Este es el primer 11 de septiembre que Chile conmemorará en pleno proceso constituyente. La coincidencia no es trivial porque en la misma fecha que recuerda que se cumplen 48 años del golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) hay 155 personas que están escribiendo la nueva Constitución del país que sepultará definitivamente la carta magna vigente hasta hoy, escrita en 1980, precisamente, en plena dictadura. Por si fuera poco, fue también un 11 de septiembre cuando se aprobó ese texto en un plebiscito hecho a la medida, sin padrón electoral, libertad de prensa ni acceso al conteo de votos.

En la votación de octubre de 2020, un 80% de la ciudadanía chilena apoyó sustituir la Constitución actual por una totalmente nueva. En la misma votación se eligió hacerlo a través de una Convención Constitucional, es decir, una asamblea compuesta por 155 personas electas, sin representación de los parlamentarios. "Es el comienzo de un camino, que juntos deberemos recorrer para acordar una nueva Constitución para Chile. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido", señaló la noche del plebiscito el presidente Sebastián Piñera. Parte de su coalición de gobierno rechazó escribir un nuevo texto.

La Constitución de 1980 se escribió entre cuatro paredes de la mano de Jaime Guzmán, ideólogo del régimen y estrecho colaborador de Pinochet, y circunscribió al país a un nuevo marco social, político, económico y cultural por más de 40 años.

Derechos humanos y reparación

"El 11 de septiembre no solo implica el derrocamiento de un gobierno constitucionalmente electo, sino que es el inicio de la imposición de un modelo por parte de la dictadura y que tiene su mayor expresión en la Constitución vigente, por lo tanto, el proceso de desmantelamiento de esta Constitución y del modelo que está atrás es lo más simbólico a casi 50 años del golpe", considera el abogado y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash.

Una reflexión que comparte el escritor y miembro de la asamblea constituyente Jorge Baradit: "Pinochet significa para Chile una manera histórica de dominación por parte de la oligarquía a través de sus herramientas, como los medios de producción, la prensa, los uniformados, etc". Para él, que es autor de la saga best-seller de divulgación histórica Historia secreta de Chile, el dictador también fue "un símbolo hiperbólico de la manera en que se han resuelto los problemas sociales en nuestro país" y eso dice "es lo que estamos demoliendo hoy". Reflexiona que el modelo histórico de administración de la sociedad chilena "considera la efervescencia social como un problema que hay que aplastar y no como un síntoma que hay que atender".

Desde el estallido social de octubre de 2019, los debates en torno a los derechos humanos son una parte relevante de la agenda política chilena. Las protestas dejaron más de 30 personas muertas, más de 400 con lesiones oculares y miles de heridos. Ante esta realidad, la Convención Constitucional puso énfasis en el enfoque de derechos humanos desde sus inicios gracias a la composición final del órgano. La mayoría de los representantes elegidos en mayo fueron independientes de perfiles muy diversos desde abogados hasta activistas ambientales o participantes de las protestas sociales de 2019 y militantes de los partidos de izquierda.

Para las víctimas, tanto de los atropellos ocurridos durante la dictadura como en el estallido, la Convención tiene que ser un espacio que dé lugar a la reparación de estas vulneraciones cometidas por el Estado. "No puedo asegurar que la nueva Constitución salga como hemos exigido y tenemos el derecho, pero sí tengo la convicción que será democrática y que estará bajo el irrestricto respeto y defensa de los derechos humanos porque la mayoría de los constituyentes están por ello", señala la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira.

Para Nash, "el proceso de deliberación constitucional puede ser un espacio de reparación y sanación para el país". En este sentido, considera que las violaciones que han sufrido pueblos y naciones originarias durante siglos, la represión contra los movimientos de trabajadores, la violencia de la dictadura y postdictadura y lo que se vivió desde octubre de 2019 en adelante "debe ser parte de la realidad de la que se va a tener que hacer cargo una nueva Constitución basada en derechos humanos".

El constituyente Jorge Baradit asegura que eso "se está intentando" y que, aunque aún no se sabe cómo será el texto definitivo, "lo que sí sabemos es que su redacción está considerando el criterio de derechos humanos para cada artículo o inciso que se escribe". Según explica, "no será un apartado o un artículo en particular, sino que toda la nueva Constitución estará escrita bajo estos criterios, junto a otros, como la paridad, la descentralización, el respeto a los pueblos originarios, la diversidad y la inclusión".

“Una oportunidad para las deudas históricas”

Pocos días antes de inicio de las masivas manifestaciones de 2019, Piñera había dicho que Chile es "un verdadero oasis" dentro de una "América Latina convulsionada" en materia política. Pronto se desplomó esa idea y las protestas se tomaron el país con fuerza durante cinco meses, prácticamente, hasta la llegada de la pandemia. La salida política para encauzar las protestas fue la convocatoria del plebiscito constitucional.

Un anuncio que la mayoría de la ciudadanía interpretó como una oportunidad para las transformaciones en materia de salud, educación o pensiones que el país venía reclamando por años. La verdad, justicia y reparación de las atrocidades cometidas por el Estado no quedó al margen de eso.

Hoy el proceso constituyente representa una "oportunidad", dice Claudio Nash, para asumir "los déficits y deudas históricas" en esta materia. "No podemos volver a fallar como generación y tener un tercer período de crisis de derechos humanos. Con los dos vividos es más que suficiente", concluye.