El Tribunal Militar Central ha condenado a dos tenientes coroneles del cuerpo de Intendencia del Ejercito de Tierra a dos años de prisión acusados de recibir contraprestaciones a cambio de proporcionar información privilegiada a contratistas del Ministerio de Defensa.

Existe un voto particular del propio presidente la Sala en el que abogaba por la imposición a cada uno de los condenados de la pena de tres años de prisión con pérdida de empleo, algo que determinaría su baja en las fuerzas armadas.

Ambos han sido condenados por un delito continuado contra el patrimonio en el ámbito militar, mientras que tres empresarios han sido condenados por cohecho a multas que no superan los 600 euros.

Tal y como comenta a Público el abogado especializado Germán Salido, aunque la pena a la que han sido condenados los oficiales no implica automáticamente la pérdida de empleo (al ser la pena correspondiente a un delito ‘menos grave’, artículo 11.2 del Código Penal Militar), al tratarse de un delito doloso, la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas prevé como falta muy grave haber sido condenado por sentencia firme a pena de prisión (art. 8. 14).

"Una vez que la sentencia sea firme, a los condenados se les podría abrir un expediente disciplinario que podría terminar en la expulsión del cuerpo", añade este letrado, que no defiende a ninguno de los condenados.

En la sentencia, puede ser recurrida en casación ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, queda probado que ambos proporcionaban información a empresas en procedimientos de adjudicación de contratos públicos sobre dichos contratos, les asesoraban para la presentación de ofertas o recursos, e incluso llegaron a redactar o preparar los escritos correspondientes a dichas empresas.

A cambio, los oficiales solicitaban y recibían contraprestaciones en metálico, que dividían por partes iguales, así como obsequios, invitaciones a comidas o espectáculos, e incluso la contratación de sus hijos como empleados de las empresas a las que “ayudaban” u otras empresas vinculadas.

Según la sentencia, se aprovecharon de su condición de oficiales de alto rango con responsabilidad en intendencia — en órganos relacionados con la contratación pública de la administración militar— para "ejecutar el hecho delictivo con mayor facilidad y menor riesgo de ser descubiertos".

Según una nota de Jurisdicción Militar, "uno de los tenientes coroneles, que por razón de su puesto en el Programa de Modernización de la Contratación mantenía reuniones y contactaba con empresas participantes (en procedimientos de adjudicación de contratos públicos del Ministerio de Defensa o adjudicatarias de dichos contratos) ponía al otro teniente coronel, experto en los aspectos prácticos de la contratación pública, en relación con tales empresas, así como sus directivos, representantes y empleados".

En esta trama, los oficiales se beneficiaban de cobros en metálico –en cantidades que superaron los 20.000 euros—, recibían relojes de lujo e invitaciones al palco del estado del Real Madrid Santiago Bernabéu, informa Infolibre. El caso arrancó en noviembre de 2014 gracias a un ‘chivatazo’ a la Dirección General de Asuntos Económicos de Defensa, que revelaba que estos dos mandos estaban cobrando comisiones a contratistas del ministerio, informaba en su momento El País.