Todavía con la resaca de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, llega al Congreso de los Diputados el debate de la Ley de Seguridad Ciudadana, un proyecto legislativo que ha logrado concitar el rotundo rechazo tanto de la sociedad civil, así como de sindicatos policiales y de la inmensa mayoría de la oposición parlamentario, que ha utilizado calificativos como 'ley mordaza', 'de patada en la boca' o, incluso, de retorno a la ley franquista de 1959, al considerar que limita los derechos fundamentales de manifestación y expresión de los ciudadanos y da potestad a Interior para multar 'libremente' en las manifestaciones sin respetar las garantías jurídicas de los ciudadanos.

La polémica ley llega al Congreso tras su obligado paso por la Comisión de Interior donde ha sufrido 50 enmiendas, de las 270 propuestas, aunque ninguna de ellas ha conseguido atemperar los ánimos de quienes denuncian que supone incluir en la legislación española 'la vulneración sistemática de derechos fundamentales'. Muy al contrario, las enmiendas incluidas han elevado el número de detractores de la misma al incluir un nuevo artículo que, en la práctica, legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

De esta manera, las multas de 600 a 30.000 euros por tratar de impedir un desahucio, por no identificarse ante un agente de policía, por desobedecer a un agente de policía o por difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a un manifestante, pueden convertirse en habituales a principios de 2015, cuando se prevé que la ley sea finalmente aprobada tras el trámite de hoy en el Congreso y del Senado más adelante.

'Esta Ley retoma algunos aspectos de la Ley de Orden Público de 1959 que impuso el franquismo. Otorga la potestad sancionadora a Interior y se la arrebata a los jueces y, por tanto, otorga a la autoridad una capacidad de intimidación muy importante frente a los ciudadanos ya que antes incluso de acudir a instancias judiciales, la Administración puede sancionar económicamente e, incluso, embargar los bienes de los ciudadanos para satisfacer la multa', denuncia en declaraciones a Público Antonio Trevín, portavoz del PSOE en la Comisión de Interior.

La multa por desobedecer a un agente oscilará entre los 600 y los 30.000 euros

 El espíritu franquista de la ley, que denuncia Trevín, coincide con el carácter 'no democrático' que le achaca Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Interior. Sixto encuentra el origen de esta ley en las derrotas judiciales que han ido cosechando en los últimos años las autoridades, sobre todo desde la implosión del movimiento 15M, en los juicios de faltas por desórdenes o desacato. 'Las acusaciones de los policías a ciudadanos por desórdenes o desacato no se sostenían en los tribunales por lo que ahora el Gobierno quiere evitar que puedan actuar los tribunales', denuncia Sixto.

Esta finalidad de la Ley también es compartida por el abogado Eric Sanz de Bremond, que colabora activamente con Legal Sol, el brazo jurídico del 15M. El letrado apunta que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene que ser analizada junto con la reforma del Código Penal, también emprendida por el Partido Popular. 'Lo que hasta ahora era considerado como una falta y tenía que resolverse por un juicio de faltas, con las garantías del derecho penal, ahora pasarán a ser sanciones administrativas, que tiene una regulación mucho menos garantista y que incluye la presunción de veracidad del funcionario policial. Por lo que si un policía ratifica su testimonio, el ciudadano será sancionado', explica el abogado.

La explicación de Sanz de Bremond se entiende mejor con ejemplos prácticas. Concretamente, el abogado pone tres casos: la ocupación de los 21 del Sareb , la acusación del BBVA a los manifestantes en un desahucio y el caso de las doce del patíbulo. Todos estos procesos concluyeron en un juicio de faltas y los jueces concluyeron que los acusados debían ser absueltos. 'Con esta reforma, estas acciones terminarán, presumiblemente, con una sanción administrativa, es decir, una multa a los acusados', sentencia el letrado.

Policías denuncian que la Ley no facilita la labor policial

Pero si alguien cree que sólo manifestantes y partidos políticos más o menos progresistas están en contra de esta ley se equivoca. También el Sindicato Unificado de Policía se ha posicionado en contra de esta ley. Javier Estévez, portavoz del sindicato policial, ha señalado a este medio que 'no es el momento más oportuno para la reforma' ya que la sociedad está atravesando 'claros tiempos de conflicto socio-político-económico, que se agrava cuando la ley no cuenta con el necesario consenso social ni político'.

Asimismo, Estévez denuncia que la ley no otorga 'mayores garantías al trabajo policial' debido a la indeterminación y la poca concreción de la misma. 'Ni facilita la labor policial ni el entendimiento de esta por los ciudadanos', denuncia Estévez, que lamenta que el Gobierno haya ninguneado a las organizaciones sindicales policiales al no haber contado con ellos para su redacción.

Si ya el texto original del proyecto de ley levantó las críticas de sociedad civil y oposición, la disposición adicional introducida como enmienda a propuesta del Partido Popular y que legaliza las devoluciones en caliente no ha hecho más que encrespar los ánimos contra esta Ley y contra el Gobierno que la promueve.

Concretamente, la disposición añadida contempla que 'los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España'.

La reconocida ONG Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente estas prácticas ilegales y, ahora, la legalización de esta práctica a través de la Ley de Seguridad Ciudadana.  María Serrano, portavoz de la ONG, denuncia que el Partido Popular ha aprovechado la tramitación de esta ley para cambiar de forma encubierta la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones en caliente. 'Priva a los migrantes del derecho al asilo y elimina las garantías que podían tener como el derecho a un recurso efectivo y el derecho a tener un abogado', denuncia Serrano.