apuntan desde CCOO.

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Paralelamente, los sindicatos siguen reclamando una medida que los bancos rechazan desde el inicio de la negociación: aplicar vías de “capilaridad” con la red de oficinas; es decir, abrir a las sucursales la captación de voluntarios para prejubilarse o cesar y reemplazar esos puestos con personal de los servicios centrales.

Sin embargo, las direcciones se niegan a explorar esa vía alegando que la red comercial queda al margen de estos ERE. Distintas fuentes vienen apuntando a que los recortes de personal en esta quedarían aplazados a 2019, una vez haya finalizado el de los servicios centrales y haya culminado la integración de los sistemas informáticos de ambas entidades.

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La voluntariedad y los trabajadores de 50 a 54 años

Los otros dos grandes flecos pendientes son la extensión de la voluntariedad a todo el proceso, mientras los bancos prevén ejecutar mediante salidas forzosas a final del año que viene las bajas no cubiertas con voluntarios, y el tratamiento de los empleados de 50 a 54 años.

Las representaciones sindicales llevarán a las mesas el próximo lunes una propuesta conjunta para este colectivo, para el que “reclamamos medidas especiales por tratarse del grupo más vulnerable en caso de salida”, indican fuentes de UGT, sindicato partidario, como CCOO, de que solo haya extinciones voluntarias en esa parte de la plantilla.

CCOO, por su parte, propone ofrecer a este grupo de trabajadores unas condiciones de salida asimilables a las prejubilaciones, con un 80% del salario durante ocho años, más 2.000 euros por trienio, una prima de voluntariedad y el convenio especial con la Seguridad Social.

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