Una jueza estadounidense ordenó hoy a la Administración del presidente Donald Trump que cese temporalmente las deportaciones de familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México como consecuencia de la política de tolerancia cero. Tras una petición presentada hoy por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar deportaciones en masa, la jueza Dana Sabraw instó al Gobierno a no expulsar del país a ninguna de estas familias durante la próxima semana para que decidan si piden asilo político.

El grupo de derechos civiles, que presentó la demanda que llevó a la jueza a ordenar la reunificación familiar en junio pasado, asegura que hay "persistentes" rumores que indican que el Gobierno da incluso unas "pocas horas" a los padres para que decidan si regresan a sus países de origen o inician un largo proceso judicial. Por ello, estiman oportuno, y Sabraw les dio la razón, que se dé una semana para tomar una decisión "extremadamente compleja".

El magistrado dio al Gobierno hasta el próximo día 23 para responder a las cuestiones planteadas por ACLU y decidió que hasta entonces no deberán deportar a ningún indocumentado que haya sido separado de sus hijos en la frontera.

ACLU señala en su petición que la decisión es ahora más complicada después de que el Departamento de Justicia anunciase el 11 de junio pasado que "no serán elegibles para el asilo" los migrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas, motivos frecuentemente alegados por los centroamericanos. Ante esta nueva directriz, esta organización estima que los indocumentados necesitan tiempo suficiente para tomar una decisión "informada" y "sin presiones".

Por orden del propio Sabraw, la Administración Trump se apresura estos días para cumplir el plazo establecido para el próximo día 26 por el propio magistrado de San Diego (California) de devolver a sus padres a los cerca de 3.000 menores que el Gobierno separó como consecuencia de su tolerancia cero contra la migración.

El pasado martes, se cumplió la primera parte de este plazo, en el que el Gobierno debía entregar a sus padres a 103 menores de 5 años separados, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a 57 y alegó que no pudo completar el resto de las reunificaciones por, entre otros motivos, la seguridad de los niños. ACLU indicó hoy que han recibido dos listas por parte del Gobierno sobre el resto de menores que todavía permanecen separados. la de los padres tiene 1.600 nombres y la de los niños unos 2.500.

La organización asegura que tiene noticias de que la reunificación de los menores de entre 5 y 18 años ya ha comenzado y que estos migrantes están en "grave riesgo" de "ser reunificados solo para ser inmediatamente deportados, sin toda la información" sobre sus opciones, a pesar de tratarse de casos de "vida o muerte".