La cadena de noticias CNN presentó este martes una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra cinco miembros de su equipo por retirarle la credencial permanente de la Casa Blanca a uno de sus periodistas, que protagonizó un rifirrafe con el mandatario la semana pasada.

La denuncia fue presentada este martes ante una corte del Distrito de Columbia y en ella, según la compañía, se acusa al Gobierno de haber violado la primera y la quinta enmiendas de la Constitución, que defienden el derecho a la libertad de expresión y a no ser considerado culpable sin juicio previo, respectivamente.

Además del presidente, CNN ha incluido en su denuncia al jefe de Gabinete, John Kelly; a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders; al jefe adjunto de comunicación, Bill Shine; al director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, y a un agente del mismo, identificado inicialmente con el pseudónimo John Doe (anónimo o desconocido).

La acción judicial responde a la decisión de la Casa Blanca de retirar la credencial permanente a Jim Acosta, el corresponsal jefe de CNN en la Casa Blanca, después de que el periodista se enfrentara al mandatario durante una tensa rueda de prensa celebrada la semana pasada.

Después de dicha comparecencia, en la que Trump llamó a Acosta "maleducado y una persona terrible", un agente de los servicios secretos le reclamó al corresponsal su acreditación a la salida de la residencia presidencial, según se pudo ver en un vídeo del momento compartido por el periodista en Twitter.

La Casa Blanca justificó su decisión alegando que el periodista le había "puesto la mano encima" a una asesora que intentó arrebatarle el micrófono a instancias del presidente. No obstante, periódicos como The Washington Post y The New York Times, entre otros, apuntan que la Casa Blanca manipuló y difundió un vídeo alterado para exagerar la agresividad de Jim Acosta.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha emitido un comunicado expresando su "firme apoyo" a la acción judicial de la cadena y denunciando que la decisión del Gobierno fue "una reacción desproporcionada a los hechos del pasado miércoles".