Los hogares españoles se exponen a un repunte extra de la inflación de un punto y medio en los próximos meses. Sería la consecuencia de la retirada de las rebajas de los impuestos de la energía y los alimentos básicos, así como de la supresión de los abonos y las rebajas en el transporte público. Este escalón llegaría tras sendas medias anuales del IPC, de 3 y de 8,5 puntos en 2021 y 2022, y de una previsión de otra de casi 4 para este año.

Es decir, que ese efecto de subida sobre los precios llegaría tras una acumulación de 15,5 puntos en tres años y se sumaría a la de 2024, que previsiones como las del Panel de Funcas —el centro de análisis económicos de las antiguas cajas de ahorro— sitúan en el 3,3%. Esto coloca por encima del 20% el escalón final del cuatrienio.

La pérdida de poder adquisitivo para los salarios resulta evidente, tras un encarecimiento del coste de vida de más de quince puntos en los mismos tres años. Un periodo en el que, según los datos del Ministerio de Trabajo, los sueldos de casi la mitad de los trabajadores han permanecido congelados en cada ejercicio.

Las revisiones medias encadenan una mejora del 8,5% en el mejor de los casos, pero en la práctica no ha llegado, ni de lejos, al resto de los asalariados.

El impacto en los hogares cuyo ingreso principal es de origen salarial resulta incluso más intenso que el que se da entre los dependientes de pensiones, ya que el nuevo sistema de revalorización va a suponer en dos años una mejora de 12,6 puntos tras la de tres de 2022.

"La normalización del IVA sobre los alimentos puede elevar la tasa de inflación en 0,4 puntos porcentuales", mientras que "la retirada de las medidas que afectan a la electricidad y al gas supondría un punto más", estima Funcas. Además, el centro de análisis calcula que "la eliminación de los descuentos al transporte público añadiría una décima" a ese encarecimiento del coste de vida.

"El impacto en el IPC de la reversión de todas las medidas se puede estimar en 1,5 puntos sobre la tasa de inflación. Para estas previsiones, se ha supuesto que un poco más de la mitad de este impacto tendrá lugar en 2024", concluye.

Un golpe de 10.000 millones de euros a los hogares

"Los cálculos de la inflación para el año que viene son muy difíciles por la retirada de las ayudas, que van a generar un efecto escalón. Pero no porque suban los precios, sino porque estos van a compararse con una etapa en la que estaban rebajados", explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.

Esos efectos de subida se mantendrán durante un año, "hasta que la comparación vuelva a hacerse con los precios normalizados", anota la economista, que matiza que el impacto no sería homogéneo, sino que se activa con la retirada de cada ayuda. "Depende del calendario, de la gradualidad" con la que el Gobierno las vaya aplicando, indica.

Todavía no hay decisiones comunicadas sobre ese calendario, aunque los anuncios y declaraciones de miembros del Gobierno apuntan al fin de la rebaja de los impuestos de la energía este año, a un mantenimiento de la modificación del IVA de los alimentos hasta junio y a una modificación de los abonos del transporte.

Estos pasarían a ser gratuitos para pensionistas, desempleados y jóvenes, mientras se perfila un nuevo marco de tarifas general para los usuarios de trenes y autobuses.

Y, ¿cuánto dinero puede suponerle a las familias la retirada de esas ayudas? Resulta complicado estimarlo, aunque los datos de la Agencia Tributaria reseñan una merma de ingresos de 1.294 millones por el IVA de los alimentos en sus primeros nueve meses de aplicación; otra de 406 en el primer año de la reducción de ese tributo en el gas, la leña y los pellets; y una más de 7.330 en el primer año de atenuación de la presión impositiva sobre la electricidad, a la que se han añadido otros 514 de enero a septiembre.

Eso sitúa el impacto de las medidas —que, por otro lado, carecen de factores de progresividad ni de discriminación en función de las rentas al tratarse de impuestos indirectos en todos los casos— en el entorno de los 10.000 millones de euros (1,4 euros diarios por hogar).

Una cifra que se añade a la presión que para esos hogares supone el encarecimiento de hipotecas y créditos como consecuencia de las subidas de los tipos de interés.

Paralelamente, la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en algo más de 2.000 millones de euros en gasto anual de los hogares en billetes de tren (1.076), metro y tranvía (109) y bus y autocar (888), cantidades que han sido parcialmente reducidas por los abonos.

¿Debe aplicarse una subida extra en pensiones y salarios?

"Es muy difícil hacer una previsión de la tasa de inflación interanual de todo el año", señala Fernández, ya que en esas estimaciones hay que tener en cuenta, por un lado, el impacto en los precios de las medidas locales de alivio.

Y, por otro, se mantienen factores de incertidumbre, como los que pueden derivarse del conflicto de Oriente Medio y sus eventuales impactos en los precios del petróleo y, con ellos, en el resto de la energía y las cadenas productivas.

Sí parece, no obstante, que "el aumento de los precios comienza a reducirse de manera significativa en algunos grupos como los alimentos elaborados, que, excluido el aceite, llevan tres meses en niveles normales", explica la economista. Además, anota que "la tasa interanual sigue siendo alta, porque refleja las subidas de los primeros meses del año".

La tendencia alcista de la tasa interanual, que en octubre escaló al 3,5%, "tiene relación con el efecto escalón de los precios de la energía", ya que los alimentos, aunque se mantienen presiones como las derivadas de las situaciones de escasez por las malas cosechas, "no están tirando al alza de los precios, aunque mantienen niveles más elevados que antes de la pandemia".

En ese escenario, la previsión de impacto que la retirada de las medidas de alivio puede tener sobre el coste de la vida sitúa al Gobierno y a los agentes sociales ante una disyuntiva: ¿Debe o no aplicarse ese punto y medio de encarecimiento extra en la revalorización de las pensiones y en las negociaciones salariales?

Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, considera que "el sistema de revalorización de las pensiones está muy claro en la segunda reforma, y cambiar ese criterio es complicado, porque se trata de una norma que ya hemos asumido".

En el caso de los salarios, las subidas medias pactadas en convenio se sitúan en el 3,46%, en el entorno de la previsión final con registros superiores al 4% en cinco comunidades (Murcia, Euskadi, Aragón, Baleares y Navarra) y en los de empresa en otra más (Galicia).

No obstante, añade, "si se considera que el efecto del IPC o de los tipos de interés son problemas que debe tratar el diálogo social, este estará encantado de hacerlo".