El Gobierno español aspira a reducir sus tasas de pobreza en hasta un 80% en su nivel más extremo, implantando un programa de ingresos mínimos garantizados con el que también pretende atajar la economía sumergida y mejorar la distribución de las rentas en el país, que suponen algunas sus grandes carencias frente a otros países europeos.

El consejo de ministros aprobará previsiblemente el próximo martes 26 de mayo el ingreso mínimo vital (IMV), con un coste anual de 3.000 millones de euros que pretende alcanzar a 850.000 hogares y 2,5 millones de personas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (quien fuera economista jefe en BBVA), ha sido el encargado de estructurar este programa pionero en España, que creará una tarjeta social única en la que se coordinarán todos las ayudas actualmente disponibles, en un país donde la comunicación entre las diferentes administraciones es con frecuencia deficiente.

"Es una solución estructural a un problema muy agudo que existe en España, donde la pobreza extrema y la falta de distribución de la renta está muy concentrada en las rentas muy bajas", explica el ministro en una entrevista con Reuters.

Escrivá cree que desaparecerán al menos el 80% de los hogares españoles que ahora tienen ingresos de 200 euros mensuales (en 14 pagas) y que España se acercará a la media de pobreza relativa europea.

El salario mínimo en España es de 950 euros (en 14 nóminas como es costumbre en el país) o 1.108 euros en comparativa internacional. La renta mínima garantizada para un adulto que viva solo será al menos la mitad, es decir en torno a 475 euros en las 14 pagas que se van a abonar o unos 550 euros si se pagara en 12.

Cada hijo o adulto a cargo sin ingresos subirá este nivel, y habrá una prima para familias monoparentales que supondrán al menos un 10% de los beneficiarios.

Algunos criterios como la cuantía máxima que podrá recibir un hogar aún no están decididos.

La ayuda estatal será compatible con otros ingresos, incluidos salarios, para incentivar la búsqueda de empleo. De forma temporal, el beneficiario podrá recibir un salario superior al ingreso mínimo vital y seguir recibiendo la ayuda.

"Vamos a propiciar la existencia de lo que podemos llamar la tarjeta social universal donde van a aparecer todas las prestaciones, no solo las nuestras sino las de todas las comunidades autónomas lo que va a ser un identificador del estado del bienestar", dijo Escrivá.

Esta tarjeta aglutinaría diferentes ayudas, como becas o ayudas al alquiler y daría, según Escrivá, una visión más completa de la red asistencial que protege a un individuo en particular.

Además, las empresas también podrán utilizar a los usuarios de estas tarjetas para programas de ayudas, lo que será reconocido por la Administración con un sello de inclusión.

Las comunidades autónomas desarrollan ya diferentes programas de rentas mínimas que solo cubrían el 20% de los potenciales beneficiarios, según las autoridades europeas.

"Nuestra prestación va a ser el mínimo estatal y las comunidades autónomas van a pasar a ser complementarias y subsidiarias a las nuestras. (...) decidirán con los recursos que utilizan en este momento cómo les parece la mejor forma de complementar o suplementar la prestación", explicó el ministro.

El mercado laboral español sufre de algunos problemas endémicos como un elevado desempleo (el segundo más elevado de Europa después de Grecia) y altos niveles de economía informal y de trabajadores pobres (la proporción más alta tras Rumanía y Grecia), tres aspectos sobre los que aspira a incidir el programa.

"Esta es una oportunidad para reducir la informalidad. Vamos a exigir que los titulares de esta prestación tengan que hacer la declaración de la renta", dijo a Reuters.

"Al menos un 30% de los beneficiarios que vamos a tener no son empleables y antes hay que ayudarles con problemas de salud o formación", explica Escrivá, que cree que la diferencia clave con una renta básica universal va a ser la posibilidad de adaptar la ayuda a las situaciones de manera más específica.

El Gobierno entiende que va a haber usuarios difíciles de encontrar por su grado de marginalidad, por lo que trabajará con el tercer sector y con los ayuntamientos para llegar al máximo número posible.

El ministro cree que el programa es más "moderno" y por lo tanto será más eficaz que otros modelos de rentas garantizadas que se han implementado en Europa.

Según las recomendaciones de las autoridades europeas a España emitidas esta misma semana, el país era en 2019 el que menos ayuda por hijos concedía en toda la Unión Europea.

Con todo, Escrivá no espera que la medida reduzca mucho las largas colas en Madrid frente a los bancos de alimentos que se ven estos días. El ministro, que también regula la inmigración, cree que muchos son migrantes o refugiados y será necesario ser residente legal en España por un tiempo para poder solicitar el ingreso.