María Eleonora Urrutia es la elegida por el ultraderechista Javier Milei para encarar la transición de Gobierno en Argentina en el área de Educación. Como se sabe, el ámbito educativo quedará abarcado dentro de un megaministerio de nombre empresarial: Capital Humano, donde se incluirán también Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Sandra Pettovello estará a cargo de este ministerio y todo apunta a que Urrutia sería, como secretaria, la máxima autoridad educativa del país.

Nacida en la ciudad argentina de Mendoza y como buena parte de la población originaria de la región de Cuyo, tiene relación con Chile. En su caso, de tipo familiar. Está casada con Hernán Büchi, quien fue ministro de Economía en Chile entre 1985 y 1989, durante la dictadura de Augusto Pinochet, y candidato en las presidenciales de ese último año.

Urrutia es abogada y está vinculada a la Universidad del Desarrollo en Chile (UDD). La UDD nació en 1990 y es de ideología neoliberal. La secretaria tiene, además, un máster en Economía y Ciencia Política en la ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Este es el instituto universitario creado en 1978 por Alberto Benegas Lynch, el "alto cargo del liberalismo" según Javier Milei. Lynch sería, pues, el nexo entre Milei y Urrutia.

En defensa de la dictadura

Urrutia ha mostrado una postura abiertamente negacionista respecto al terrorismo de Estado en la última dictadura militar. La revista chilena El Líbero publicó en 2018 un artículo firmado por ella con motivo del 42° aniversario del asalto al poder.

"La pacífica sublevación militar que destituyó al gobierno de Isabelita gozó de un apoyo irrestricto de parte de todos los partidos políticos, personalidades y estamentos de la sociedad civil de todas las ideologías", escribió en su artículo. Conviene precisar que el golpe militar no fue cruento en cuanto al desalojo del gobierno constitucional: apenas se desvió el rumbo del helicóptero que llevaba a María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, las formas se agotaron inmediatamente y comenzó una represión que dejó 30.000 desaparecidos.

"Durante los días previos al golpe de Estado del 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el pedido de cambio de gobierno", sañala en su texto  mientras cita declaraciones de dirigentes en favor del golpe, como si eso lo justificara. Más adelante se explaya acerca de la teoría de los dos demonios respecto de una "guerra interna".

Cuando llega a la reapertura de los juicios por los delitos cometidos en el período de la dictadura, dice lo que sigue: "Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de Argentina decide reimpulsar estos juicios – por venganza, por armar un relato, por un acuerdo con la extrema izquierda, da igual. El hecho es que estos juicios que estaban cerrados, con el problema solucionado desde punto de vista legal, institucional y constitucional, y que habían pacificado al país –con tensiones, pero ningún país sale de una guerra civil sin tensiones– se vuelven a abrir".

Urrutia llega al extremo de afirmar que durante la dictadura no se cometieron delitos de lesa humanidad, "porque no había leyes vigentes en el momento de los hechos que contemplaran el crimen de lesa humanidad". En rigor, puede referirse al derecho interno argentino, que adoptó los tratados internacionales con rango constitucional en la reforma de 1994. Pero en los hechos, ya había jurisprudencia en la materia desde el fin de la Segunda Guerra para referirse a los crímenes del nazismo. Para entonces, y en base a la lucha contra la impunidad turca en la masacre de armenios de 1915 a 1923, Raphael Lemkin ya había acuñado el término "genocidio".

La funcionaria mileista considera que en los años 70 hubo "un ataque deliberado y sistemático a Montoneros, al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y a organizaciones de menor envergadura" sin considerar a la población civil, y que "ese ataque estuvo mal llevado, con irregularidades graves, con procedimientos inaceptables" que no constituyen delitos de lesa humanidad "porque no fue un ataque a población civil, sino a población combatiente".

"Aborrecible revancha"

La nueva secretaria argentina en materia de educación también ha afirmado que "el gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional cometió errores y horrores en el marco de la guerra civil desatada por el terrorismo marxista, pero en absoluto estos fueron en la proporción ni en la dimensión que pretenden atribuirles sus enemigos".

No habla de dictadura, niega la magnitud del horror y desprecia los avances jurídicos en base a "que debe prevalecer la norma que le resulte más benigna (se refiere al reo), como también que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo crimen y el de la irretroactividad de las leyes". Todo en defensa de quienes violentaron el orden jurídico, y que ahora, según ella, sufren "la paradoja de convertir esa categoría de delitos de indudable progreso humanitario en mero instrumento de persecución ideológica, de arbitraria discriminación y hasta de aborrecible revancha".

Sobre la base del apoyo civil menciona a embajadores de origen político como "el radical Héctor Hidalgo Solá" en Venezuela, sin aclarar que el diplomático está desaparecido. Y añade esto: "Asimismo, el Partido Comunista (PC) emitió proclamas de apoyo al Gobierno y ésta fue la primera gestión cívico-militar que no prohibió ni declaró ilegal al polémico partido". Tan cierto como la postura del PC hacia Videla (al que no consideraban un general del ala dura) es el hecho de que no se permitía la actividad política de ningún partido político durante la "gestión cívico-militar" y que también hay desaparecidos del "polémico partido".

El artículo se titula La verdad oficial sobre la última dictadura militar argentina y parece dudoso que haya sido Urrutia quien usara la expresión "dictadura militar", en un texto en el que no aparece la palabra "dictadura" y en el que habla de "la gestión del presidente Videla". La edición no hubiera impedido que se tratara de una pieza negacionista de punta a punta.