Walter Coello, hondureño de 41 años, fue deportado desde México el jueves 8 de febrero. Llegó a San Pedro Sula, en Honduras, a bordo de un avión comercial de la compañía Aeroméxico. Junto a él viajaban dos agentes migratorios. Fue arrestado una semana antes, el viernes 1 de febrero, en las inmediaciones del río Suchiate, que une Guatemala y México.

La expulsión se produjo a pesar de que Coello dispone de tarjeta humanitaria, que le permite entradas y salidas ilimitadas. El Instituto Nacional de Migración (INM) se la otorgó semanas atrás, dentro del programa iniciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha entregado este documento a más de 12.000 centroamericanos desde que una nueva caravana llegase a la frontera el 18 de enero. Coello no se explica por qué fue deportado. La única razón que encuentra es que “ellos creen que sea cabecilla de la caravana”.

Nada más lejos de la realidad.

El hondureño es un antiguo taxista que ya ha cruzado a Estados Unidos en dos ocasiones. La primera, entre 1998 y 1999. Estuvo entre Houston, Miami y Nueva Jersey hasta que regresó por su propio pie. La segunda, entre 2011 y 2016, cuando estuvo en Myrtle Beach, Carolina del Sur, hasta que fue deportado. Regresó al taxi, en Tegucigalpa, pero terminó huyendo nuevamente. Se hartó de pagar la extorsión, no una, ni dos, ni tres veces. Hasta cuatro grupos criminales le exigían su parte del denominado “impuesto de guerra”: la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, y dos bandas hondureñas, los Chirizos y los 12 Discípulos.

Por eso en octubre de 2018 se unió a la caravana que salió de San Pedro Sula. Participó, no solo como caminante, sino apoyando a sus compañeros en tareas de seguridad y coordinación. Tras recibir su tarjeta humanitaria en enero, se encontraba en Ciudad Hidalgo apoyando a sus compañeros que esperaban regularizar su situación para seguir el camino hacia Estados Unidos.

En teoría, no podía ser devuelto a Honduras, pero este fin de semana lo pasó en San Pedro Sula.

Preguntado por esta deportación y por su encaje legal, el Instituto Nacional de Migración no había ofrecido respuestas al cierre de esta información.

Ginna Garibo, de Pueblo Sin Fronteras, denunció la “criminalización” que sufren “determinados” defensores de los migrantes. Añadió que hay autoridades, como el comisionado del INM, que han acusado a este grupo de “traficantes de personas”, lo que a su juicio incrementa su “vulnerabilidad” y les “aísla”. Sobre la última caravana, la que salió el 15 de enero, indicó que la organización había decidido no participar, aunque sus integrantes tenían libertad para acudir de forma individual.

Aislado durante una semana

“Fui a bañarme y me saltaron tres agentes de migración. Me interrumpieron el paso y me dijeron que les había agredido, que les había filmado”, dice Coello, en la estación de autobuses de San Pedro Sula. Relata un encontronazo con el INM en la mañana. Según afirma, los agentes querían impedir que ofreciesen alimentos gratuitos a los migrantes en el puente Rodolfo Robles, donde cientos de personas aguardan para que les sea entregada la tarjeta humanitaria.

De ahí, de las inmediaciones del río Suchiate, ya en Ciudad Hidalgo, Coello fue trasladado a la Estación Migratoria Siglo XXI. “Me tuvieron tres días en los que no salía ni a bañarme”, denuncia. La celda, según cuenta, era de 4x4 metros, con una cama con un colchón y el servicio. Él estaba completamente aislado. “Me tenían restringido hacia todas las personas”, denuncia. De hecho, miembros del Servicio Jesuita de Migrantes trataron de visitarlo, pero el INM se lo impidió, argumentando que se encontraba aislado a causa de una pelea.

Tras una semana encerrado, el hondureño fue deportado.

“Me llevaron al aeropuerto de Tapachula, iban varios agentes de la Policía Federal y uno de los jefes de la policía migratoria. De ahí me llevaron a Ciudad de México, con dos agentes de migración. Iba sin esposar”, explica. Según su testimonio, los agentes le dijeron que iban a “resolver su situación” en Ciudad de México. Pero lo que hicieron fue meterle en otro avión comercial, también de la compañía Aeroméxico, y llevarlo a San Pedro Sula. “Me dijeron que venía deportado, que tenía una orden de captura por parte de la DPI (Dirección Policial de Investigación de Honduras)”, explica. Pero no era así. Los dos agentes migratorios lo escoltaron hasta dependencias policiales en San Pedro Sula y comprobaron que no tenía ningún requerimiento. Sin embargo, la deportación estaba consumada. Su tarjeta verde, que un compañero logró entregarle durante su detención, había quedado en Tapachula. “Como me trajeron de madrugada, me dijeron que no me la podían dar”, dice.

Su situación actual es confusa: ha sido deportado, pero no tiene causas pendientes en México ni en Honduras. Tampoco la prohibición de ingresar a territorio mexicano. Así que puede regresar cuando lo desee. Eso mismo fue, según relata, lo que le dijeron los propios agentes que le custodiaban.

Los inmigrantes se alinean dentro de un refugio temporal para migrantes en Piedras Negras, México. REUTERS/Alexandre Meneghini

Un deportado con tarjeta de residencia permanente

Coello no era el único activista detenido y aislado durante esta semana. Aunque no lo sabía cuando estaba encerrado. El 1 de febrero fue arrestado un joven identificado como David Cueva Ramírez. Las autoridades mexicanas no comunicaron su detención. Por eso, Pueblo Sin Fronteras, organización que acompaña a los migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos, lo denunció como desaparecido.

Este hondureño de 25 años es también un conocido acompañante de migrantes. Estaba, por ejemplo, cuando miles de centroamericanos tomaron el puente Rodolfo Robles, entre México y Guatemala, el 19 de octubre de 2018.
Tras varios días de incertidumbre, el 8 de febrero se conoció su paradero: había sido detenido por agentes de migración, encerrado en la Siglo XXI, aislado y deportado a San Pedro Sula. Y eso que es poseedor de una tarjeta de residencia permanente, lo que en principio imposibilita que sea deportado.

Según relató el joven al diario mexicano La Jornada, fue arrestado una semana antes cuando acompañaba a un grupo de migrantes en caravana entre Escuintla y Mapastepec, municipios del estado de Chiapas. El testimonio de Cueva Ramírez habla de interrogatorios sobre su labor con los migrantes y preguntas acerca de la organización de Pueblo Sin Fronteras. Esta organización interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México en la que denunciaban “las deportaciones irregulares” y la “política de criminalización e intimidación” de los defensores de Derechos Humanos.

No es la primera vez que México persigue a defensores de los migrantes en los últimos meses, aunque sí la primera ocasión que ocurre después de que tomase posesión López Obrador. En octubre, por ejemplo, Irineo Mujica, presidente de Pueblo Sin Fronteras, fue arrestado en Tapachula un día antes de que el éxodo centroamericano se plantase en la frontera. Aquella caravana demostró que se trata de un fenómeno global: tres días antes, Bartolo Fuentes, exdiputado de Libre que había acompañado la caravana desde San Pedro Sula, fue arrestado y deportado en Guatemala.

Las expulsiones de Coello y Cuevas, calificadas de “irregulares” por los activistas, vienen en un contexto complejo. El Gobierno mexicano dejó de tramitar las tarjetas humanitarias en el puente Rodolfo Robles a finales de enero. Pero el éxodo centroamericano no se detiene. En primer lugar, porque las condiciones materiales y las amenazas no han cambiado en Honduras, El Salvador y Guatemala. En segundo, porque aun teniendo documentos legales, los migrantes utilizan la caravana para desplazarse de forma segura a través de México, un país terriblemente peligroso para quienes huyen de la violencia sin apenas recursos. López Obrador siempre ha insistido en que su objetivo es que los caminantes se queden a trabajar en estados como Chiapas o Oaxaca, los más pobres del país. Sin embargo, el objetivo de la gran mayoría de integrantes del éxodo sigue siendo Estados Unidos.

Cerrando el grifo de las tarjetas verdes, el ejecutivo de López Obrador respondía al gran interrogante formulado el 19 de enero, cuando se entregaron las primeras pulseras a la avanzadilla de la caravana: ¿se trataba de una política permanente o una reacción temporal ante un nuevo éxodo centroamericano? Al final, fueron diez días en un punto concreto, que luego se ha ampliado a los refugios de Ciudad de México y Saltillo, estado de Coahuila, para aquellos que desoyeron la oferta del ejecutivo y han atravesado el país sin documentación.

A falta de una política migratoria clara, lo que el Gobierno mexicano está diciendo es que la caravana es el método más eficaz para que los migrantes sean escuchados. O, al menos, para que logren su tarjeta verde. Hostigar a los defensores que los acompañan puede ser un intento para intentar frenar el éxodo o, al menos, controlarlo.