La victoria de Jair Bolsonaro en Brasil ha dado alas a la extrema derecha… También en América. Porque la oleada de defensores del exacerbado nacionalismo conservador en Europa ya empieza a ser una realidad cotidiana. Los movimientos de corte ultra-derechista se han asentado en el poder ejecutivo de países como Hungría, Polonia o Italia como fuerzas predominantes, si bien en Austria o, más recientemente —a partir de una moción de censura nada más conocerse la tibia victoria de los socialdemócratas en las elecciones del pasado mes de septiembre—, en Suecia, como socios de coalición de formaciones conservadoras. Todos con un perfil homófobo, racista y anti-inmigración con el que ganan enteros en las urnas de la práctica totalidad de socios de la UE.

Donald Trump se ha apresurado a felicitar efusivamente a Bolsonaro, al que ya considera su alter ego en la Puerta Trasera de EEUU. Pese a que sus vecinos latinoamericanos, han sido tratados con total indiferencia por parte de su administración. "He acordado [con su presidente electo] trabajar estrechamente en materia comercial, militar y en cualquier otro ámbito", escribió Trump en su tweet como resumen de la inmediata conversación telefónica que mantuvo con Bolsonaro, y que deja entrever su predisposición a configurar un eje ideológico con Brasil en la región, junto a otras naciones —Colombia o Chile, principalmente—, que también han dado un claro giro hacia posiciones más conservadoras. En el punto de mira de esta incipiente alianza surge la Venezuela de Nicolás Maduro, a la que Washington ha amenazado con intervenir, y desde la que se han intensificado los flujos de ciudadanos que huyen de unos índices de delincuencia insostenibles, una hiperinflación galopante y un desabastecimiento atroz de bienes básicos. Esencialmente, hacia Colombia y Brasil.

Pero la invocación a Venezuela no es la única carta de esta naciente entente. Ni mucho menos. En su ideario también surge el temor al inmigrante, al que se asocia de inmediato con delincuencia, y que ha sido determinante en el amplio respaldo popular a Bolsonaro. De igual forma que lo fue en el ascenso de Trump, que arremete estos días contra la caravana de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, que acuden en oleadas para alcanzar su sueño americano. A ellos, el inquilino de la Casa Blanca les ha espetado que "el Ejército les espera" para contener su "invasión" mientras ultima un decreto que deja sin ciudadanía a los hijos de inmigrante que nazcan en EEUU. Ambos tienen más ases en la manga. Otro de los que saldrá a la palestra es el medioambiental. La Amazonia no será la misma una vez concluya el mandato de Bolsonaro. Ya ha dictado sentencia: el pulmón de la Tierra ocupa más del 50% del país y nunca se desarrollará mientras sea reserva indígena. De ahí que no descarte abandonar los Acuerdos de París. También pondrá sobre la mesa bilateral con Trump fórmulas para que China deje de ser el primer destino exportador.

El perfil ultraderechista europeo

El estilo Bolsonaro, sin embargo, bebe de fuentes europeas. El neofascismo del Viejo Continente se acomoda sobre varias directrices dogmáticas. Sus acólitos defienden métodos drásticos contra la criminalidad; se declaran partidarios de una concepción nacionalista de sus sociedades; apoyan las restricciones a los inmigrantes; huyen del multilateralismo y pregonan, en cambio, las medidas de "asimilación del nacionalismo” como vías de integración de extranjeros. Se revelan, en consecuencia, contrarios a la UE, proclives a proteger los intereses agrícolas de sus países, por lo que promueven acciones para acabar con las élites; es decir, para enterrar el establishment. Si bien —curiosamente—, no señalan a la corrupción como motivo de preocupación, ni manifiestan su rechazo a la intervención estatal de la economía, siempre —claro—, que se vista con "un ideario de extrema derecha" con el que, por ejemplo, se ponga fin a los avances sociales en los estados de bienestar. Así piensa un seguidor de la ultraderecha en Europa, según Chapel Hill Expert Survey, think tank que investiga y toma el pulso a los cambios ideológicos en los socios de la UE.

Pero, ¿qué países pueden considerarse abanderados de estos movimientos? Existe un póquer de naciones con claros vestigios de políticas neofascistas, al que se suma Brasil, con una excelsa lista de cambios de su presidente electo que inducen a pensar que el gigante latinoamericano dará rienda suelta a recetas autoritarias que dividirán a una sociedad asolada por casos de corrupción.

¿Atraviesa EEUU por una época de totalitarismo?

Pocos pueden dudar de que la Administración Trump ha logrado modificar el semblante democrático de la gran potencia mundial. En la antesala de las trascendentales elecciones de mitad de mandato —midterm— del próximo 6 de noviembre, el líder republicano instó a los líderes evangélicos a captar votos para su partido que, según sondeos recientes, tiene una desventaja de nueve puntos respecto a los demócratas. Y lo hizo apelando a la "violencia" que sus rivales impondrán en caso de victoria, porque "revocarán todo lo que hemos hecho, y lo harán rápido" y con altercados, porque —enfatizó en una reunión a puerta cerrada con pastores cristianos y simpatizantes del ala más conservadora de su formación a la que tuvo acceso The New York Times—, "son gente violenta".

Días antes de conocerse que el envío de cartas bomba a personalidades de su formación rival como los Clinton o los Obama, al financiero George Soros o al actor Robert de Niro —entre otros— fue realizado por Cesar Sayoc, un fervoroso simpatizante del inquilino de la Casa Blanca, o de que resurgiera el fanatismo antisemita en la sinagoga Árbol de la Vida, en Pittsburgh, a manos Robert Bowers, fiel creyente de teorías conspiratorias y activista en las redes sociales contra el judaísmo. La reacción del presidente norteamericano ante tal tragedia ha sido la de reclamar un endurecimiento de la pena de muerte, la contratación de seguridad en los templos religiosos y su manido mensaje a favor de las armas.

Pero, más allá de los nubarrones retóricos, y de su fervor a la hora de acusar a la prensa libre y de prestigio labrado de "sectarismo" y de distorsionar la realidad —que contrasta con su permisividad hacia los medios conservadores que propagan rumores y noticias falaces— Trump ha sepultado la herencia de Obama.

En el terreno económico, con una agresiva doble rebaja fiscal, a las rentas personales y a las empresas, que los expertos ven como de inflamable carburante inflacionista. En el financiero, con una reforma en ciernes de la Ley Dodd-Frank que favorece de nuevo la ingeniería de productos de inversión de alto riesgo de la banca y que amputa gran parte de los derechos de los consumidores; pese a que la existencia de esta norma sirvió para resolver la litigiosidad entre bancos y clientes tras la crisis por las hipotecas subprime y otros excesos del sector y para que las entidades devolvieran la multimillonaria cuantía de su rescate federal. En el monetario, al impulsar una política agresiva de la Reserva Federal que se le ha ido de las manos, ha afirmado que "se ha vuelto loca" en el cometido que le encargó de subida de tipos de interés y al fomentar la vuelta a la defensa de un dólar fuerte que ha catapultado la deuda soberana y corporativa, especialmente en los mercados emergentes. En el comercial, desatando una guerra con países aliados y con China de consecuencias impredecibles, incluso para la propia economía americana que, aunque navega a un ritmo del 3,5%, pero al que JP Morgan da un 60% de posibilidades de que caiga en recesión en dos años, coincidiendo con el final de su actual mandato y que está detrás del octubre negro de Wall Street. Y, en el orden internacional, dando un viraje sin rumbo a una diplomacia que aleja a EEUU de los acuerdos nucleares o del consenso en la OTAN y que deja un rastro de preocupación a las cancillerías mundiales sobre la estrategia de Washington en Oriente Próximo, con su doble vara de medir con Arabia Saudí o Turquía, la auténtica relación —privada y presidencial— que le une a la Rusia de Putin, su realpolitik sobre Europa o las pretensiones personales que esconde su amenaza, a veces velada y otras sin tapujos, hacia China.

Sin olvidar su antagonismo visceral hacia cualquier iniciativa para frenar el cambio climático. O su declarado odio al multilateralismo, que le ha llevado a arremeter contra el FMI o amenazar con sacar a EEUU de la OMC. Un salto al vacío hacia un nuevo orden, político y económico, global.

De puertas hacia adentro, su rechazo a todo intento de universalizar el MediCare —que cuenta con un tibio diálogo entre demócratas, inspirados en las recetas de Bernie Sanders, y republicanos en el Congreso— o su política migratoria también impulsa la división social en una nación ya de por sí partida en dos, los Estados del interior, más conservadores, y los de ambas costas, enclaves de la formación demócrata. Quizás uno de los ejemplos nítidos de la deriva extremista del gabinete de Trump sea el de Paul Ryan, otrora esperanza neocon de los republicanos y su actual portavoz en la Cámara de Representantes, que se ha desmarcado del verbo intimidatorio del presidente sobre su propensión al uso de armas o sobre su decisión de rescindir la ciudadanía a hijos de inmigrantes que nazcan en territorio estadounidense con una orden ejecutiva. El giro a la extrema derecha de Trump parece evidente ante la inquietud que le despierta a todo un halcón como Ryan.

El abrazo brasileño a la ultraderecha

Jair Bolsonaro ha ofrecido sobrados botones de muestra de los cambios que impulsará en Brasil. En su primera comparecencia tras obtener el 55,13% de los votos en las urnas, rezó. Recientemente, asumió el credo evangélico por influencia de su esposa. La primera dama, Michelle, ha sido la inductora a que el mito -como le denominan sus votantes, en un indisimulado y peligroso culto a la personalidad- adopte una creencia que, en el complejo crisol político brasileño, sintoniza cada vez más con las formaciones de extrema derecha.

Con este credo ultraconservador y su flema populista, Bolsonaro ha prometido a sus fieles el exilio o, en su defecto, la prisión de "los marginales de izquierdas", a los que "expulsaremos de nuestra patria" en una "limpieza nunca vista en la historia de Brasil" hacia "los enemigos rojos". Para ello, este ex oficial del Ejército, que fomentó su victoria en los territorios de rentas altas del país, donde obtuvo un holgado 75% de sus apoyos, casi todos procedentes de las grandes ciudades, frente a las latitudes más pobres, donde su rival, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva, cimentó al final su infructuoso despegue en la segunda vuelta, se rodeará de militares. Su vicepresidente será el general de cuatro estrellas Hamilton Mourao, su jardinero fiel en las críticas hacia la prensa —a la que admite aborrecer—, y que no duda en mostrar su plena convicción de que cualquier intento de reformar la Constitución "no exige la consulta del pueblo" o en defender el uso de las armas para que los ciudadanos repelen actos delictivos en una nación con una de las tasas de criminalidad más altas del planeta.

Junto a Mourao podrían formar parte del gabinete de Bolsonaro, en la reserva desde los años ochenta, una decena de militares como altos cargos, una representación nunca vista desde el final de la dictadura, en 1985. Los de más rango, al frente de ministerios claves para su futura gestión, como el de Medio Ambiente y Agricultura, fusionados en su intento de gestionar el Amazonas con fórmulas de mercado y el de Comercio, que tendrá como objetivo prioritario la reconversión de Mercosur y la expulsión definitiva de Venezuela, ahora bajo suspensión de militancia, de la unión aduanera de Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. O el de Interior, al que le encomendará la misión de frenar a las minorías, étnicas o de género, y de combatir la criminalidad, además de establecer nuevos —y más duros— controles migratorios.

Hungría, territorio piloto

Su primer ministro, Viktor Orban, es el referente de la derecha radical europea, el modelo sobre el que edificar sus asaltos al poder en cada uno de los países donde han emergido. Con su partido, el Fidesz, ganó sus terceras elecciones consecutivas, con casi el 50% de los votos y más de dos tercios de los 199 escaños parlamentarios. Una fuerza social que le ha dado avales para atacar, con su apoyo al Brexit, a las instituciones europeas, pese a ser uno de los socios más beneficiados con fondos estructurales y de cohesión —25.000 millones de euros en el actual septenio presupuestario—, desde dentro de la UE y con un indisimulado acercamiento al Kremlin, que ya no esconde su deseo de debilitar a la Unión. O de reclamar una factura de 1.000 millones de euros a sus socios por su contención migratoria durante la crisis de los refugiados. Pero, sobre todo, Orban ha sabido acaparar el sentimiento xenófobo y la desigualdad de la post-crisis.

El nacional-populismo de su Fidesz, junto al de su socio aún más a la derecha —Jobbik— impulsó una reforma constitucional y del sistema electoral que favorece sus intereses partidistas y le permitió controlar la Justicia y el Tribunal Constitucional. Así como moldear a sus vecinos del Grupo de Visegrado: Polonia, República Checa y Eslovaquia, donde ha calado su doctrina anti-islamista, euroescéptica y amenazante con el uso reiterado del veto en los Consejos Europeos. El Parlamento Europeo aprobó una sanción contra Orban el pasado septiembre que podría ser el detonante de una acción ejecutiva de los Veintisiete, a la que se opusieron varios eurodiputados del PP español.

Polonia se mira en el espejo de Orban

Como la Hungría de Orban va escapando de la reprimenda de la UE que, hasta ahora, sólo ha activado el artículo 7 de Tratado de la Unión en su fase inicial, lo que ha impedido, hasta ahora, la aplicación sancionadora por inculcar derechos civiles esenciales del club comunitario. Pese al reciente rapapolvos de Francia y Alemania al gubernamental Partido Ley y Justicia (PiS, en polaco) de Jaroslaw Kaczynski. A cuenta de la manipulada designación de jueces afines en el Tribunal Supremo. Y es que Varsovia tiene la promesa del veto húngaro para entorpecer la acción de sus socios europeos, que le han concedido 90.000 millones en fondos, el primer receptor de la UE. Como Orban, el PiS controla la Justicia hasta maniatarla, en palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, polaco y enemigo número uno de la formación. Al igual que los medios de comunicación, del Ejército y de los servicios secretos. Es el sello Orban, que también se aprecia en el intento de crear una nueva Carta Magna y de transformar las leyes electorales. Sus seguidores acuden a los mítines con símbolos y vestimenta de movimientos nazis previos a la Segunda Guerra Mundial y se afanan por boicotear manifestaciones ciudadanas que se oponen a la contra-revolución Kaczynski, que se ha extendido a más de 220 ciudades del país bajo el lema Konstytucja: Constitución.

Italia, al paso que marca Salvini

El titular de Interior, líder de la neofascista Liga Norte y hombre fuerte del Gobierno títere de Giuseppe Conte, por encima del Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio, considera "esclavos" a los inmigrantes y su decreto sobre la materia quita protección a los extranjeros vulnerables y facilita las expulsiones. En lo económico, la afrenta a la UE es mayúscula. Su proyecto presupuestario incurre en déficit trianual del 2,4% del PIB, sin renunciar a unos gastos de entre 109.000 y 126.000 millones de euros; el 6% ó el 7% de su economía, según la franja, lo que ha llevado a Bruselas a emprender el proceso sancionador por déficit excesivo.

Son la avanzadilla. Una triada a la que se podrían añadir, en breve, la Austria de Sebastian Kurz y de sus socios ultras se ha ido del Pacto Mundial sobre Migración. O Suecia, si el nuevo tándem de conservadores y extremistas en el Gobierno imita, como pretende, los recortes en los derechos a inmigrantes de su vecina Dinamarca y el resto de Escandinavia. En Noruega la extrema derecha se ha asentado en el gabinete en el que impone sus rasgos islamófobos y xenófobos en un país de amplia tradición democrática, rico e igualitario. Y en Finlandia, los Verdaderos Finlandeses, rozan el 20% de los votos tras hacerse con numerosos ayuntamientos en los comicios del pasado año.