Los abogados de la Infanta Cristina, Miquel Roca y Jesús María Silva, han aludido a la 'doctrina Botín' en su escrito presentado en los juzgados para pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, que está imputada en el 'caso Nóos' por dos presuntos delitos fiscales, y ven 'jurídicamente inadmisible' que pueda sentarse en el banquillo.

La defensa de la infanta considera que la situación de doña Cristina en el caso de corrupción no es sustancialmente distinta de la que tuvo lugar cuando el Tribunal Supremo estableció la citada doctrina, por lo que cabe esgrimirla como precedente para pedir que se archive el caso para ella.

Los abogados de Cristina de Borbón apelan a dicha doctrina para pedir el sobreseimiento de las actuaciones contra ella al juez José Castro, según figura en el escrito que registraron este miércoles, al día siguiente de que las partes acusadoras entregaran sus conclusiones determinando a quién acusan, de qué delitos y qué penas piden en el marco del caso Nóos, y de que solo el sindicato Manos Limpias haya mantenido la acusación contra la infanta y le pida 8 años de cárcel.

'Yerra, pues, y mucho ,la opinión, sostenida en los medios de comunicación y algunos medios jurídicos, de que el caso concurrente en el presente procedimiento es distinto del planteado en la STS 1045/2007, de modo que ésta no podría esgrimirse como precedente aquí', aseguran los abogados de la infanta en su escrito, en relación con la doctrina Botín.

Según los abogados, 'la realidad es tozuda e indica que uno y otro caso no son sustancialmente distintos'.

Los letrados piden al juez Castro que archive la causa para doña Cristina y no abra juicio oral contra ella, 'en estricta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la jurisprudencia mayor y menor que lo interpreta', incluida la doctrina Botín, y porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la acusan y ambos piden el sobreseimiento.

Los abogados también alegan que el sobreseimiento en base a este artículo no tiene por qué aplicarse sobre la totalidad de la causa, 'sino que puede perfectamente abarcar un sobreseimiento parcial de dicha causa con respecto a un interviniente particular'.

Consideran, además, que la interpretación literal del mismo es 'la más acorde en términos de garantías constitucionales y,concretamente con el derecho a un proceso con todas las garantías consagrado en el artículo 24 de la Constitución', que hace referencia a que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva.