El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes por primera vez a Turquía por encarcelar a dos periodistas tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, a los que deberá indemnizar con 21.500 euros a cada uno por daños morales.

La sentencia de la Corte europea se apoya en el fallo "claro e inequívoco" que el Tribunal Constitucional publicó el pasado enero y que daba la razón a los querellantes, frente al rechazo de sus demandas por parte de los tribunales penales 13 y 26 de Estambul.

El fallo del Tribunal de Estrasburgo salió adelante por seis votos contra uno, del juez ad hoc turco Ergin Ergül.

Así, se consideró que hubo una violación de su derecho a la libertad y a la seguridad y a la libertad de expresión, según lo estipulado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y se estimó que no se vulneró su derecho a presentar un recurso judicial durante la detención.

Sahin Alpay trabajaba en el diario Zamman, órgano de la red "gülenista", y fue detenido el mismo día que se decretó el cierre del periódico. Mehmet Hasan Altan, presentador de un debate político en "Can Erzincan TV", también fue arrestado el 27 de julio de 2016.

El primero se encuentra bajo arresto domiciliario desde el viernes, mientras el segundo fue puesto en libertad también la semana pasada.

Según el TEDH, que un tribunal cuestione las competencias del Constitucional, con competencia de dictar sentencias definitivas y vinculantes "va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la seguridad jurídica".

Esos principios, añade la sentencia, "son las piedras angulares de las garantías contra la arbitrariedad".

El Tribunal de Estrasburgo añade que mantener la prisión tras la sentencia del Constitucional "crea serias dudas sobre la efectividad de la vía del recurso individual".

Referente a la protección de la libertad de expresión de los demandantes, la Corte europea coincide con el Constitucional turco en que la prisión "es una medida muy dura" por expresar una opinión.

La crítica contra un Gobierno "no debe conducir a la formulación de acusaciones penales particularmente graves, como la pertenencia o asistencia a una organización terrorista, el intento de derribar el Gobierno o el orden constitucional, o la propaganda terrorista".

Fuentes del TEDH confirmaron a Efe que, a día de hoy, hay 1.867 casos pendientes en relación con el intento de golpe de Estado, 1.517 de ellos sobre la detención provisional de periodistas, diputados, jueces y otras personalidades.