Patronal y sindicatos han cerrado este lunes el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para el periodo 2018-2020, con una recomendación de subida salarial anual del entorno del 2% más un 1% variable, ligada a conceptos como la productividad, los resultados o el absentismo injustificado, y con la encomienda de alcanzar un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales en 2020.

Los presidente de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han mantenido una última reunión en la que ha quedado rubricado el acuerdo que ahora someterán a la ratificación de sus respectivas organizaciones. 

Las organizaciones sindicales y empresariales han llegado a entendimientos para cerrar el IV AENC tras más de seis meses de negociación y después de que el diálogo se rompiese en julio del año pasado y no se ratificase el acuerdo de subida salarial en 2017. Los agentes sociales llevaban meses cocinando este acuerdo, aunque hasta hace apenas unas semanas, coincidiendo con la llegada del PSOE al Gobierno, no parecía que fuera a llegar a buen puerto.

Las recomendaciones del AENC deben trasladarse a la negociación de cada convenio, que será donde se determine la cuantía exacta de la parte fija de la subida salarial y los conceptos a los que se ligará la parte variable, siempre que sean indicadores medibles y conocidos por las partes.

El acuerdo entre patronal y sindicatos retoma la posibilidad de que los convenios colectivos puedan establecer mecanismos de revisión salarial, teniendo en cuenta indicadores que en cada caso estimen aplicables los negociadores.

Renovación de los convenios

El acuerdo también plantea que se tendrá que impulsar la renovación y actualización de los convenios articulando reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimiento negociador. Tanto sindicatos como empresarios han puesto de relieve que es necesario que se mantenga la vigencia de los convenios durante los periodos de negociación, si bien proponen la renovación y actualización de los mismos respectando la "autonomía" de la voluntad de las unidades de negociación.

Así, ven necesario que los convenios colectivos hagan una "adecuada" revisión e innovación a efectos de garantizar una mayor eficacia. Además, cada una de las partes puede decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario.

En el caso de bloqueo en las negociaciones, el acuerdo establece que las partes negociadoras deben acudir a los sistemas de solución autónoma de conflictos establecidos en el ámbito del estado y de carácter autonómico en el caso de bloque de las negociaciones.

Subcontratación de trabajadores

Por otro lado, las partes firmantes han instado a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sobre la subcontratación de obras y servicios. De hecho, consideran que la regularización de los procesos de descentralización "no debe incentivar la competencia desleal entre empresas ni deteriorar las condiciones de empleo".

Así, con esta modificación se conseguiría que no se empeoren las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que deciden externalizan una parte de su trabajo contratando otras empresas.

Para el mantenimiento del empleo, y como alternativas al despido, proponen adaptar la jornada y propiciar reducciones temporales de la misma, favoreciendo que el trabajador no se vea perjudicado en su protección social ni en su retribución, favoreciendo que la empresa mantenga su plantilla y que se habiliten procesos de formación.

Impulsar cambios en la reforma laboral

Además, sindicatos y patronal se han comprometido a impulsar una reforma del actual marco legal regulador en este área para reforzar "el carácter laboral del sistema definir con mayor concreción las tareas y funciones a realizar por los interlocutores sociales, administraciones públicas y entidades de formación, asegure su financiación y la reanulización automática de los excedentes".