Iberdrola ha enviado esta tarde un escrito al Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional que investiga el Caso Tándem, sobre las actividades  y los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para solicitar a su titular, el juez Manuel García Castellón, la comparecencia voluntaria de todos los administradores y empleados de la compañía, entre ellos, su presidente,  Ignacio Sánchez Galán, según ha comunicado la compañía eléctrica en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Comisión Ejecutiva Delegada del consejo de administración de Iberdrola está muy preocupada por el daño reputacional que sufre la empresa, después de veinte meses de instrucción del caso durante los que el buen nombre y la reputación de la Compañía se ha visto erosionado por constantes filtraciones, insinuaciones y rumores.

Iberdrola es el primer grupo energético nacional y una de las principales empresas española del Ibex 35 y todas esas especulaciones están afectando sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y resto de grupos de interés.

Petición de comparecencia inmediata

La nota de la compañía señala que la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración de Iberdrola considera que declaraciones e informaciones continuadas, ajenas a los intereses de la Justicia, se han dirigido a propagar sospechas sobre la Sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores. Dichas actuaciones, según Iberdrola, vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos, incluso imputados en la propia causa, y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a al eléctrica y a sus directivos actuales.

Como consecuencia de todo ello, la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de
Administración, ha adoptado la decisión de poner a los administradores y empleados de Iberdrola a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera facilitar cuanto antes la finalización de la investigación en curso.

Absoluta transparencia y colaboración con el juzgado 

Iberdrola, en su nota a la CNMV, subraya que ha demostrado absoluta colaboración con el juzgado desde que se iniciaron las investigaciones, en el año 2018. De manera continua, el Consejo de Administración y sus Comisiones han actuado de conformidad con los más estrictos sistemas de gobierno corporativo y han impulsado todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales.

La compañía explica que desde que se produjo la primera noticia en prensa, en la primavera de 2018, la Unidad de Cumplimiento identificó diecisiete facturas abonadas por Iberdrola e Iberdrola Renovables Energía a Cenyt, la sociedad de Villarejo. La dirección de Auditoría Interna realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación de Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente.

Con la apertura de la pieza 17 en el caso Tándem, en noviembre de 2019, se practicó por el Juzgado Central de Instrucción nº6 un requerimiento de información muy exhaustivo, que fue cumplimentado en un plazo de 48 horas, tanto por la Sociedad, como por su filial Iberdrola Renovables Energía.

Un  'fornesic' independiente

La eléctrica sigue explicando que la Unidad de Cumplimiento, adicionalmente, encargó un informe forensic a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), a quien se solicitó una investigación absolutamente independiente y sin limitación, ni intervención alguna en cuanto a su alcance, por parte de la compañía.

Dicho informe forensic de PWC, según Iberdrola, ha incluido la revisión de un número muy importante de documentos, la realización de numerosas entrevistas, el análisis de ordenadores y dispositivos móviles de la cúpula directiva y se ha ido completando y actualizando permanentemente con toda nueva información que se ha ido conociendo. El informe con sus sucesivas actualizaciones se ha venido entregando al Juzgado.

De dicho informe no ha resultado evidencia de ninguna relación del comisario jubilado con otras sociedades del grupo distinta de la documentada en las diecisiete facturas referidas, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos.

Tampoco hay ningún indicio que permita vincular a terceras personas ajenas a las Direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas.