10.015 insurgentes, que durante más de medio siglo han controlado amplias zonas del territorio colombiano, se convierten hoy en ciudadanos desarmados, que van a tratar de emprender una vida civil normalizada a partir de proyectos productivos, esencialmente agrícolas. El mayor problema es la seguridad personal de los desmovilizados, en un país donde perviven las estructuras del paramilitarismo, y la resistencia del aparato judicial a poner en marcha los mecanismos de indulto y excarcelación.

Precisamente la entrega total de las armas a la Misión de Naciones Unidas sufrió retrasos por el plante de los dirigentes guerrilleros ante la lenta aplicación de los indultos a los presos. Al final, el propio presidente Juan Manuel Santos ha tenido que emitir un decreto por el que convierte en "gestores de paz" a 709 insurgentes para forzar su salida de las cárceles, venciendo la resistencia de los jueces.

"Tienen razón las FARC al quejarse sobre la aplicación de la amnistía y las salidas de las cárceles de sus miembros, les solicitamos a los jueces que apliquen el proceso de paz", clamó hace unos días el propio presidente Santos al inicio de su último año de mandato, con la gestión de la paz como único activo de su presidencia de 7 años y con bajas cifras de popularidad.

Santos, junto al Jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, y de varios miembros del Secretariado de las FARC, presidió en Fonseca, en la región de La Guajira, la última extracción de armas de la guerrilla, hasta ahora concentrada en 26 "zonas veredales" que han pasado a ser "Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación", donde los desmovilizados han de formarse y emprender proyectos de futuro para los que han creado la cooperativa "Economías Sociales del Común" (Ecomún). Cada miembro de las FARC recibirá 8 millones de pesos (algo menos de 3000 euros) para estos proyectos y un salario mínimo durante dos años. Aunque la ultraderecha uribista ha puesto el grito en el cielo por estas ayudas, su monto total es inferior al coste que significaba un mes de guerra contrainsurgente.

En la jornada de desarme total, que ha supuesto el fin de más de medio siglo de conflicto armado y el final de un proceso que se inició en junio de 2016 con el cese bilateral del fuego, la guerrilla ha entregado a las agencias especializadas del Gobierno los últimos menores que seguían en sus filas, unos 80, y el listado completo de sus bienes y propiedades, con los que debe ayudarse a quienes han sido víctimas del conflicto y a los programas de reincorporación de excombatientes.

Los retos que se abren a partir de ahora son la articulación legislativa de la Justicia Especial para la Paz (JEP) (por la que han de pasar los insurgentes y las fuerzas del Estado acusados de los delitos más graves en medio de la guerra), así como los civiles que ayudaron al paramilitarismo y la seguridad futura de los guerrilleros y sus familias, que ya están siendo amenazados por algunos caciques regionales que, según algunos testimonios, han ofrecido hasta un millón de dólares por la cabeza de los hasta ahora máximos dirigentes de la insurgencia.

La "Unidad de Protección" del Gobierno está formando a un grupo de desmovilizados, que llegarán a ser 1.200, para que forme un cuerpo de escoltas que, combinados con las fuerzas policiales, deben ofrecer seguridad a los exguerrilleros durante los próximos años, mientras que una segunda misión de la ONU velará por la aplicación de los acuerdos de paz y reconciliación en Colombia.