La recuperación de la economía no alcanza al gasto social, terreno en el que España todavía sigue apreciablemente por debajo de la media de sus socios europeos. Más aún, el nivel de protección en relación con el Producto Interior Bruto es prácticamente idéntico al que había en medio de la crisis.

Así lo muestran los últimos datos de la Unión Europea. Según Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, el gasto en protección social en España representaba en 2015 el 24,7% del PIB, frente al 29% que registraba el promedio de los países del club comunitario.

Más aún, ese año  el gasto en protección social respecto al PIB registró un "ligero incremento" de cuatro décimas en  la media de la UE respecto al 28,6% de 2010, mientras que en España apenas suponía una décima más (24,6% de 2010 al 24,7%).

Frente el ejercicio 2014, el gasto social subió tres décimas en la UE, pero descendió siete en España.

Por encima de la media se encuentran Francia (33,9%), Dinamarca (32,3%), Finlandia (31,6%), Bélgica (30,4%), Países Bajos y Austria (30,2% ambos) e Italia (30%).

En el otro extremo,  los que menos gasto dirigieron a partidas para la protección social fueron Rumanía (14,6%), Letonia (14,9%), Lituania (15,6%), Estonia (16,4%), Irlanda (16,7%), Malta (17,5%), Bulgaria (17,9%), Eslovaquia (18,3%) y República Checa (19,1%).

Según Eurostat, "estas disparidades reflejan diferencias en los estándares de vida, pero también son indicativas de la diversidad de los sistemas nacionales de protección social y de las estructuras específicas institucionales, sociales, económicas y demográficas de cada estado miembro".

En el conjunto de la UE, el gasto en protección social destinado a la tercera edad es la mayor partida, con un 45,2%, seguida del gasto en sanidad, cuidados médicos y discapacidad (37,3%), familia e infancia (8,6%), desempleo (4,8%) y vivienda y exclusión social (4,1%).

En España, la división por categorías también recoge en primer lugar al gasto en la tercera edad (49,8%), por delante de sanidad, cuid9ados médicos y discapacidad (34,5%), desempleo (9%), familia e infancia (9%) y vivienda y exclusión social (1,4%).