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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.- EFE

El Gobierno aclara que no pedirá un cambio en la euroorden a raíz del caso Puigdemont

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España "va a hacer un balance enormemente positivo" de la aplicación de la euroorden durante los 15 años de vigencia, que considera satisfactorios, ha explicado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Internacional

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que España "no va a plantear" ninguna modificación de la orden europea de detención y entrega, conocida como euroorden, ante el caso del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, huido a Bruselas.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha asegurado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no llevará ninguna propuesta de reforma a la reunión de este viernes de responsables de Justicia de la UE, a pesar de que el propio Catalá avanzó este miércoles que daría algún paso en este sentido.

Según ha explicado el portavoz, España "va a hacer un balance enormemente positivo" de la aplicación de la euroorden durante los 15 años de vigencia, que considera satisfactorios, y "no va a plantear ninguna reforma".

Ha insistido en que fue una medida impulsada por España, que costó "trabajo de titanes" sacarla adelante y que ha resultado eficaz en la lucha contra el terrorismo de ETA. Catalá hará este balance antes sus colegas "y no otra cosa", ha insistido el portavoz.

El ministro de Justicia planteó sin embargo este miércoles, durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, que propondría modificaciones para hacer más eficaz la euroorden tras el caso Puigdemont.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó este martes retirar las euroórdenes contra el ex presidente y cuatro ex consejeros catalanes que le acompañan en Bruselas para evitar que la Justicia belga, al autorizar la entrega de los imputados, restrinja los delitos por los que se les acusa en España; su objetivo es conseguir que todo el antiguo Gobierno autonómico sea investigado en igualdad de condiciones.

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