Cuba concluyó ayer el período de consultas populares que permitía a la ciudadanía preguntar, discutir y proponer modificaciones al borrador de nueva Constitución que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en verano. Desde el 15 de agosto se han procesado un total de 659.527 propuestas entre modificaciones, adiciones o dudas, según las autoridades cubanas.

El nuevo texto constitucional es una revisión “en profundidad” de la Constitución de 1976 que incorpora elementos cambios importantes en una línea aperturista, pero al mismo tiempo otros que consolidan el sistema político socialista de partido único surgido después del triunfo de la Revolución de 1959.

Entre los cambios más destacados a nivel político figuran la limitación de dos mandatos de cinco años para el cargo de presidente, junto con la creación de la figura del primer ministro que será un interesante ensayo de separación de poderes en un país acostumbrado a concentrarlo en una única persona.

Para el profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Texas-Rio Grandey experto en Cuba, Arturo López Levy, esta diferenciación es un intento de separar la acción ejecutiva del gobierno de la línea ideológica del Partido Comunista, que hasta ahora eran indistinguibles. “El presidente debe ser el líder del partido y tendrá un perfil más político, mientras que el primer ministro será un tecnócrata reformador. Más que una división de poderes será una división de funciones.

También se descentralizará parte del poder a los gobiernos provinciales con el objetivo de dar respuestas más rápidas a problemas locales. Otro aspecto a tener en cuenta es que desaparece la palabra ‘comunismo’ de la nueva Carta Magna, siendo sustituida por ‘socialismo’. Aún así, el Partido Comunista seguirá siendo la “fuerza dirigente superior” de Cuba y de manera irrevocable. En otras palabras: se blinda el carácter unipartidista del país.

A nivel social, la nueva Constitución incluirá las medidas impulsadas por el entonces presidente Raúl Castro que permitieron el desarrollo de un pequeño sector privado y la compraventa de casas, entre otros cambios. Se reconoce la propiedad privada y el sector no-estatal en la economía, aunque a su vez se marca como necesidad limitar la concentración de riqueza y a la acumulación de bienes. Para Levy, estos cambios buscan “dar viabilidad económica a un sistema unipartidista” preocupado con que las conquistas sociales de la Revolución puedan estar en riesgo sin un mínimo de apertura económica. De hecho el Gobierno ha anunciado una serie de cambios que limitarán y dificultarán el crecimiento de los llamados ‘cuentrapropistas’ que entrarán en vigor a partir del 7 de diciembre.

Otro aspecto interesante es la inclusión de la presunción de inocencia y el denominado ‘habeas corpus’ que imposibilitará la detención de una persona sin saber el delito por el que se la detiene.

Aunque el tema que más polémica ha suscitado ha sido el artículo 68, que garantiza la unión de personas del mismo sexo y que abre la puerta a una posterior legalización del matrimonio homosexual. Partidarios y detractores han debatido intensamente acerca de este punto, que ha contado con la fuerte oposición de algunas iglesias católicas y evangelistas que han llegado a declarar que votarían en contra de la reforma si no se modifica este punto. El Gobierno ha intentado hacer pedagogía con este tema pero está lejos de estar zanjado.

Después de las consultas populares, las propuestas serán analizadas por una comisión redactora que se encargará de la modificación final que el órgano legislativo tiene que ratificar a final de año para que sea sometida a referéndum el 24 de febrero. La dirección de los retoques que pueda experimentar el borrador volverá a dar una señal sobre si la reforma es más de carácter aperturista o inmovilista.