La justicia ha vuelto a poner en evidencia a Deliveroo al considerar que un exrepartidor que denunció a la empresa por un despido improcedente ejerció sus funciones como un falso autónomo. Los juzgados de los social de Valencia, además, han condenado a la multinacional a indemnizar con 705 euros a este trabajador o a su readmisión.

La sentencia de la jueza se refiere al caso particular del ex trabajador Víctor Sánchez, sin embargo, hace mención al modelo laboral de Deliveroo, cuestionando su legalidad. Esta sentencia puede suponer un antes y un después, sirviendo como precedente para futuras demandas de repartidores.

De hecho, puede ser el principal apoyo para la defensa de Inspección de Trabajo durante el próximo juicio de febrero de 2019 en el que Deliveroo demandó al organismo laboral español por su informe en el que determinaba que "la relación civil que la empresa pretende crear esconde una relación laboral".

Se trata de la primera sentencia judicial que reconoce que un gigante de la economía colaborativa utiliza se beneficia y compite en ventaja mediante el uso de falsos autónomos. Sin embargo, el camino es largo, pues tal y como reconocen desde la plataforma de RidersXderechos la empresa presentará un recurso. “Eso nos los dijeron antes de que entrásemos a juicio”, advierte Carlos Iglesias, uno de los portavoces de la asociación que viene desde hace un año luchando por los derechos de los repartidores de empresas como Deliveroo y Glovo.

Los argumentos de la sentencia

Los argumentos que desde hace prácticamente un año vienen vertiendo en redes sociales y medios los repartidores de Deliveroo para demostrar su precariedad y su difícil relación laboral con la empresa han sido recogidos por jueza. Así, esta sentencia pionera explica que los trabajadores no tienen ninguna capacidad de negociación para fijar el precio de la tarifa de sus servicios. Algo que cualquier trabajador autónomo podría hacer.

Que la web y la aplicación pertenezcan a Deliveroo deja ver que los riders no poseen estructura empresarial alguna, así lo determina la sentencia. Por otro lado, el constante control que la empresa somete a los repartidores, localizándolos con GPS y midiendo los tiempos en los que efectúan los servicios de reparto son otras de las premisas en las que la jueza se apoya para declarar la laboralidad de los repartidores y la multinacional.

El abogado Adrián Todolí, muy activo en la visibilización de los problemas sociales que acarrean los nuevos modelos laborales del siglo XXI, ha sido el primero en ofrecer una valoración de la sentencia: “No parece que tenga sentido que tras esta sentencia se siga permitiendo esta bolsa de fraude en la economía de plataformas, ya que solamente con Deliveroo estamos hablando de más de 1.000 trabajadores que actualmente no están cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social con las pérdidas de ingresos para el Estado que ello implica y la competencia desleal hacia aquellas otras empresas que realizan la misma actividad cumpliendo con sus obligaciones”.

Esta no es la primera vez que se pone en entredicho el modelo laboral de Deliveroo. El gigante del reparto a domicilio también ha provocado debates en el seno de la Unión Europea, que en una directiva del pasado mes de enero propuso una mejora en la "transparencia y previsibilidad de los contratos de trabajo" para limitar y controlar las nuevas formas laborales de la denominada economía colaborativa.

En su escrito, la propia UE reconocía que la situación de los trabajadores de este tipo de empresas "se sitúa en unos marcos jurídicos inadecuados" y advertía que cerca de seis millones de personas están sujetos a contratos laborales "poco claros e intermitentes". Un análisis que no gustó mucho a Deliveroo, que contestó a las instituciones europeas amenazando con 54.000 empleos menos si se reconocían los derechos de los repartidores.

Un seguro para frenar las demandas

La sentencia llega un mes después de que Deliveroo, ante el cuestionamiento de su credibilidad empresarial, anunciara a bombo y platillo que a partir de ahora todos sus repartidores iban a contar con un seguro gratuito para accidentes y bajas laborales. Una medida que, aunque fue tomada como un triunfo, también fue interpretada por algunas asociaciones de repartidores como un intento de lavar su imagen de cara a la escena mediática.

Sin embargo, la medida sólo consiguió informar a clientes y ciudadanos ajenos al conflicto laboral que, hasta entonces, sus repartidores recorrían las calles en bicicletas y motos absolutamente desprotegidos ante cualquier accidente, teniendo que asumir los gastos médicos y sin cobrar durante los meses de baja.