Bienvenidos al paraíso de los ricos. Suiza exhibe ante el mundo una imagen de neutralidad política desde que, en 1.515, perdió ante el Ejército francés la trascendental Batalla de Marignano. En esta villa lombarda, denominada en la actualidad Melegnano, la llamada Liga de Cambrai —una coalición contra la entonces República de Venecia que se disputaba los territorios, hoy italianos, del norte de la península trasalpina—, propició que Suiza abandonara los principios expansionistas y abrazara la estrategia de no intervención en asuntos exteriores. Aunque fue tras la invasión napoleónica de su territorio cuando la comunidad europea otorgó el reconocimiento internacional a la existencia de un espacio que mantuviera a raya los imperialismos francés y austriaco por ser de suma ayuda para la paz. Desde esa fecha, decir Suiza es sinónimo de ser neutral. O, dicho de otra forma, centro de refugio de personas y fortunas. Como se demostró durante las dos grandes contiendas bélicas mundiales.

Pero el estado alpino por excelencia también alardea de la eficiencia de su modelo confederal, que une los designios de 26 cantones con elevados grados de soberanía —sobre todo en asuntos como la fiscalidad—, o de su larga impronta de democracia directa, que les ha llevado a convocar más de 600 consultas populares, cantonales o estatales, desde que, en 1.848, instaurara el método de la consulta social a sus algo más de 10 millones de habitantes, para dirimir en las urnas una gran variedad de asuntos sociales, económicos, financieros o institucionales; desde el mantenimiento del servicio militar obligatorio o que los reservistas conserven el derecho a tener armas en sus hogares, hasta decidir temas tan precisos como la aplicación de una rebaja a la tasa de televisión, pasando por el rechazo a la ampliación de los periodos vacacionales o a la renta básica universal. Basta con reunir 100.000 firmas para que el país opine en referéndum. Eso sí, bajo el indiscutible principio de que el resultado de sus comicios es de obligado cumplimiento. Es decir, que sus designaciones son vinculantes.

Suiza se jacta de ser, al mismo tiempo, una de las naciones más segura, limpia y civilizada. Además de una de los más opulentos. No en vano, posee una de las rentas per cápita más altas del planeta: algo más de 76.600 dólares anuales. Sólo Qatar, Luxemburgo, Singapur, Brunei, Irlanda, Noruega, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos le anteceden en esta clasificación, afirma el FMI. Y de poseer un modelo educativo excelso en sus distintos escalafones, desde la formación infantil hasta universitaria y postgrado -capaz de preservar la gran variedad cultural, lingüística y religiosa de sus residentes- o de ostentar unas cotas de innovación tecnológica sin parangón en el mundo. Por si fuera poco, para el World Economic Forum (WEF) es la economía más competitiva por octavo año consecutivo; y no parece que sea, precisamente, porque el cuartel general de este emblemático club de pensadores, el think-tank más global, probablemente, que convoca cada mes de enero a empresarios y políticos, se reúna en el retiro alpino de Davos.

Renta per cápita en Suiza

Héroe económico o villano fiscal

Sin embargo, para ciertos observadores internacionales la Confederación Helvética es, en realidad, uno de los más peligrosos. Sus argumentos giran en torno a otras dos peculiaridades del Swiss way of life: el secreto bancario y su estatus, nunca declarado oficialmente —claro está—, de paraíso fiscal. Galardón que empezó a obtener a mediados de los años veinte del siglo pasado, cuando en Francia se estableció un Impuesto sobre la Renta que gravaba a las grandes fortunas con hasta un 75% de sus ingresos para combatir los efectos de la Gran Recesión y Alemania se afanaba en contener una masiva fuga de capitales tras el armisticio de Versalles, que deparó duras sanciones a Berlín como responsable del estallido de la Primera Guerra Mundial y que aupó al nazismo al poder. Y que se consolidó en 1934, año en el que las autoridades suizas aprobaron las leyes del secreto bancario y castigaron severamente la violación de su sacrosanto principio de la opacidad. Más de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer como banquero a quien denunciara con nombres y apellidos a un cliente de la industria financiera. Todo un efecto llamada para las clases más pudientes. Porque los activos extranjeros se multiplicaron por diez en la década posterior. En la actualidad, según Boston Consulting Group, atesora más de 2,3 billones de dólares, el doble que el PIB español y que la fortuna foránea de su inmediato rival en estas lides: Hong-Kong.

En este contexto, no resulta extraño que la policía helvética detuviera, en enero de 2011, a Rudolf Elmer, acusado de saltarse la estricta regulación suiza contra la revelación de clientes de la entidad donde trabajo, el banco de inversión suizo Julius Bär, a Wikileaks (desvelado y admitido por Julian Assange, su fundador) en una espectacular captura policial. A pesar de que los cargos contra él se remontaran a 2005, el contacto con la red de revelación del empresario australiano, bajo custodia en la Embajada de Ecuador en Londres, se produjera en 2008 o de que la Justicia estadounidense impusiera en 2016 a Julius Bär una multa de 547 millones de dólares por cooperar en la evasión fiscal de clientes americanos. Tampoco que Hervé Falciani, programador en HSBC que filtró datos de miles de defraudadores de este banco de inversión, haya decidido refugiarse en España y que la Fiscalía General del Estado, acabe de decidir negar la extradición, por segunda vez, a Berna bajo el argumento de que la información tributaria fue enviada a las autoridades impositivas de sus países de origen para su posterior investigación judicial.

Sin duda, una de las voces más beligerantes contra el secreto bancario y la permisividad tributaria suiza es la de Tax Justice. Esta organización no gubernamental, nacida para perseguir y combatir el lavado de capitales, la corrupción y las evasiones tributarias, sitúa a Suiza como primer destino del dinero negro en su ranking (Financial Secrecy Index) de 2018. Por delante de EEUU y de las Islas Caimán. En su diagnóstico, habla de retrasos en la aplicación de los pactos de intercambio de información fiscal suscritos con las autoridades de otras latitudes —sobre todo, europeas y del resto de potencias industrializadas— y del bajo cumplimientos de los acuerdos multilaterales conocidos como Erosión de la Base Imponible (BEPS), auspiciados por la OCDE, el G-20 y la UE para acabar con los vacíos legales sobre repatriación de beneficios y devolver a las arcas de los tesoros nacionales parte de los 240.000 millones de dólares que, cada año, dejan de percibir las haciendas nacionales de todo el mundo. El 10% de lo que se recauda por los impuestos de sociedades. Sólo las 500 mayores corporaciones de EEUU mantienen más de 2 billones de dólares de sus beneficios en centros off-shore, más del doble que en la década de los ochenta.

Pero Tax Justice no se queda en este punto. También arremete contra los constantes y reiterados intentos legislativos por retrasar la batería de medidas anticorrupción acordadas, esencialmente, con sus vecinos de la UE. En concreto, por las normas de transparencia sobre fondos que recalan en Suiza procedentes de empresas extranjeras o de patrimonios individuales foráneos. Algo que atenta contra el objetivo de “una planificación impositiva eficiente y concordante con un ambiente justo para hacer negocios y para el desarrollo de las sociedades civiles” que pregona la OCDE. Y que no contribuye precisamente a ganar la batalla contra la lacra de la evasión tributaria, valorada en más de 32 billones de dólares —la suma de las economías de EEUU, China y Japón, las tres de mayor dimensión del planeta— y que se esconde en territorios off-shore. El 10% de la riqueza total.

El secreto bancario, en el disparadero

El capital, por definición, fluye. Se mueve entre mercados. Es transfronterizo. Quizás por este sea el motivo por el que los bancos suizos no temen ninguna guerra económica externa ni interna para acabar con su secreto mejor guardado. Como tampoco importunó demasiado a su poderoso sector bancario la primera de las detenciones, hace ahora diez años, apenas unas semanas antes de la quiebra de Lehman Brothers, y que empezó con el arresto del banquero de UBS Bradley Birkenfeld y que costó a la banca suiza una sanción de 6.000 millones de dólares por varios delitos vinculados al secreto bancario. Entonces, con la canciller Angela Merkel enfatizando, sin tapujos, saltándose el tabú internacional, que Suiza era un paraíso fiscal, a propósito del caso Liechtenstein contra más de 200 fortunas germanas, y cuyos rastros delictivos trascendieron del Gran Ducado hasta llegar a varios cantones helvéticos, a raíz de otra base de datos entregada a la Hacienda de Berlín, corría el año 2009. Y las fechorías fiscales, escasamente un año después del estallido de la crisis financiera, la contestación social —y política— por estas prácticas dañinas —catalogadas de esta forma tal liviana por la OCDE— dejaron de considerarse, al parecer momentáneamente, como ingeniería tributaria. O táctica de optimización fiscal.

Diez años después, la gran banca de inversión —y de acumulación de activos— Suiza continúa con su negocio. Inicia trámites de intercambio de datos en causas judiciales abiertas contra sus clientes en el exterior, cuando le son requeridas. Aunque casi nunca en tiempo y forma y, según aducen fuentes judiciales, no todo lo completas que serían necesario para perseguir los presuntos delitos de corrupción. Es decir, que su modus operandi permanece inalterable.

“Evidentemente, el final del secreto bancario sería también la defunción de los bancos suizos, que perderían con ello toda su ventaja competitiva”, aseguraba recientemente a Bloomberg el profesor de la Universidad de Boston Mark T.

Williams, para quien, un decenio más tarde del credit crunch de 2008 “claramente, no ha ocurrido”. Su vaticinio apunta a que la gestión de activos financieros, con la opacidad con la que la conocemos en la actualidad, persistirá durante mucho tiempo. Aunque no atisba el mismo escenario a su estatus de paraíso fiscal. “No puede sobrevivir demasiado”, aclara. Si bien su tesis resulta poco contundente: la reputación de Suiza ante la oleada de intentos legislativos en Europa y EEUU, sobre todo, para recuperar los beneficios expatriados, especialmente de multinacionales, pero también de empresas de menor dimensión y actividades profesionales, quedaría seriamente dañada. Y sigue siendo el centro off-shore más preeminente del mundo. Sobre el que autoridades políticas, económicas y monetarias, no desaprovechan ninguna ocasión para elogiar sus virtudes.

El gobernador de su banco central, Thomas Jordan, ha apelado estos años a la estabilidad del país, al buen funcionamiento de su sistema judicial, la baja inflación y la condición del franco suizo —que ancló al inicio de 2015 su tipo de cambio al del dólar, una maniobra alejada de cualquier ortodoxia del libre mercado—, como moneda refugio para incentivar la industria financiera. Una artimaña del lenguaje para expresar, de manera sutil, que el secreto bancario es sinónimo de seguridad jurídica para las grandes fortunas del planeta.

El anuncio, a bombo y platillo, del final del secreto bancario ha sido, pues, una entelequia. El único efecto sobre la gran banca suiza es que ha reducido el número de entidades, de más de 300 a 253 a finales del año pasado, pero sigue gozando de buena salud y, por supuesto, el negocio está lejos de desaparecer, asegura Nuno Fernandes, decano de la Escuela de Negocios Católica de Lisboa. Es cierto que los beneficios de Credit Suisse o UBS se han reducido a la mitad respecto a los ejercicios previos a la crisis. En gran medida, por la creciente preocupación de los clientes por declarar sus activos. Pero los mercados financieros, pese a su volatilidad, siguen generando cerca del 90% de las carteras de los bancos de inversión suizos. Han perdido cuota de mercado. En general, porque se han ralentizado la gestión de activos opacos. Al fin y al cabo, dicen los analistas, la banca suiza ha tenido que sufragar un cheque multimillonario de sanciones en el exterior; sobre todo en EEUU donde las transacciones financieras están muy vigiladas por la ley de seguridad nacional.

Reinventarse o morir

Ante esta tesitura, Suiza procura reinventarse a sí misma. Uno de los últimos intentos se produjo el pasado 10 de junio. Ese día, se instalaron urnas para decidir si se prohibía a los bancos fabricar dinero. La llamada Iniciativa Vollgeld, popular, pretendía que sólo el Banco Nacional de Suiza (BNS) fuera el depositario de tal potestad. En lugar del sistema bancario del país, al que se le entrega la opción de fabricar dinero a través de apuntes contables.

Fue rechazado por el 75% de la población. O, dicho de otro modo. Sólo uno de cada cuatro suizos desea cambiar las reglas financieras confederales. El propio Jordan calificó la iniciativa popular de "experimento peligroso", rechazando cualquier conato de que Suiza cediera la masa monetaria en circulación a su organismo regulador. Como sucede en el resto de las economías. Ante la inquietud de las delegaciones de los grandes bancos de inversión de EEUU y Reino Unido —también europeos y japoneses— en suelo helvético por la sola posibilidad de cambio. Y a pesar del escepticismo en el mundo académico, partidario de aplicar mayor seguridad al control del dinero. En pleno boom de las transacciones electrónicas, con cinco bancos suizos declarados de riesgo sistémico y, según los partidarios de la Iniciativa Vollgeld, en un país en el que tan solo el 10% de la masa monetaria es dinero contante y sonante; el resto, o es electrónico o es el resultado de operaciones contables.

Tampoco es del agrado de las autoridades suizas las normas de equivalencia regulatoria que exige la UE con las normas MiFID II, que deben adaptar todos sus socios a lo largo de este año. Es una cuestión de estado. Porque la propia presidenta helvética, Doris Leuthard, ha puesto el grito en el cielo en contra de una norma que facilita las operaciones bursátiles transfronterizas bajo controles de supervisión. A Suiza no le gusta una regulación “claramente discriminatoria que pone en riesgo las relaciones bilaterales en otros asuntos geoestratégicos”, en palabras de Leuthard. La MIFID II europea sigue la estela de las leyes de endurecimiento en los requerimientos a los bancos que se instauraron tras la crisis para acometer la recapitalización de las entidades financieras, aunque va en dirección opuesta al intento de la Administración Trump de reducir la carga de exigencia de la Dodd-Frank de Obama de 2010 que convence más a las autoridades de Berna.

La industria bancaria considera que las normas europeas son demasiado estrictas en un momento en el que los gastos asociados al cumplimiento de los requerimientos regulatorios sobrepasan los 100.000 millones de dólares, después de que hayan tenido que pagar más de 321.000 millones de dólares por sus responsabilidades en la crisis ante tribunales de todo el mundo. "Europa trata de debilitar la posición de Suiza como centro financiero global", asegura Leuthard que, a buen seguro, tiene muy presente en su diagnóstico que la banca suiza totaliza aún el 9,1% del PIB; el segundo país más bancarizado del mundo. Sólo por detrás de Singapur.

El centro financiero suizo hizo una contribución del 9.1 por ciento al PBI el año pasado

La salida que Suiza baraja para no perder su privilegiado sillón preferente en las finanzas globales es el de convertirse en una cripto-nación. Y, para ello, cuenta con el proyecto piloto de su región de Zug, el cluster de innovación empresarial del país helvético. Su Silicon Valley cantonal. Johann Schneider Ammann, su titular de Economía, es un firme convencido de ello. "Suiza debe liderar el uso de las criptomonedas" y el blockchain o cadenas de bloques, a las que ve como el futuro maná de los negocios bancarios. En compañía de fintechs, sus catapultas hacia la digitalización. Porque Suiza es el líder casi indiscutible, según la práctica totalidad de los think-tanks tecnológicos, en los avances hacia la Cuarta Revolución Industrial, en el Internet de las Cosas, en el desarrollo de todo tipo de aplicaciones que hagan viajar en tiempo real el dinero a través de plataformas de negocios on line. Se ha convertido en semillero de startups de tecnología financiera en el último trienio. En áreas como el de pagos internacionales; gestión de activos; digitalización de carteras de inversión privadas; contratación de seguros, crowdfunding y, por supuesto, operaciones con criptomonedas. Todo electrónico.

Marc P. Bernegger es uno de los asesores del ministro de Economía en la apuesta por el modelo del bitcoin y sus divisas hermanas. Está sumergido en este propósito desde 2012, cuando Ammann le encomendó la tarea de bucear en las bondades de las criptomonedas. A su juicio, Suiza es el lugar ideal para implantar una iniciativa de estas características. "Es una economía con un código de fiscalidad completamente descentralizado, en el que cada cantón tiene sus propias normas y soberanía tributaria", hasta el punto de que barrios del extrarradio de Zúrich disfrutan de ventajas en la fiscalidad al capital adicionales al del centro financiero por antonomasia del país.

"El sistema confederal hace que compitan entre ellos los distintos cantones, lo que les confiere un cierto componente de eficacia y nuestra democracia directa les resta poder a los gobernantes en su deseo de regular determinadas esferas del ámbito socio-económico", explica este gurú, para el que Liechtenstein, Gibraltar o Malta "están haciendo también un buen trabajo en esta dirección", pero se topan con la necesidad y la presión de sus dirigentes a regular este tipo de pagos. “Suiza se encuentra en disposición de acelerar sin obstáculos” en un asunto que resulta “extremadamente popular” y que ya tiene firmas reales. Como SwissRealCoin, compañía inmobiliaria que determina el precio de sus viviendas al valor de su criptomoneda.

Zug, que debe su nombre al lago que domina gran parte de su territorio, "es el centro espiritual de la reconversión digital y financiera" de Suiza desde que, en 2013, la Fundación Ethereum puso en marcha esta incubadora de tecnología financiera digital, al calor de las facilidades impositivas y de las ayudas de las autoridades cantonales a un proyecto que ya cuenta con varios centenares de firmas de mediana dimensión. "Es nuestro cripto-valley", dice Ammann, para quien el futuro de la Confederación Helvética debe ligarse al de "un mercado tangible de activos denominados en cirptomonedas". Porque, más tarde o más temprano, aduce, el secreto bancario y las ventajas impositivas desaparecerán.