El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo ha intentado que Bruselas se posicione ante la represión mortal y violenta por parte del Gobierno argentino contra el movimiento mapuche a raíz del último asesinato de un activista a manos de la policía. El portavoz del partido en Bruselas, Miguel Urbán, ha formulado una pregunta ante la Comisión Europea a raíz del asesinato de Rafael Nahuel, un joven de la comunidad mapuche de Argentina, a manos de la policía el pasado domingo durante una intervención policial.

Nahuel murió a causa de un disparo de los agentes de la Prefectura que estaban desalojando una acción de resistencia de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Exigían mediante la ocupación de tierras el mantenimiento de sus territorios ancestrales, ahora explotados por multinacionales. La muerte de Nahuel ocurrió en una montaña a unos 30 kilómetros de la ciudad patagónica de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

Según la pregunta formulada por Urbán, el asesinato de este joven se produjo en similares circunstancias que el de Santiago Maldonado, otro activista que fue asesinado por la policía  durante la represión del movimiento mapuche en la localidad de Cushamen. Su cadáver apareció más de tres mes después de que fuera visto por última vez cuando era detenido por la Policía. Tras meses de movilizaciones pidiendo explicaciones al Gobierno de Mauricio Macri por su desaparición, el cadáver del joven fue encontrado en un lugar que ya se había rastreado, flotando en un río cercano. Algo que sembró todo tipo de dudas sobre su muerte y la desaparición de su cadáver. Según la autopsia practicada, Maldonado murió por ahogamiento, sufrió un cuadro de hipotermia y estuvo en el agua más de 50 días, aunque no se ha podido precisar la fecha exacta de su muerte.

El asesinato de Nahuel se produjo justo el mismo día en el que los familiares de Maldonado velaban su cadáver. Junto a Nahuel, otros dos activistas resultaron heridos por los disparos de los agentes de la Prefectura.

El eurodiputado de Podemos hace hincapié en que la Constitución argentina reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de las tierras ancestrales que tradicionalmente ocupan. También insiste en que la ley 26160 "garantiza la demarcación de territorios ancestrales indígenas y la suspensión de desalojos por tres años", una norma que fue prorrogada por el Senado argentino el pasado septembre. Sin embargo, "cada vez hay más desalojos y represión violenta contra estos pueblos así como de las acciones de protesta social", según denuncia el eurodiputado, que señala que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial "mostró su preocupación por estos hechos e instó a Argentina a velar porque los pueblos indígenas estén protegidos contra desalojos forzosos; garantizar su seguridad ya que sufren amenazas y otros actos violentos; y sancionar dichos actos".

Por ellos, Urbán ha preguntado a la Comisión Europea si "piensa rechazar la criminalización del pueblo mapuche y la represión de la protesta social en Argentina" y si, siendo éste "un país con el que mantiene intensas relaciones diplomáticas y comerciales", tiene previsto Bruselas "suspender las negociaciones del acuerdo comercial con el Mercosur, y exigir compromiso con el respeto a los derechos humanos, la protesta social y los derechos de los pueblos indígenas".

En declaraciones en Público, el europarlamentario ha afirmado que "de nuevo tenemos que lamentar el vil asesinato de un joven mapuche a manos de la violenta represión ejercida por la Prefectura argentina" contra personas que "exigían al Gobierno argentino que les devuelva sus tierras y que respete sus derechos".

"Como con Santiago Maldonado, la respuesta oficial ha sido la represión violenta de la protesta, los balazos y la criminalización del pueblo mapuche. La Unión Europea calla. Y ante este silencio le exigimos reacción, que condene la represión sufrida por el pueblo mapuche y una suspensión inmediata de las negociaciones del acuerdo comercial con el MERCOSUR.", ha criticado Urbán, quien concluye que "el compromiso con el respeto a los derechos humanos, la protesta social y los derechos de los pueblos indígenas debe ser una condición sine qua non".