A Pancho Campos le pusieron un stern en la arteria coronaria derecha en el 2006, justo después de sufrir una angina de pecho que casi acaba con su vida. Los médicos le dijeron que tenía la artería atascada casi por completo, y que desde entonces debía convivir con ese un ingenio que le implantaron interviniéndole de urgencia para desobstruir su riego sanguíneo.

Campos, ex marino mercante que trabajó toda su vida como jefe de máquinas de grandes petroleros, tenía entonces 54 años, y desde entonces tiene que someterse a revisiones periódicas que incluyen pruebas de esfuerzo todos los años. Ahora tiene 66, y la última se la hizo en julio del 2015. Así que la siguiente debería habérsela hecho como muy tarde en el verano del 2016. Pero han pasado casi dos años y el Servicio Galego de Saúde aún no le ha llamado. “Es una vergüenza, la Xunta está jugando con mi vida”, dice.

Pancho es Francisco José Campos Dorado, está jubilado y vive en Ribadeo con la pensión que le quedó después de que su enfermedad le obligara a dejar su trabajo anticipadamente. Su subsidio que representa el 75% de lo que cobraría si se hubiera retirado a la edad que le correspondía. Ahora, acaba de presentar una denuncia en el juzgado de Mondoñedo, en Lugo, para reclamar a la Xunta que le hagan ya la prueba que necesita, para no vivir pensando que cualquier día su corazón puede volver a fallar. Se ha dirigido en varias ocasiones al servicio de Atención al Paciente del Hospital da Costa de Burela, en la Mariña lucense, pero el Sergas no le ha hecho caso.

“La gente del hospital es muy amable, me tratan bien, es verdad. Pero el sistema no funciona”, afirma. “¿Cómo es posible que hayan pasado casi tres años desde la última prueba de esfuerzo y que el Sergas no me haya llamado, y ni siquiera me haya contestado?”.

Pancho Campos frente al juzgado de Mondoñedo. PANCHO CAMPOS

Este año, Campos contactó con la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de A Mariña, que le ayudó a redactar una reclamación que presentó el pasado 19 de abril. No obtuvo respuesta, a pesar de que la ley obliga a la administración sanitaria a contestar como muy tarde en un mes. La gota que colmó el vaso, asegura, fue que cuando acudió a su farmacia a retirar la medicación que toma desde el 2006, se encontró con que se la habían modificado, sin que nadie le alertara de ese cambio. “Cuando le pregunté a mi médico de familia, gran profesional y que se interesa mucho por sus pacientes, me dijo que le dieron órdenes escritas para ese cambio”, explica.

Campos denunció al Sergas el pasado 11 de mayo, y pocos días después empezó a contactar con los medios. Quiere acusar públicamente “a la gerencia del Sergas y a la Xunta de Galicia de despreciar a los pacientes, pues parece que el servicio de salud pública está en manos de políticos manipuladores que sólo quieren ahorrar dinero”.

Para los portavoces de la Plataforma, su caso “supera con mucho los límites tolerables y la infinita paciencia de los ciudadanos de cara a la administración, que día tras día devuelve esa consideración en forma de desprecio, burla y falta de respeto”. “Exigimos a la gerencia del Sergas que se deje de propaganda ambigua y autocomplaciente y se ponga a trabajar de verdad en una gestión en función de las necesidades de la población y que no prime criterios economicistas”, reclaman.

El caso de Campos no es el único que ha ocurrido en los hospitales de Lugo. Hace unas semanas, la plataforma denunció también el de otro paciente que lleva esperando ocho meses para que le hagan un cateterismo, mediante el que los profesionales deben valorar si pueden hacerle una biopsia urológica para confirmar que padece un cáncer, tal y como creen. Tiene una válvula cardiaca implantada hace 49 años, y sin ese cateterismo no pueden hacerle la biopsia y darle el tratamiento que necesitaría si el tumor resulta ser maligno.

Ese paciente firmó los consentimientos informados para hacerle la prueba en septiembre del año pasado, pero el Sergas no ha vuelto a contactarle, ni ha respondido en fecha a las dos reclamaciones que presentó.