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Los sindicatos de la Administración de Justicia de Galicia en la manifestación del sábado por las calles de Santiago de Compostela. EFE/Xoán Rey.

Galicia La negativa de la Xunta a negociar la oferta de los funcionarios mantiene la parálisis de los juzgados gallegos

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En los últimos dos meses se han suspendido unos 20.000 juicios y 30.000 trámites judiciales ordinarios. Además, miles de viudos y viudas no pueden tramitar sus pensiones porque los registros civiles no expiden certificados de defunción y tampoco de nacimiento

España

El sistema está completamente paralizado en Galicia por la huelga de los funcionarios de los juzgados, que acaba de cumplir dos meses y que empieza a afectar gravemente a otros sectores sociales y profesionales de la comunidad. El paro continúa tras más de quince reuniones fallidas entre los sindicatos y la Xunta, pero las posturas siguen muy distanciadas.

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Los sindicatos reclaman una subida de 180 euros mensuales en el complemento autonómico transitorio (CAT) que la Xunta liquida en las nóminas que abona el Estado a los funcionarios, y que debería hacerse efectiva en dos años. Pero el Ejecutivo autonómico sólo ofrece un incremento de 130 euros que no se alcanzaría hasta dentro de tres ejercicios. La negativa del vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Adminstracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, a sentarse a negociar en persona con los trabajadores si estos no desconvocan antes la huelga, no ayuda a limar las diferencias. 

La parálisis de los juzgados, que en los últimos dos meses ha obligado a suspender miles de juicios y trámites ordinarios, afecta también a los registros civiles, que no expiden certificados de defunción y que impiden que miles de viudos y viudas puedan tramitar sus pensiones. Tampoco de nacimiento, lo que deja en un limbo legal a cientos de bebés. 

Los trabajadores afectados por despidos improcedentes o nulos no pueden demostrar que lo han sido y, por tanto, reclamar la debida indemnización de su empresa y su correspondiente prestación por desempleo. Los procuradores se han quedado prácticamente sin carga de trabajo, y los abogados, que tienen que seguir preparando sus casos y desplazándose para presentarse a las vistas señaladas aunque no saben hasta el último momento si el juicio se celebrará o no, han dejado de pasar minutas. A los letrados de oficio, la Xunta aún no ha pagado lo que les debe por los casos defendidos en el último trimestre del año pasado. El Colegio de Abogados de A Coruña ya usa fondos propios para adelantarles esas cantidades. 

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La manifestación del sábado reunió a más de 1.500 personas

“No sabemos por qué no quieren seguir negociando”, dice Xesús H. Sánchez, responsable nacional del sector de Justicia de la Confederación Intersindical Galega (CIG), quien el pasado sábado, en la manifestación que reunió a más de 1.500 personas en Santiago para reclamar a la Xunta que recupere el diálogo, aseguró que el Ejecutivo de Feijóo se levantó de la mesa hace casi veinte días con una nueva oferta de la parte social a la que todavía no ha contestado. Desde entonces, la única respuesta ha sido el silencio. 

Los trabajadores reclaman más inversiones en los juzgados que permitan dotarlos de más medios y del personal necesario para solucionar el gravísimo atasco que ya sufrían desde antes de la huelga –según el Consejo General del Poder Judicial, Galicia es la segunda comunidad autónoma española con mayores retrasos-. 

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Además, reclaman una subida media de 180 euros al mes en tres años para equiparar sus salarios a la media nacional –algunos funcionarios gallegos cobran hasta 500 euros mensuales menos que otros de su misma categoría en otras comunidades, como el País Vasco-. También demandan mejoras en sus condiciones laborales, que en la actualidad permiten, por ejemplo, que se les descuente de sus nóminas el salario de los primeros días en los que están de baja por enfermedad. 

El mismo sábado en el que se celebró la manifestación en Santiago, el departamento que dirige Alfonso Rueda emitió un comunicado en el que aseguraba estar dispuesto “a dialogar y a negociar” con los sindicatos “siempre dentro del marco del escenario económico planteado en la última oferta “ que hizo. Es decir, que no sólo no entra a valorar la contraoferta que posteriormente propusieron los trabajadores, sino que se enroca en su posición y la convierte en línea roja para cualquier reapertura de las negociaciones. Algo que los sindicatos no parecen dispuestos a aceptar. 

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La Xunta explica que si aceptan su propuesta, a los trabajadores de los juzgados se les aplicaría una subida salarial del 14% -unos 300 euros al mes de media- que se haría efectiva progresivamente durante los próximos tres años. Pero incluye en ella una partida que la propia Xunta admite que no sufraga: el incremento global de los sueldos de los funcionarios españoles que ya figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados, y que ya prevé un aumento de alrededor del 9% en tres años que se ejecutaría con subidas del 1,5% este ejercicio, del 1,75% en el 2019 y del 2% en el 2020. 

“La oferta de la Xunta ni siquiera llega para cubrir el recorte salarial aplicado en estos años”

Los sindicatos advierten de que existe un riesgo cierto de que esos presupuestos no lleguen a aprobarse. Y explican que, de hacerlo y de aceptar la propuesta del Ejecutivo gallego, se mantendría la desigualdad salarial entre los funcionarios de esta comunidad y los del resto de España. “El complemento autonómico transitorio (CAT), que es la parte de la nómina que paga la Consellería, es el segundo más bajo de las autonomías con las competencias transferidas”, explican los responsables de la CIG. 

“Además, entre los años 2013 y 2016 este complemento fue duramente recortado, y los funcionarios vieron reducidas sus retribuciones entre 3.400 y 10.000 euros” según su categoría. “La oferta de la Xunta ni siquiera llega para cubrir el recorte salarial aplicado en estos años”, concluyen. 

La CIG denuncia también la estrategia de la Xunta para “criminalizar a los trabajadores y trabajadoras y al comité de huelga publicando basura” y “datos falsos”, enrareciendo las negociaciones y dificultando el diálogo. Para Manuel González, de UGT, el vicepresidente Rueda es, sencillamente, “un mentiroso”. 

Esa estrategia de la Xunta se suma a la negativa de Rueda a negociar personalmente con los trabajadores y a las declaraciones de algunos altos cargos de su departamento, que llegaron a decir que los funcionarios que no estuvieran contentos con sus condiciones laborales siempre tenían la opción de emigrar a otras zonas de España. 

Lo cierto es que la Xunta se está ahorrando una ingente cantidad de dinero con la huelga. A los funcionarios se les descuenta una media de entre 65 y 70 euros por cada jornada de huelga, y dado que son en torno a mil los que la secundan y ya han transcurrido cuarenta jornadas laborales, el saldo son más de cinco millones de euros perdidos en salarios y en la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Es decir, que por la parte proporcional que abona por el CAT, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ya se habría ahorrado buena parte de la subida que reclaman los funcionarios, muchos de los cuales ni siquiera la verán contemplada en sus nóminas porque se jubilarán antes de que llegue a completarse. 

El pasado viernes, el Consello Galego da Avogacía se puso a disposición de la Xunta y los sindicatos “para tratar de acercar posiciones de la manera más urgente posible para resolver esta situación que perjudica gravemente a la ciudadanía” que ya está sufriendo seriamente la falta de acuerdo. 

Desde que empezó la huelga se han suspendido alrededor de 500 juicios al día, lo que supondría unos 20.000 en todo este periodo si se cuenta con 20 días laborables como referencia.

Algunos eran de relevancia política y social como el que sienta en el banquillo a un alcalde del PP y a varios de sus concejales por un gran pelotazo urbanístico en el municipio lucense de Barreiros, o como el que promueve el narcotraficante Laureano Oubiña contra la cabeza de las madres contra la droga, Carmen Avendaño. También se han suspendido más de 30.000 trámites judiciales ordinarios, entre ellos las declaraciones de testigos de otros casos que afectan directamente a la Xunta, como el de la muerte de pacientes de hepatitis C a los que el Servicio Galego de Saúde negó el tratamiento que precisaban. 

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