El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado a la libertad de expresión ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo investiga por no retirar los lazos amarillos en campaña y se ha escudado en que la orden de la Junta Electoral era imprecisa, informa Efe.

Torra ha declarado esta mañana durante cerca de 40 minutos ante el magistrado del TSJC Carlos Ramos por un delito de desobediencia, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y símbolos a favor de los políticos presos de los edificios públicos, en la campaña del 28A.

El presidente catalán, que se ha negado a responder a la acusación popular ejercida por Vox por "decencia democrática", sí ha contestado al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en una comparecencia en la que ha alegado que la Junta Electoral no tenía competencias para obligarle a retirar los lazos y que la orden que dictó era imprecisa.

Las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que el magistrado instructor ha recordado a las partes que el contenido de la declaración era reservado, especialmente porque ha sido en plena campaña electoral.

Petición al Síndic

Tras escuchar la declaración, el Tribunal ha pedido que el Síndic de Greuges aporte su informe del 15 de marzo recomendando la retirada de los lazos amarillos. Además, el juez requiere al Síndic que detalle "con precisión" la persona, la fecha y la forma —de palabra o por escrito— en que se le solicitó una aclaración a este informe, que emitió finalmente el 20 de marzo.

El Síndic, Rafael Ribó, hizo público el pasado 20 de marzo un informe en el que defendía la "plena libertad de expresión" en los edificios públicos, aunque durante "el período electoral" se mostraba "de acuerdo" con la orden de la Junta Electoral de que no hubiera ni lazos amarillos ni pancartas a favor de los presos en dependencias de la Generalitat. Por ello, el Síndic recomendó a Torra que retirara los lazos, esteladas y otra simbología partidista solo durante el período electoral.

Ribó desveló en una rueda de prensa el 20 de marzo pasado que el documento ya estaba elaborado, de oficio, desde cinco días antes, el 15 de marzo, con las mismas conclusiones, y que Torra conocía su contenido porque tuvieron una conversación telefónica en donde se lo comunicó. Pero ese día Ribó decidió no hacerlo público porque, según su versión, el presidente catalán le pidió una serie de "clarificaciones", que se resolvieron finalmente el 20 de marzo.

En concreto, según el Síndic, las aclaraciones que pidió Torra eran dos: qué se entendía por período electoral y qué sucedía en el caso de edificios de la Generalitat gestionados por personal público o funcionario.

El Síndic clarificó que el período electoral abarcaba desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación, y sobre los funcionarios precisó que, si bien tienen derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, la administración puede circunscribirlo a "determinados espacios del interior de la dependencia" para garantizar la coexistencia de este derecho y el de una "administración neutral".

Paralelamente, el magistrado del TSJC que investiga a Torra por desobediencia también ha requerido al gabinete de Comunicación del presidente de la Generalitat que le remita una copia de las notas de prensa que difundió el 20 y el 22 de marzo relacionadas con los requerimientos de la Junta Electoral, precisando la hora en que fueron publicados. Además, como es habitual en los procedimientos judiciales, solicita al registro central de penados la hoja histórico-penal actualizada del investigado.

Los apoyos de Torra

Partidos y entidades soberanistas han considerado que la declaración del president Quim Torra como investigado por desobediencia ante el TSJC es un "nuevo episodio de la represión del Estado", y critican que la Junta Electoral Central se haya convertido en un "órgano censor". Diferentes autoridades independentistas como miembros del Govern y el presidente del Parlament, Roger Torrent, han acompañado a Torra hasta el TSJC.

En declaraciones a los medios, la número dos de la candidatura de JxCAT a la alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, ha afirmado que la declaración de Torra ante el tribunal es un "nuevo episodio de represión del Estado", y denuncia la actitud "censora" de la JEC, al impedir que candidatos participen en campaña, en alusión a los dirigentes en prisión preventiva procesados por el 1-O, o en debate televisivos.

"Es una detrás de otra. (...) Cada día vemos represión, represión y represión del Gobierno, da igual si es un gobierno del PP o del PSOE: represión en lugar de diálogo y de hacer política", ha agregado Artadi.

Por su parte, el diputado de ERC Gerard Gómez del Moral ha considerado que la declaración de Torra ante el TSJC es una "causa general contra el independentismo", una "anomalía". "Estamos aquí para defender la democracia, los derechos civiles y la libertades, y para decir de forma clara y alta que estamos hartos de que la respuesta a las reivindicaciones de la sociedad catalana siempre sea el código penal", ha dicho.

Desde las entidades soberanistas, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ve también en la declaración del president una "muestra más de la represión del Estado" y de la JEC, que se ha convertido en un "órgano que vulnera derechos fundamentales" como la libertad de expresión.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha denunciado también la "intromisión" de la JEC en las campañas electorales, y ha hecho un llamamiento a "no normalizar esta situación", afirmaciones que ha pronunciado asimismo el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera. El presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) ha señalado que es "muy grave confundir la propaganda política con la libertad de expresión", como la exhibición de lazos amarillos en el edificio del Palau de la Generalitat.