GUATEMALA.- En medio del respaldo de familiares y la exigencia de Justicia por parte de activistas humanitarios, 14 militares retirados han comparecido este sábado ante la Justicia de Guatemala para responder por al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas durante el conflicto armado interno en ese país (1960-1996).

De ese más de medio millar de desaparecidos, 85 era menores de edad: 22 tenían menos de 3 años, 19 entre 4 y 12 años y 44 eran adolescentes, entre 13 y 17 años.

El abogado Moisés Galindo, defensor de uno de los detenidos, Carlos Augusto Garavito Morán, intentó sin éxito, pero con el respaldo de los colegas que defienden a los otros 13 militares retirados, detener la audiencia al plantear la falta de competencia de la jueza, Claudette Domínguez, para dirigir el proceso.

Pero la presidenta del Juzgado A de Mayor Riesgo rechazó el recurso y dijo tener la competencia suficiente para conocer el caso, que comenzó en 2012 tras la sentencia por la masacre conocida como Plan de Sánchez, en la que fueron asesinados 256 indígenas.

Mientras en la sala los problemas eléctricos causaban continuos parones de la audiencia, en las afueras de la Torre de Tribunales familiares de los exoficiales del Ejército cuestionaron a la Justicia y también pidieron la captura de los exguerrilleros que participaron en las matanzas durante los 36 años de guerra.

"En dónde quedaron los Acuerdos de Paz", "Mi abuelo es un héroe. Derechos humanos para los militares", "Militares por defender al país van a la cárcel.. guerrilleros por atacar al país los liberan. ¿Dónde quedó la Justicia?", se leía en algunas pancartas que portaban los familiares de los detenidos.

Activistas humanitarios, por su parte, colocaron una pancarta que decía: "Juicio y castigo al Ejército asesino".

Los 14 militares fueron detenidos este miércoles y el Ministerio Público (MP) los acusa de haber participado en al menos 558 desapariciones forzadas en la década de los ochenta en regiones de los departamentos norteños de Alta y Baja Verapaz.

Según el ente público, los militares retirados participaron de forma "sistemática" en crímenes y matanzas que se pueden considerar "crímenes de guerra", así como en violaciones múltiples de mujeres y menores.

Los detenidos

Uno de los detenidos es el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del fallecido presidente de Guatemala (1978-1982) Fernando Romeo Lucas García.

Los otros son Raúl Dehesa Oliva, Byron Barrientos Díaz, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Carlos Humberto Rodríguez López, Carlos Augusto Garavito Morán, Gustavo Alonzo Rosales García, Ismael Segura Abularach, Juan Ovalle Salazar, Juan Antonio Vásquez, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Edilberto Letona Linares y Edgar Rolando Hernández Méndez.

De acuerdo con la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, la mayoría de ellos ocuparon altos cargos en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, en cuyos terrenos fueron encontradas en 2012 las 558 osamentas de los indígenas de la etnia maya Achí que fueron secuestrados y desaparecidos por el Ejército guatemalteco.

En la audiencia de este viernes, el MP solo ha podido leer la imputación a siete de los 14 detenidos, concretamente a Segura Abularach, Ovalle Salazar, Saucedo Mérida, Lucas García, Barrientos Díaz, Ruiz Morales y Rodríguez López.

La jueza programó la continuación de la diligencia para el próximo lunes cuando el estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) deberá también presentar un examen médico de los 14 detenidos, cuya edad es avanzada.

El mayor caso de América Latina

Este caso, conocido como CREOMPAZ, ha vuelto a traer a la memoria de los guatemaltecos el drama vivido durante los 36 años de guerra, y es considerado por la fiscal general, Thelma Aldana, como uno de los mayores de América Latina.

Por este mismo caso las autoridades han pedido un antejuicio contra el militar Edgar Ovalle Maldonado, diputado electo del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la formación del presidente electo, Jimmy Morales.

Otros cuatro militares retirados se enfrentaban hoy a una audiencia de primera declaración por su presunta vinculación con la desaparición de un menor de edad en la década de los 80.

Manuel Antonio Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; los excomandantes Francisco Luis Gordillo Martínez y Ediberto Letona Linares, y el exoficial Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, están acusados de participar en la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, hermano de Emma Guadalupe Molina Theissen, quien fue torturada y violada por militares el Ejército durante 9 días por llevar propaganda política.

Esta audiencia fue aplazada debido a que el Tribunal 5 tenía otra diligencia en agenda.